Como consecuencia de sus discursos de los últimos días, la presidenta Cristina Kirchner quedó formalmente imputada ayer en una causa judicial: el fiscal federal Jorge Di Lello impulsó una investigación en su contra para determinar si violó la veda electoral.
La Presidenta está acusada de haber inaugurado una obra pública y haber encabezado actos de gobierno destinados a "promover la captación del sufragio" a menos de 15 días de las elecciones , algo expresamente prohibido por la ley.
El sábado pasado inauguró en San Fernando una planta potabilizadora de agua de la empresa estatal AySA y dos días más tarde encabezó un acto en una fábrica de lavarropas en Cañuelas.
La causa se inició por una denuncia presentada anteayer por los precandidatos a diputados nacionales Ricardo Gil Lavedra, Humberto Tumini y Sergio Abrevaya, y a senadores, Alfonso Prat-Gay y Victoria Donda, todos de la agrupación de centroizquierda UNEN.
Ellos le pidieron a la jueza electoral María Servini de Cubría que se le ordenara a la Presidenta "cesar" con este tipo de actos y que se le aplicara el castigo previsto por el artículo 133 bis del Código Electoral: una pena de uno a diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Los denunciantes cuestionaron los discursos de la Presidenta en los dos actos; en ambos, ella había elogiado la gestión kirchnerista. En San Fernando, además, habló de la importancia de contar con mayoría en el Congreso para hacer obras como la que estaba inaugurando, le pidió ayuda a la gente para poder seguir adelante ("ayudarme a mí es ayudarse a ustedes mismos", dijo), y advirtió que "en la vida hay que elegir", eslogan de campaña del kirchnerismo.
"Fue explícita respecto a la finalidad electoralista del acto", afirmaron los denunciantes. Ellos sostuvieron que lo mismo ocurrió en Cañuelas, pese a que la inauguración era de una fábrica privada.
"En ese acto, la titular del Poder Ejecutivo se explayó largamente sobre los supuestos logros de su gestión y con la intención indudable de promover la captación del sufragio a favor de sus candidatos a diputados y senadores nacionales presentes a través de la videoconferencia y nombrados en reiteradas oportunidades", decía la denuncia. De aquel acto participaron, en dúplex, los precandidatos Daniel Filmus y Juan Cabandié.
Di Lello, único fiscal con competencia electoral a nivel nacional, recibió la denuncia ayer por la mañana y al mediodía presentó su requerimiento de instrucción, paso indispensable para dar inicio a la causa.
El miércoles pasado, Di Lello había dicho que no le constaba que la Presidenta hubiera infringido norma alguna. En una entrevista radial sostuvo que ella no era candidata, que los funcionarios tienen la obligación constitucional de dar publicidad a los actos de gobierno y que había que adoptar un criterio restrictivo en materia de prohibiciones.
Dijo también que no había visto "todos los actos", como para iniciar actuaciones de oficio. Pero ahora, con la denuncia de la oposición en su poder, debía pronunciarse y optó por dar curso a la investigación.
En su escrito, el fiscal hizo un breve relato de los hechos denunciados, identificó como imputada a la Presidenta y pidió tres medidas de prueba "a fin de establecer la veracidad de los hechos narrados por los denunciantes".
Solicitó que se requiriera a la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) material fílmico "indubitable" de los dos actos; que la Secretaría General de la Presidencia precisara "las circunstancias" en que tuvieron lugar, y que la planta potabilizadora de San Fernando y la fábrica de lavarropas de Cañuelas indicaran los motivos de la concurrencia de Cristina Kirchner a los actos.
La prohibición del artículo 64 -por la que será investigada la Presidenta- fue incorporada en una reforma al Código Electoral en 2009. Desde entonces, nadie fue condenado por haberla infringido. En 2011, la Presidenta tuvo tres denuncias, pero la Justicia no les dio curso. En ninguna hubo requerimiento de instrucción.
En cuanto a esta campaña, el único fallo adverso por propaganda fue contra Francisco De Narváez, a quien la jueza -de conformidad con Di Lello- le prohibió el spot publicitario "Ella o vos" tras una denuncia del gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien sostuvo que De Narváez estaba haciendo campaña antes de tiempo.
(Publicado por La Nacion – Argentina 3 agosto 2013)