La compañía dijo en la noche del martes que recibió una citación judicial para asistir a una audiencia el 16 de febrero en relación con la petición del Ministerio Público para incluir a las empresas del grupo como “sujetos investigados” en la causa.

La constructora se ha visto afectada por una serie de reveses que han hecho caer el precio de sus acciones desde fines de 2016, cuando su socia Odebrecht reconoció haber pagado a funcionarios locales 29 millones de dólares en sobornos para asegurarse lucrativos contratos de obras.

Graña reiteró que "no tiene conocimiento de que algún ejecutivo o exejecutivo haya participado en actos de corrupción" y se mostró dispuesta a colaborar con las investigaciones.

Según una ley antisoborno aprobada el año pasado, las compañías que reconozcan haber participado en corrupción o hayan sido encontradas culpables de estas prácticas no pueden postularse a nuevos contratos gubernamentales y deben cumplir con una serie de restricciones financieras.

Algunos críticos afirman que la ley -el denominado Decreto de Urgencia 003- desincentiva que las firmas ofrezcan detalles a los fiscales sobre potenciales casos de corrupción y el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció planes para sustituirla antes de su expiración el mes próximo.

El juez Richard Concepción, que aprobó los pedidos de la fiscalía para ordenar la detención preventiva de sospechosos de corrupción, citó a Graña a la audiencia del 16 de febrero, señaló la compañía.

El año pasado, el fiscal Hamilton Castro acusó a Odebrecht de pagar un soborno de 20 millones de dólares a Toledo, que se encuentra en Estados Unidos y es requerido para su arresto en Perú. El exmandatario niega los cargos

MP

El procurador del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, se mostró a favor de incluir a las exsocias de la empresa brasileña Odebrecht en los alcances del Decreto de Urgencia N° 003.

Esta fue su posición al ser consultado por los recientes cambios que hizo el Congreso a la norma elaborada por el Ejecutivo, que vence en febrero próximo.

"La propuesta (del Congreso) de fortalecer el decreto de urgencia es positiva. Creemos que, de alguna manera, es importante para la reparación civil", indicó a Gestion.pe.

Ramírez recordó que hasta el momento se ha retenido cerca de S/ 20 millones a la empresa brasileña. El dinero está contenido en el fideicomiso creado por el D.U. 003.

Al ser consultado por la posibilidad de que el Ejecutivo no prorrogue la vigencia del mencionado decreto, el procurador adelantó que aplicará las medidas coercitivas del caso para proteger el dinero retenido, pero evitó ahondar en mayores detalles.

En diciembre pasado, la Procuraduría solicitó ante el Poder Judicial incluir a las empresas Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales como terceros civilmente responsables en el marco de la investigación por la Interoceánica Sur, tramo 2 y 3.

Caso Olmos

En otro momento, Ramírez informó que en el caso del proyecto Olmos hay dos investigaciones. En la primera, que se encuentra en etapa intermedia, la Fiscalía investiga la subasta de tierras destinadas al proyecto de irrigación.

"Se ha pedido el sobreseimiento del caso. Nosotros nos hemos opuesto a eso", recalcó.

En cuanto a la otra investigación (licitación del proyecto), que se encuentra en etapa preliminar en un juzgado de Chiclayo, el procurador dijo que todavía no se ha entrado a la cuantificación para determinar un monto de reparación civil.

"Olmos es el caso que continuaremos a analizar", aseveró.

Audiencia confirmada

El juez Richard Concepción Carhuancho, de la Sala Penal Nacional, convocó a una audiencia para el próximo 20 de febrero, en la que se evaluará la solicitud de la Procuraduría para incluir como terceros civiles responsables a las exsocias peruanas de Odebrecht en el proceso de la Interoceánica.

Así lo dio a conocer a Gestion.pe la procuradora adhoc adjunta del caso Lava Jato, Silvana Carrión, quien se mostró confiada en que el Poder Judicial acepte su pedido.

La abogada precisó que una vez que las empresas peruanas estén incluidas en el proceso, se podrá solicitar medidas cautelares como incautaciones, embargos o congelamientos de cuentas.

Como se recuerda, en diciembre pasado, la Procuraduría adhoc del caso Lava Jato, a cargo de Jorge Ramírez, pidió incluir a Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e ICCGSA en dicha investigación fiscal.

Los casos pendientes

En otro momento, Carrión recordó que está pendiente por resolverse en el Poder Judicial un pedido de la Procuraduría para incorporar como terceros civiles a las empresas brasileñas Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez y las firmas nacionales JNR Consultores S.A. y R&Q Ingeniería S.A en el proceso por el caso Néstor Gambetta (Callao).

A su vez, la misma suerte corre su solicitud, presentado ante la Sala Penal Nacional, de incluir a la constructora OAS y las supervisoras peruanas en las pesquisas del proyecto Línea Amarilla, así como en el Hospital Antonio Lorena (Cusco).

Acercamientos

Consultada si hubo algún acercamiento de las empresas brasileñas o de las exsocias de Odebrecht para negociar el monto de la reparación civil, dijo que, hasta el momento, no ha sucedido.

Defensa de Graña y Montero

Mediante un comunicado, la empresa Graña y Montero señaló el Juez Richard Concepción Carhuancho citó a dicha empresa a la Audiencia de Incorporación de Personas Jurídicas para el 16 de febrero de este año.

La citación se da en el marco del pedido del Ministerio Público de incorporar a las empresas relacionadas con Odebrecht “como sujetos investigados en la investigación seguida en relación con las IIRSAs”, se lee en la misiva.

Sobre la citación, GyM dijo que tiene la "disposición para colaborar con las investigaciones que viene siguiendo el Ministerio Público".

GyM ha sufrido varias caídas en sus acciones luego que a fines de 2016 se conociera que Odebrecht, socio de GyM en varios proyectos, reconoció haber pagado a autoridades locales peruanas el monto de US$ 29 millones por sobornos con la finalidad de asegurar las licitaciones.

José Graña , expresidente del directorio de Graña y Montero, se encuentra bajo prisión preventiva luego que el Poder Judicial dictara dicha medida por presuntamente participar en el pago de coimas por parte de Odebrecht para adjudicarse los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.

(Publicado por Agencias y Gestión - Perú, 1 febrero 2018)
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