Argentina y Brasil acordaron un modelo de convenio que está próximo a formalizarse y que permitirá incorporar a las causas en la justicia federal vinculadas a Odebrecht, las declaraciones de los imputados en Brasil y la prueba documental.
Así lo confirmaron fuentes judiciales y añadieron que el primer acuerdo que se firmará es el de la causa sobre el Soterramiento del Tren Sarmiento. En este caso se hará a firma del fiscal del expediente que es Franco Picardi ya que se realiza entre los ministerios públicos fiscales de ambos Países.
El viernes pasado según informó la Procuración, tras un nuevo encuentro de la mesa de trabajo interinstitucional y que analiza la posibilidad de suscribir un acuerdo de cooperación con el Ministerio Público Fiscal de Brasil, para acceder a información vinculada con los casos "Lava Jato y Odebrecht" del país vecino, se acordó "el borrador final del mismo que debe contar con el aval de Brasil", explicaron a este diario fuentes oficiales.
De esta mesa de trabajo vienen participando representantes del Ministerio Público Fiscal, la Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación
En esta oportunidad los funcionarios de la Procuración General de la Nación indicaron que se retomaron las conversaciones oficiosas con las autoridades del Ministerio Público Fiscal de Brasil, que permitirían continuar algunos de los compromisos proyectados anteriormente.
Tras el acuerdo sobre este borrador final, se avanzará en la formalización del primer convenio cuya firma requerida será la del fiscal de la causa en Argentina. Como el primer convenio a firmar será el del Soterramiento del Tren Sarmiento, el fiscal Franco Picardi será quien firme.
Esto posibilitará que en esta causa -como en las demás a medida que se avance con los convenios-, se incorpore la declaración de los imputados por la Justicia brasileña que se acogieron a la delación premiada y asimismo, se sumará a los expedientes en Comodoro Py la prueba documental que respalda dichas declaraciones.
El compromiso en el marco de esta mesa de trabajo es no utilizar la información voluntariamente aportada por los colaboradores en Brasil en su contra, en las causas que tramitan en la Argentina.
En el marco del Lava Jato, los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos contratos de obra pública.
Es sólo una porción de los más de US$ 700 mlls. que pagaron en otros once países para obtener obras.
En ese contexto, en Comodoro hay tres causas sobre licitaciones adjudicadas a la constructora brasileña, sospechadas de irregularidades administrativas, sobreprecios y pago de sobornos.
La obra del soterramiento que investiga Martínez De Giorgi, cotizada en US$ 3.000 mlls., fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Calcaterra), Ghella y ComSa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio del año pasado la brasileña se fue de la obra.
La Procuración de la Argentina señaló que aún restan definir detalles, para que Brasil envíe evidencias sobre el capítulo argentino del Lava Jato, pero todo sucederá en cuestión de días.
Formalidades
El envío de la información depende ahora de cuestiones formales que deben completarse en la Argentina. Pero el Ministerio Público Federal (MPF) brasileño ya lo da por descontado. Tanto, que subió un comunicado oficial a su página de Internet para informar que "la Argentina selló un acuerdo con el MPF y podrá utilizar las delaciones recibidas en Brasil en el ámbito de la operación Lava Jato".
Lo que significa que los fiscales argentinos podrán acceder a todo lo que confesaron Marcelo Odebrecht y algunos de sus principales lugartenientes, como Luiz Antonio Mameri y Marcio Faria, sobre las coimas por al menos US$ 59 mlls. que los brasileños pagaron en los proyectos para soterrar el tren Sarmiento, extender las redes troncales de gasoductos o construir una planta potabilizadora de agua para AYSA en Paraná de las Palmas.
"Los tribunales del país vecino podrán usar las pruebas brasileñas para acusar a ex funcionarios involucrados en irregularidades", precisó el MPF en su comunicado, en el que detalló que "la Argentina se resistía a conceder la inmunidad a los delatores [brasileños] a cambio de la información, pero ese punto fue superado gracias a las gestiones de la SCI", en alusión a la Secretaría de Cooperación Internacional del propio MPF.
Desde Buenos Aires, fueron un poco más cautos. "Estamos muy cerquita, pero falta cerrar algún detalle y completar alguna consulta", indicaron desde la Procuración General, para luego apelar a una metáfora del rugby. "Digamos que la pelota en el in-goal todavía no la apoyamos", explicaron.
De manera más formal, desde la Procuración, a cargo de Eduardo Casal de manera interina desde la salida de Alejandra Gils Carbó, también emitieron ayer un comunicado. En él precisaron que el viernes se celebró una nueva reunión con los fiscales que investigan el capítulo argentino del Lava Jato más funcionarios de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Cancillería para "avanzar en la cooperación" con Brasil.
"Debe tenerse presente que el trabajo que se viene llevando a cabo es una tarea delicada, ya que se busca garantizar que el compromiso a firmarse se adecúe a los marcos jurídicos de cada país y a los convenios internacionales que ambas partes han suscrito", precisó la Procuración argentina en su comunicado. "Al mismo tiempo se deben respetar los marcos de los acuerdos de colaboración o lenidad celebrados en Brasil, a la vez que resulta indispensable prevenir que el intercambio de información que se ofrece no impida o entorpezca otras acciones que puedan ejercerse en el país", abundó.
(Publicado por El Clarín y La Nación - Argentina, 17 julio 2018)
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