El Tribunal Constitucional ha suspendido este jueves cautelarmente el pleno del Parlament del próximo lunes 9 de octubre al admitir el recurso de amparo que presentaron diputados del Partit del Socialistes de Catalunya (PSC) con el argumento de que si dicho pleno declarase la independencia se produciría un quebrantamiento de la Constitución y una "aniquilación" de los derechos de los diputados. El Constitucional afirma que en este caso concurre la "urgencia excepcional" a la que se refiere el artículo 56.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y que invocaban los parlamentarios socialistas, ya que la celebración del Pleno del Parlament "produciría un perjuicio de imposible o muy difícil reparación que haría perder su finalidad al recurso de amparo".
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado su voluntad de comparecer el próximo lunes ante el pleno del Parlament para valorar los resultados y los efectos de la jornada del 1 de octubre, con la declaración de independencia de Cataluña sobre la mesa. La convocatoria del pleno fue solicitada el miércoles de viva voz por los grupos parlamentarios del Junts pel Sí y la CUP en la Junta de Portavoces de la Cámara autonómica. El secretario general del Parlament, Xavier Muro, intervino verbalmente en esa sesión para advertir que ese punto del orden del día incumple las resoluciones del Constitucional que suspendieron las leyes del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica.
La decisión del alto tribunal de suspender el Pleno del lunes se hace por su “especial trascendencia constitucional” y porque el recurso planteado por el PSC es de “relevante y general repercusión social y económica”. El Constitucional, con esta resolución cautelar, declara “radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno” cualquier acto, acuerdo o vía de hecho que incumpla la suspensión de esa sesión del Legislativo catalán.
El recurso del PSC había recaído en la Sala Segunda del Constitucional, pero por su especial relevancia, esta sala ha decidido llevarla al Pleno, que ha adoptado su decisión por unanimidad.
Una vez más, el Tribunal notifica su resolución a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa de la Cámara y les vuelve a advertir de su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión" acordada este jueves. Además, les advierte de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal" en que pueden incurrir si, como han hecho hasta ahora, ignoran la suspensión.
(Publicado por El País - España, 5 octubre 2017)
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