Corte Suprema
México: Atrae SCJN debate sobre rectores
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el miércoles un par de juicios con base en los cuales decidirá si la designación de los rectores de las universidades autónomas puede ser impugnada legalmente y si, por ende, un juez puede invalidar su nombramiento.
Como lo adelantó esta casa editorial desde el pasado 24 de enero, en estos casos la Corte analizará los alcances de la autonomía universitaria y establecerá criterios relacionados con la designación de los funcionarios que integran los órganos de gobierno de todas las instituciones educativas públicas del país.
De ahí la importancia de los dos juicios que atrajo y que están relacionados con la designación de Silvia Figueroa Zamudio (hermana del ex gobernador Genovevo Figueroa) como rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo para el periodo 2007-2011.
Uno de los juicios que atrajo la Corte es el que ganó Orlando Arturo Vallejo Figueroa, hermano del actual presidente municipal de Morelia y uno de los candidatos a la rectoría que impugnó el proceso de designación de Silvia Figueroa.
A Orlando Vallejo un juez federal le otorgó un amparo con base en el cual anuló la designación de Silvia Figueroa. En su sentencia el juez le ordenó a la Universidad que realizara un nuevo proceso de elección, porque consideró que la Comisión de Rectoría ncurrió en diversas violaciones a las garantías constitucionales de los demás candidatos al cargo en el proceso para elegirla.
La decisión del juez fue impugnada por la universidad y ahora será revisada por la Corte.
ANUIES, inquietada
El tema ha generado tal preocupación que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) formó un equipo de abogados para revertir esa decisión, porque el mismo criterio se puede aplicar en el futuro en sus instituciones.
El otro juicio fue el que promovió otro de los candidatos, Nabor Toledo Bárcenas, en contra de la Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana, así como de la aprobación de reformas, por parte del Congreso estatal, a la Ley Orgánica de dicha institución educativa.
La Corte no tiene un plazo para emitir una sentencia.
(Publicado por El Universal – México, 7 febrero 2008)
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