Brasil toma distancia del gobierno de Maduro por los comícios : Venezuela

La justicia electoral advirtió que no participará de la misión de observación de la Unasur porque no hay garantías

miércoles, 21 de outubro de 2015

l gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, se le acaba el crédito con sus vecinos. En la primera confrontación oficial entre Brasilia y Caracas, el Tribunal Superior Electoral (TSE) brasileño anunció ayer que no participará de la misión de observación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en las elecciones legislativas de Venezuela, el 6 de diciembre, por considerar que no están dadas las garantías para realizar su trabajo con libertad e independencia.

"El TSE buscó a lo largo de los últimos meses contribuir para que la misión de la Unasur a las elecciones parlamentarias venezolanas pudiese ejercer un trabajo de observación objetivo, imparcial y amplio", señaló el tribunal en un duro comunicado que sorprendió al propio gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, considerado aliado de Venezuela desde la época de Hugo Chávez.

Según este órgano del Poder Judicial, en todo momento se buscó asegurar que la misión observadora de la Unasur estuviese dirigida por una personalidad pública con vasto conocimiento de las cuestiones electorales y de reconocida integridad. Fue por eso que el tribunal recomendó al Poder Ejecutivo el nombre del ex juez del Supremo Tribunal Federal (STF) y ex presidente del TSE Nelson Jobim, que fue ministro de Justicia durante el primer gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-1997) y ministro de Defensa durante las administraciones de Luiz Inacio Lula da Silva y en la primera de Rousseff (2007-2011). La presidenta brasileña aprobó la propuesta, que fue sometida al parecer de los países del bloque regional.

"Pese a que el candidato brasileño recogió amplio apoyo entre los Estados, fue rechazado en la elección final por supuesto veto de las autoridades venezolanas", se quejó el TSE.

El gobierno de Maduro prefería que, en vez de Jobim, que pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la misión fuera encabezada por el actual ministro de Defensa y ex canciller de Lula, Celso Amorim (2003-2010), que además de ser miembro del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) tiene excelentes vínculos con el chavismo.

Sin embargo, Rousseff no aceptó; no veía razones para cambiar al candidato brasileño. Fue entonces que, en su visita a Brasilia, la semana pasada, el secretario general de la Unasur, el colombiano Ernesto Samper, propuso al ex canciller argentino Jorge Taiana, que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner desarrolló muy buenas relaciones entre Buenos Aires, Brasilia y Caracas. La sugerencia cayó muy mal tanto en el TSE como en el Palacio de Itamaraty, que venían coordinando la delegación.

En su comunicado de ayer, el TSE -hoy presidido por el juez del STF José Antonio Dias Toffoli, de conocida colaboración con el PT, pero que últimamente se muestra cada vez más distante del gobierno de Rousseff- destacó que también intentó que la misión fuese regida por acuerdo entre la Unasur y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela.

Por ese convenio se le permitiría observar las distintas fases del proceso electoral y verificar que las condiciones institucionales en el país caribeño asegurasen la rectitud en estos comicios clave.

"La demora del órgano electoral venezolano en pronunciarse sobre la versión revisada del acuerdo hizo que la misión no pudiera acompañar la auditoría del sistema electrónico de votación y tampoco iniciar la evaluación de la observancia de la equidad en la contienda electoral, lo que, a menos de dos meses de las elecciones, hace inviable una observación adecuada", afirmó el tribunal.

La intempestiva decisión del TSE sorprendió hasta al propio gobierno, que conoció la noticia cuando la presidenta Rousseff estaba a punto de embarcar en Helsinki su vuelo de regreso a Brasilia, después de una gira por los países escandinavos. Consultado al respecto, el Palacio de Itamaraty señaló que no comentaría el comunicado del TSE hasta que el canciller Mauro Vieira y Rousseff no estuvieran en suelo brasileño. De cualquier manera, fuentes de la presidencia reconocieron que el anuncio del TSE coloca en una "posición incómoda" al gobierno brasileño frente a su "aliado" venezolano.

"El TSE dejó claro ante la opinión pública brasileña e internacional que el proceso electoral en Venezuela está comprometido. El gobierno tendría que apoyarse en esta decisión para marcar ahora una distancia con el régimen chavista, que desde temprano cometió abusos antidemocráticos", señaló a la nacion el embajador Roberto Abdenur, consejero del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (Cebri).

Mientras en Brasilia se aguardaba una definición sobre cuáles serían los próximos pasos, los entendidos apuntaban a que sin los técnicos del TSE, la participación brasileña carecía de sentido, y la misión de la Unasur quedaría muy desprestigiada.

"El gobierno de Rousseff debería insistir con Jobim. Si no es capaz de presionar a Maduro, que ya bloqueó a observadores de la OEA y de la Unión Europea (UE), y ahora quiere vetar a una persona de incuestionables credenciales como Jobim, demostraría el rotundo fracaso de la política exterior brasileña frente a Venezuela", advirtió a la nacion José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch.

Caracas amplía el estado de excepción

El gobierno venezolano volvió a prorrogar el estado de excepción que rige en seis municipios del estado de Táchira, en la frontera con Colombia, desde hace dos meses. "Se prorroga por 60 días el plazo establecido", señaló un decreto firmado por el presidente Nicolás Maduro.

La medida se basa en el cierre de fronteras entre ambos países, pero también prohíbe la portación de armas, autoriza allanamientos y escuchas telefónicas sin orden judicial y restringe el derecho de reunión, un tema sensible, especialmente por la cercanía de las elecciones legislativas del 6 de diciembre.

Desde su lanzamiento, el 21 de agosto pasado, el estado de excepción se prorrogó y extendió a seis municipios de Táchira, diez del estado de Zulia (Noroeste) y tres de Apure (Sudoeste), con el objetivo de enfrentar el contrabando y el crimen organizado en la frontera con Colombia. Pero también generó una crisis humanitaria por la ola de deportaciones y el éxodo masivo de colombianos que vivían en Venezuela y dejaron el país por temor a represalias.

(Publicado por La Nación - Venezuela, 20 octubre 2015)

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