Atención sanitaria para los migrantes desde el primer minuto, sin necesidad de empadronamiento y con los medicamentos subvencionados. El texto del decreto ley para recuperar la sanidad universal que el ministerio que dirige Carmen Montón ha enviado a las autonomías no solo desvincula la sanidad pública de la necesidad de ser el titular de una tarjeta de la Seguridad Social (algo que en España solo se puede conseguir con contrato de trabajo), sino que ni siquiera pone como requisito el empadronamiento. Las comunidades establecerán qué documentación se exige, según el borrador al que ha tenido acceso este diario.
En abril de 2012, un decreto ley del Gobierno de Mariano Rajoy dejó sin asistencia sanitaria a los migrantes en situación irregular. Además, la ley de extranjería establece un periodo de “permiso temporal” de hasta 90 días para los inmigrantes, en los que muchos derechos no les corresponden. Ese tiempo se fijaba con la idea de distinguir entre viajeros y aquellos que pensaban instalarse en el país. El borrador del decreto ley cambia de arriba abajo las reglas de juego: ese periodo se podrá reducir o eliminar si las comunidades así lo deciden, de manera que la recuperada sanidad universal se les podrá aplicar desde el primer momento. “Un inmigrante podrá bajarse de la patera, ser atendido por los Servicios Sociales e ir directo al centro de salud”, explicaron ayer fuentes de Sanidad.
El paso intermedio, la atención por los servicios sociales es la clave: es el momento en que los funcionarios de la comunidad podrán acreditarle como acreedor de la atención sanitaria, pero no tiene por qué ser superior a lo que se tarde en expedir un carné u otro documento.
La mayoría de las comunidades ya tienen sus propios sistemas para que sus residentes en situación irregular sean atendidos, más allá de los servicios ya fijados para menores, embarazadas y urgencias. Pero en muchos casos también se les pide un periodo de residencia. Esa condición ahora desaparecería. Eso sí, para asegurar una coordinación, “las comunidades autónomas deberán comunicar al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, mediante el procedimiento que se determine, los documentos certificativos que se expidan en aplicación de lo previsto en este artículo”.
Uno de los problemas que se mantienen, sin embargo, es el de los traslados. La persona que tenga uno de esos documentos (por ejemplo, un carné de los servicios sociales) emitido por una comunidad, no podrá utilizarlo en otra. Claro que este problema no es exclusivo de los extranjeros en situación irregular. Tampoco las personas que cumplen actualmente todos los requisitos para tener una tarjeta sanitaria pueden viajar con ella a otras comunidades, ya que los sistemas informáticos de historias clínicas y recetas no están conectados.
El decreto ley, sin embargo, no es una oferta de servicios sin control. “Queremos evitar el turismo sanitario”, insisten fuentes del departamento, en referencia a la situación creada por extranjeros que venían a España a recibir atención aprovechándose de las facilidades que daba el sistema.
(Publicado por El País, Jul 17, 2018)
_____________________________