El holandes Jochem Bernard Buse interpuso una demanda en contra del Estado panameño, que ahora debe asumir elevados gastos legales en el proceso.

El estado a travez del Ministerio de Economía y Finanzas contrató a la firma de abogados internacional Hogan Lovells US LLP para que actue en defensa de Panamá ante una nueva y millonaria demanda internacional.

A titulo de honorarios, se fijó el pagó de US$ 1,5 mlls. bajo un contrato que comprende servicios desde el 25/5/2017 hasta el 31/12/2018.

"La función del Ministerio de Economía y Finanzas ha sido la de contratar a la firma experta en procesos procesales y arbitrales y promover los recursos necesarios para la defensa de los intereses de la nación panaména", comunicó a este diario la entidad.

En la demanda interpuesta en un tribunal arbitral, por la fallida casa de valores Panamá Wall Street, se alega que Panamá infringió las disposiciones contenidas en un convenio de inversión suscrito con el Reino de los países Bajos. El fallo, según el demandante, se daría tras resolver la liquidación forzosa de la empresa en 2016.

El estado, en tanto, se nega enfáticamente la violación a las disposiciones de dicho convenio.

La Superindtendencia de Mercado de Valores alega que estudió con detenimiento la situación de la casa de valores y determinó en su momento que los intereses de los inversionsitas estaban en riesgo y que la casa de valores actuó con negligencia. Por ello,ó la decisión de intervenir y luego la de liquidar . "No fueron decisiones precipitadas."

El demandante Jochem Bernard Buse, de nacionalidad holandesa y exaccionista principal de Panamá Wall Street, aduce en su acción que los hallazgos encontrados en las inspecciones previas a la liquidación eran adminsitrativos y corregibles.

La SMV ordenó la intervención de la casa de valores Panamá Wall Street mediante resolución con fecha 28/3/2016.

Entre las deficiencias detectadas se encuentran la ausencia de expedientes de clientes actualizados,. la inexistencia de una lista de beneficiarios finales o un listado de personas políticamente expuestas.

La intervensión administrativa tiene como finalidad evitar un daño real, inminente y significativo, de acuerdo con las disposiciones de la ley de valores.En esta etapa de la invervensión se levanta un infomre para determinar el futuro de las entidades. Algunas de las irregularidades son subsanables. Pero en ciertos expedientes no hay vuelta atras y lo que queda es resolver la liquidación forzosa.

En el caso de Panamá Street, esta se ordeno el 8/6/2016.

La demanda de Bernard Buse se registró el pasado 11 de mayo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones. El tribunal que atiende el caso se constituyó el 4/10/2017, y está formado por Lucinda A. Low, designada por el consejo administrativo; Laurence Boisson de Chazournes, nombrado por el demandante; y Marcos Peña Rodriguez, designado por la parte demandada.

El reclamo es po US$ 62,5 mlls., que coresponden a US$ 60 mlls. de indemnización y US$ 2,5 por daño moral. A eta cifra podrán sumarse intereses, los cuales se calcuarian al cierre del proceso si es que el tribunal llegará a fallar a favor del demandante.

El pasado 13/11, la firma contratada por Panamá presentó boservaciones vinculadas a medidas provisionales.

(Publicado por La Prensa - Panamá, 23 noviembre 2017)
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