Brasil: Gobierno prepara proyecto de ley para prohibir la operación estándar

A petición de Dilma Rousseff, la Fiscalía General prepara proyecto para estandarizar las paradas de los empleados federales

Irritado por las tácticas adoptadas por los funcionarios públicos en huelga, la presidenta Dilma Rousseff ha chancelou los primeros puntos de un proyecto de ley para regular los paros. En la versión ordenó al Ministro Luís Inácio Adams, el Fiscal General (AGU), el registro de la "operación normal" será prohibido.

Ernesto Rodrigues / AEFilas causados ??por operación estándar CumbicaÀ celebrada en agosto frente a los estudios para el diseño de la nueva ley, Adams dijo al afirmar que la nueva ley debería prohibir las horas en que los huelguistas van a trabajar y llevar a cabo sus funciones a fondo, lo que retrasa la prestación de servicios tales como el despacho aduanero de las mercancías y los pasaportes corrientes en los aeropuertos.

Además, Adams dijo áreas servidores consideran esenciales, tales como el Sistema Único de Salud médica (SUS) o empleados de las elecciones del período electoral, deben tener el derecho de huelga es negado. El punto de corte también se permitirá, así como la sustitución de los empleados federales en huelga a los empleados públicos de los estados y municipios.

Además de la AGU, los técnicos de los ministerios de Planificación, Trabajo y Casa Civil están involucrados en la discusión del proyecto en Brasilia. La pregunta siempre ha sido un tabú para el gobierno federal - la Constitución de 1988 prevé la ley, la cual, sin embargo, nunca fue creado.

"La huelga de este año mostró a todos en el gobierno de la urgencia de una ley específica para los servidores. Esta es nuestra agenda a corto plazo", dijo Adams, uno de los Dilma confianza técnica importante. Adams ha participado activamente en la elaboración de los recientes paquetes de estímulo económico legales y concesiones para proyectos de infraestructura por país

El Abogado General de la Unión caracterizada como "injusta" e "ilegal" la práctica de la operación estándar, y citó ejemplos de categorías que no pueden parar. "Habla a la huelga como un valor absoluto, pero no lo es. Huelga ley debería permitir que la atención médica, por ejemplo, se le niega a un ciudadano? Alguien puede morir a causa de una huelga, o en caso de Brasil que sin elecciones 's simple: no hay servidores que no se puede parar", dijo.

De acuerdo con las estimaciones de los sindicatos, más de 250.000 trabajadores federales pasaron a engrosar las huelgas este año - casi un tercio del total de 1,1 millones empleados en servicio activo.

"Una cosa es paralizar su trabajo para presionar al empleador, otra cosa es hacer una huelga en un proceso de parálisis del Estado y los servicios esenciales para los ciudadanos", dijo Adams, quien fue uno de los protagonistas de agravación entre el gobierno federal y los sindicatos servidores entre junio y agosto.

En el punto álgido de la huelga, en julio, la AGU presentó una solicitud ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ) garantizar que al menos el 80% de los servidores de Elecciones mantener los horarios normales de oficina.

Límites. En ausencia de una ley específica, el gobierno, desde 2009, gestiona la relación con los servidores a través de la ley que regula los límites establecidos para los trabajadores del sector privado, anclado en la comprensión de la Corte Suprema de Justicia (STF). "La idea de equiparar las leyes han servido para asegurar que no hay anomia, es decir, no hay estándares", dijo Adams.

El gobierno aún está evaluando si el marco legal de las huelgas de servicios públicos federales serán enviados a través de un proyecto de ley por el presidente Dilma Rousseff o uno de varios proyectos que tienen que ver con el tema y son dejados de lado en el Congreso puede adaptarse.

Uno de los últimos, presentado por el Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) establece que un máximo del 50% de los servidores pueden cruzar los brazos para exigir mayores salarios y servicios considerados esenciales por el tucán, sólo el 20% se puede detener de trabajo. El proyecto Nunes Ferreira está de pie en la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa del Senado, cuyo presidente es el senador Paulo Paim (PT-RS)

(Publicado por El Estadão - Brasil, 6 septiembre 2012)
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