España: Reforma exprés de la Constitución, en menos de un mes y sin referéndum

Lo que había resultado imposible durante siete años —poner de acuerdo a PSOE y PP en una reforma constitucional— se ventiló el miércoles en el Congreso, por sorpresa y en diez minutos: los que tardó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en ofrecerla y Mariano Rajoy, líder del PP, en aceptarla. Pero la modificación —el primer acuerdo de calado para tocar la Constitución desde 1978— ya no será para establecer la igualdad de hombre y mujer en el acceso a la Corona, reformar el Senado, nombrar a las comunidades autónomas y mencionar la Constitución Europea, que era la propuesta con la que Zapatero llegó al poder en 2004. Será para poner un corsé permanente al gasto público en España: la "estabilidad presupuestaria" quedará fijada por mandato constitucional. La vicepresidenta Elena Salgado aclaró que el límite que se impondrá será "muy cercano a cero" a partir de 2018-2020.

Se trata del último anuncio de Zapatero para calmar a los mercados, al Banco Central Europeo y al eje franco-alemán con el objetivo de salvar a España de una intervención, según fuentes socialistas. Las mismas que aseguraron que el anuncio inesperado de Zapatero cayo como un jarro de agua fría en buena parte del grupo parlamentario y en el propio candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, quien aceptó a regañadientes una medida excepcional que se había descartado, por conservadora, hace solo una semana.

La reforma, sobre la que PSOE y PP ya trabajan contra reloj, será aprobada por vía de urgencia —sin referéndum— para que esté lista antes de que las Cortes se disuelvan el 27 de septiembre. Según dijo Zapatero, aunque se apruebe ahora no entraría en vigor hasta "2018 o 2020"; a partir de entonces, "todas las Administraciones" —central, autonómica y local— tendrían prohibido por la Constitución gastar más de lo que ingresan. Eso supone un límite estricto y sin precedentes al gasto público en España.

El presidente soltó la bomba a mitad de su discurso en el pleno extraordinario al que habían sido convocados los grupos para otra cosa (aprobar un nuevo paquete de medidas anticrisis). Tras felicitarse por haber iniciado "antes que el resto de países europeos" un duro plan de recortes contra el déficit, Zapatero anunció: "Como entiendo que esta es una decisión estructural y no coyuntural, muy mayoritariamente asumida por la sociedad española y por sus representantes, deberíamos estar en condiciones de trasladarla a nuestra Constitución, como otras grandes economías europeas".

"Se trataría", explicó Zapatero, "de establecer una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo". Él, contó, ya lo había consultado con Mariano Rajoy y con Rubalcaba. Tras constatar que hay acuerdo, la reforma, dijo, debe ser "aprobada de inmediato".

El líder del PP recogió el guante: mostró su total disposición a pactar la reforma y recordó, además, que eso ya lo había propuesto él hace un año y que se había ganado las "chanzas" de Rubalcaba. "Habría que haberlo hecho antes. Nos hubiéramos evitado muchos problemas", afirmó, entre los aplausos de su bancada.

Zapatero reconoció, ya casi al final del debate, que la propuesta de reforma constitucional respondía a "un creciente consenso en las instituciones europeas". La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolás Sarkozy, habían sugerido hace solo una semana que las constituciones de los países miembros de la Unión deberían incorporar un compromiso de disciplina fiscal.

El único país que lo tiene ya es Alemania, que en 2009 incluyó en su Constitución un artículo para forzar el equilibrio presupuestario. Ese artículo —el 109— exige que, a partir de 2016, el déficit estructural del Estado no supere el 0,35% del PIB. Permite excepciones: en casos de catástrofes naturales o recesiones graves (como sería el caso actual). Los länder tienen de plazo hasta 2020.

Enviar vídeoEse precepto es el que se quiere extender, antes del otoño de 2012, a los 17 países de la eurozona; aunque ni Sarkozy ni Merkel concretaron las sanciones que llevaría acarreado el incumplimiento. Porque ¿qué ocurre si se incumple esa norma constitucional? Pues puede que nada. De hecho, el Pacto de Estabilidad, contenido en el Tratado de la Unión desde 1997, limita al 3% del PIB el déficit máximo de los Estados y ha sido incumplido por la práctica totalidad de los países sin ninguna consecuencia práctica.

La primera y hasta ahora única reforma de la Constitución española se produjo en 1992: lo dictaminó el Tribunal Constitucional para adaptarse al tratado de Maastrich, introduciendo el derecho de los extranjeros al sufragio pasivo (el derecho a ser elegidos) en elecciones municipales. También entonces fue por vía de urgencia: se aprobó en 23 días.

La que quedó en papel mojado fue la propuesta de reforma en cuatro puntos que Zapatero presentó en 2004. Había un amplio consenso de los partidos para modificar la Constitución e introducir, especialmente, la igualdad de hombre y mujer en el acceso a la Corona; pero, ante la amenaza de que la rendija abierta para cambiar esos cuatro puntos acabase abriendo en canal el melón constitucional y derivase en un debate sobre la monarquía, PSOE y PP decidieron guardarla en un cajón.

Ayer, solo Rosa Díez (UPyD) aprovechó el anuncio de Zapatero para recordar que ella tiene "una lista" de propuestas de reforma de la Constitución. La mayoría de los grupos reaccionó con estupefacción. Josu Erkoreka (PNV) se mostró contrario a "petrificar la apuesta por la estabilidad"; Ana Oramas (Coalición Canaria) exclamó: "¡No es serio! Venimos a hablar de un real decreto y nos trae una reforma constitucional". Y Núria Buenaventura (IU-ICV), tras rechazar las formas, fue al fondo: "Supondrá amputar el Estado del bienestar". Josep Antoni Duran Lleida (CiU) compartió "el espíritu" de la propuesta.

El presidente Zapatero terminó haciendo una confesión —"todos sabemos que esto [la reforma constitucional] no va a arreglar el desempleo ni la crisis, pero es un buen camino"— y una petición: "Hagámoslo con naturalidad".

Sindicatos

Consagrar en la Constitución el déficit cero es algo que a los sindicatos les produce urticaria. UGT y Comisiones Obreras ya mostraron el mismo martes su oposición frontal a la propuesta del presidente del Gobierno. Y hoy han amenazado, en un comunicado conjunto, con movilizaciones urgentes si la iniciativa sale adelante sin una consulta popular. "CC OO y UGT van a estudiar, con la máxima urgencia y en coordinación con otras organizaciones sociales, medidas de movilización social", advierten los sindicatos mayoritarios, "para que los trabajadores y la ciudadanía puedan expresar su rechazo a esta reforma constitucional y exigir la celebración de un referéndum sobre la misma".

Los sindicatos no se oponen a la búsqueda del equilibrio en las cuentas públicas. No obstante, y siguiendo el argumentario de la teoría económica keynesiana, defienden que los Gobiernos puedan recurrir al aumento del gasto público durante las crisis para compensar así la caída de la demanda privada, crear empleo y aumentar la protección social. Esto explica que se opongan con contundencia a la propuesta de Zapatero, emanada de una visión ortodoxa y conservadora de la economía. De hecho, es la canciller conservadora alemana, Angela Merkel, la principal defensora de esta medida en Europa, impulsando una iniciativa que ella ya ha aprobado en su país.

En esta línea, ambas centrales explican: "La propuesta anula o limita la capacidad de actuación de los gobiernos con políticas fiscales adecuadas a las diferentes fases del ciclo económico. Conlleva también un grave riesgo para el mantenimiento de las prestaciones e instituciones básicas del Estado de Bienestar. Supone la constitucionalización de una de las señas de identidad de las políticas conservadoras y neoliberales".

Tampoco gusta a los sindicatos que PSOE y PP traten de sacar adelante la propuesta con rapidez y sin un referéndum. De ahí que se muestren dispuestos a movilizarse "con la máxima urgencia".

La propuesta que socialistas y populares negocian estos días llega una semana después de que los líderes sindicales y patronal se reunieran con el presidente del Gobierno en La Moncloa, donde el primero les pidió moderación salarial para los próximos años como una herramienta para combatir la crisis. UGT y CCOO respondieron que estaban dispuestos a recoger el guante si, a cambio, se aplicaban políticas que supongan "un justo reparto de las cargas de la crisis y un permanente rigor en el uso del gasto público", algo que, en su opinión, no se compadece con el déficit cero en la Constitución.

Empresarios

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación de Empresarios de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme) también se han manifestado sobre la reforma constitucional, mostrando su "completo apoyo", según informa Europa Press. Las dos patronales han enviado un comunicado en el que destacan que con esta medida se garantiza una "situación permanente" de solvencia en las cuentas públicas españolas a todos los niveles.

En opinión de los empresarios, la estabilidad presupuestaria da credibilidad a las finanzas públicas, un requisito "indispensable" para la buena marcha de la economía. Una medida como la que pretende aprobar el Gobierno "crea las condiciones de estabilidad que se precisan para crecer y crear prosperidad y empleo". En cambio, según destacan en su escrito, "sin estabilidad se crea incertidumbre sobre el futuro y volatilidad de los mercados financieros, frenando la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo".

Además, las patronales destacan que la importancia de la medida todavía se hace más trascendente porque la moneda de España es el euro. Tanto CEOE como Cepyme subrayan que, debido a que la pertenencia a la Unión Monetaria, la propuesta del Gobierno es "aún más imprescindible". En este sentido, alaban "los esfuerzos" de las principales fuerzas políticas para reformar la Constitución, algo que reforzaría, según sus propias palabras, la credibilidad de la economía española y ayudaría a salir antes de la crisis. Los empresarios desean que las negociaciones lleguen "a buen puerto" lo antes posible.

(Publicado por el País – España, 25 agosto 2011)
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