"Hoy se abre un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y la sociedad civil para devolver el derecho a la protección a la salud a todas las personas en el Estado", anunció ayer con cierta solemnidad la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Esta decisión política es de las primeras que va a poner en marcha el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nada extraño, toda vez que, desde que se suprimió la universalidad de la atención sanitaria, los dirigentes socialistas han clamado por suprimir esa norma. Pero no solo los socialistas, también otros partidos de la oposición han renegado siempre de la medida.

Esta se adoptó en plena crisis económica. El Gobierno de Mariano Rajoy la aprobó y encomendó su desarrollo a la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato.

El Ministerio de Sanidad, dirigido ahora por Carmen Montón, empezará la tarea de reponer ese derecho y se confía en que la universalidad de la sanidad será un hecho en un plazo de seis semanas, apuntó Celaá.

Así, el decreto 16/ 2012, que dejó sin asistencia integral a muchas personas sin papeles en regla, será suprimido por otro decreto. "Y se hace por decencia política y por protección de la salud, que además, es un mandato de todos los organismos internacionales, de la ONU, de la UE, de la OMS e, incluso, del Defensor del Pueblo, que expresó su resistencia cuando el real decreto fue publicado", señaló Celaá.

La exclusión de los inmigrantes irregulares de la atención sanitaria —con la excepción de menores, embarazadas y atención en urgencias— fue una de las medidas del paquete de recortes que el Gobierno del PP impulsó en 2012, al poco de llegar al poder. Aquel real decreto establecía que para tener derecho a la sanidad pública había que estar dado de alta en la Seguridad Social, algo imposible para quienes no tiene acceso a un permiso de trabajo, volviendo al modelo del franquismo que la Ley General de Sanidad de 1986 había eliminado. Con la redacción del decreto estaban afectados los sin papeles, pero también muchos extranjeros comunitarios de los que se sospechaba que aprovechaban la libre circulación dentro de la UE para beneficiarse del sistema sanitario español (el mal llamado turismo sanitario).

La memoria económica de aquel decreto calculaba que se ahorrarían, en total, 917 millones por esta medida, pero no especificaba la parte correspondiente a los extranjeros en situación irregular. Este periódico calculó con datos del padrón y de la Seguridad Social que habría unos 150.000 afectados.

Seis años después, no ha habido ningún cálculo oficial sobre si esta medida cumplió sus objetivos. Sí que hay numerosos estudios (por ejemplo, uno cuyo primer firmante es Luis Gimeno, médico de primaria del Sistema Aragonés de Salud, publicado en 2015 en BMC Public Health)que acreditan que esta población consume muchos menos recursos sanitarios (la mitad de visitas al médico, a urgencias y hospitalizaciones) que la población general, debido a que, en general, los migrantes son más jóvenes y están en mejores condiciones de salud.

Lo que sí ha habido es un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, presentado el 13 de abril en la Escuela Nacional de Sanidad, que calcula que entre 2012 y 2015 la mortalidad de la población inmigrante aumentó un 15%, lo que representa unas 70 muertes anuales. Y el estudio no diferencia entre inmigrantes regulares e irregulares, por lo que es posible que en este último colectivo la situación sea aún peor.

Aquel real decreto impactó en los extranjeros enfermos, incluso en los que tenían derecho a una atención, y organizaciones como Médicos del Mundo han recogido más de 1.000 casos de personas con enfermedades crónicas graves (cáncer, diabetes) no atendidas o a las que se intentó cobrar. También situaciones en las que recibieron facturas de embarazadas o menores a quienes se les hizo firmar una aceptación de pago cuando fueron a urgencias.

Regulación
En cualquier caso, con el tiempo, todas las comunidades han regulado sistemas para atender a esta población, independientemente del partido que la gobierna (no lo hacen Castilla y León y La Rioja). Pero esta oferta varía y el derecho se pierde si el extranjero se cambia de región. Ya Alfonso Alonso, cuando fue ministro de Sanidad (2015), anunció que se regularía la atención para unificarla, pero ni él ni su sucesora, Dolors Montserrat (la última de los Gobiernos de Rajoy), lo hicieron.

La actual ministra de Sanidad lo hizo cuando era consejera del ramo en la Comunidad Valenciana. Con esa experiencia afirmó, en la entrevista que concedió a EL PAÍS al día siguiente de su toma de posesión, que esta medida no solo no implicó un sobrecoste en su comunidad, sino que supone, en el fondo, un ahorro, ya que es mucho más caro atender a una persona cuando ya llega al hospital o a urgencias que hacerlo en los servicios de atención primaria.

¿Habrá alguna comunidad autónoma que no quiera aplicar el nuevo decreto que prepara el Gobierno socialista? Ante esta pregunta la ministra portavoz, sonrió. "Doy por seguro que eso no va a ocurrir", adelantó.

(Publicado por Agencias, 16 junio 2018)
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