jueves, 23 de fevereiro de 2012


Demanda

Perú: Corte de DD.HH. admite demanda contra estado por toma militar a embajada Japonesa el 97

Tribunal otorga tres meses de plazo al Estado peruano para que responda y dos meses a los demandantes para que presenten sus solicitudes, argumentos y pruebas.

La Corte Interamericana de San José de Costa Rica admitió la demanda presentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado peruano por presuntas ejecuciones extrajudiciales que se dieron al término del operativo, Chavín de Huántar, de rescate de rehenes de la residencia japonesa en 1997.

De esta manera, el tribunal penal internacional acogió el informe, en su forma y fondo, presentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado del Perú por el caso de Eduardo Cruz Sánchez (a) Tito y otros dos emerretistas, cuyos familiares señalan que fueron ejecutados cuando ya habían sido capturados.

La Corte notificó ayer a ambas partes de esta resolución y les dio plazo para que respondan. Al Estado peruano le otorga tres meses como mínimo para que responda y presente sus argumentos de defensa. A la familia de los emerretistas victimados, asesorada por la Asociación Pro Derechos Humanos, le concede dos meses de plazo para presentar sus solicitudes, argumentos y pruebas.

Hizo conocer además que antes de tomar esta decisión el presidente de la Corte en ejercicio para esta causa, el juez Manuel E. Ventura Robles, evaluó la documentación remitida por la CIDH sobre el caso Cruz Sánchez y otros.

Estrategia

La República tuvo conocimiento que el nuevo agente del Perú ante la Corte Interamericana por el caso Chavín de Huántar, Pedro Cateriano, aducirá, en su defensa, que aún no se ha concluido en el fuero interno el proceso por ejecuciones extrajudiciales de ese mismo caso que se sigue contra Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga.

El procurador Supranacional en Derechos Humanos, Luis Alberto Salgado, explicó a La República que la Sala Penal Especial donde se ventila este proceso está trabajando en forma acelerada.

Al respecto, el presidente del Poder Judicial, César San Martín, adelantó que se dictará sentencia en junio.

A manera de justificación por la demora en este proceso, lo que ha sido un argumento para esta demanda contra el Estado peruano, San Martín refirió que "es un caso muy complejo que tiene 152 testigos y miles de miles de folios".

Refirió que en su mandato ha procurado que este proceso se resuelva con celeridad.

San Martín reiteró sus cuestionamientos a las decisiones excesivas de la CIDH.

"La CIDH plantea demandas de manera constante, pese a que hemos explicado los temas, a que hay una democracia vigente y un proceso de reparaciones en trámite", anotó

(Publicado por La República – Perú, 23 febrero 2012)

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