Son varias las figuras tributarias que está estudiando el ministerio que encabeza María Jesús Montero: desde un gravamen a los plásticos en función de su biodegradabilidad, hasta tasas a los billetes de avión, pasando por la fiscalidad de los residuos o impuestos especiales sobre la huella de CO2.

Todas las figuras que está estudiando el Departamento de Hacienda se encuadran dentro de las líneas maestras de fiscalidad medioambiental que marca la Unión Europea, explican fuentes oficiales a el Economista, aunque también se están estudiando modelos de otros países y valorando estudios e informes al respecto.

En la confección de esta batería de subidas tributarias intervienen distintos Departamentos ministeriales: Transición Ecológica, Fomento y Hacienda. El proyecto no recoge aún un cálculo de los ingresos recaudatorios que podría sumar la fiscalidad verde a las arcas del Estado, si bien a la fiscalidad de los combustibles se le viene atribuyendo una recaudación de 670 millones de euros .

Entre las nuevas figuras tributarias se baraja un gravamen a los plásticos en función de la biodegradabilidad que presenten, en consonancia con la prohibición europea a los de un solo uso (platos cubiertos, pajitas, bastoncillos, etc. ) a partir de 2021.

También se prevé un polémico tributo sobre los billetes de avión, voluntad manifestada recientemente por la vicepresidenta Teresa Ribera, una medida muy polémica, en plena afectación de las aerolíneas por la crisis del coronavirus y que, según los expertos, podría derivar en litigios si se configura de forma discriminatoria en relación a otros transportes, como el ferrocarril.

Gravamen transversal
"Tendría que confeccionarse como un gravamen transversal a otros medios de transporte", explica el economista e investigador Javier Santacruz a elEconomista, quien añade que si el Gobierno no quiere encontrarse con que alguna sospecha de discriminación sectorial tumbe el impuesto, debería canalizarlo como un canon adicional sobre las tasas aeroportuarias.

Por otra parte, la fiscalidad verde incluye el debate sobre las tributación de los residuos, que podría configurarse como una figura estatal o como un marco para ser aplicado a escala municipal.

Vía Impuestos Especiales se puede arbitrar, explica Santacruz, un gravamen sobre la huella de CO2 que grave los hidrocarburos, la electricidad, y las energías de forma que prime las menos contaminantes. Respecto a los combustibles fósiles, la hoja de ruta es ir eliminando subvenciones, mientras en Europa el debate es si aplicar estos criterios solamente a productos internos o también a las importaciones de la Unión Europea.

Otros dos impuestos a revisión
Entre las medidas en las que se está trabajando se prepara también una profunda reforma fiscal de dos de los principales impuestos a los que tienen que hacer frente los conductores: el Impuesto de Tracción Mecánica (el numerito) y el Impuesto de Matriculación.

En ambos casos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está preparando cambios que penalizarán los vehículos de combustión para acelerar la transición al coche eléctrico.

El Estado recauda el 82% de los impuestos ambientales, si bien "en algunos casos, los ingresos se reparten a las autonomías", según señalan desde el Consejo General de Economistas, siendo el Impuesto sobre Hidrocarburos el principal, seguido del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica y el impuesto sobre la electricidad.

Las comunidades autónomas solo recaudan el 8% de los tributos verdes, la mayor parte relacionados con agua -con una recaudación de 1.309 millones de euros en 2017-, y a mucha distancia los impuestos que graven la extracción de recursos (163 millones de euros). Por su parte, los ayuntamientos recaudan el 12% de los tributos verdes, destacando el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

La Comisión Europea presentará el año próximo una revisión en profundidad de la fiscalidad energética, para adaptarla a los objetivos de reducción de emisiones. Asimismo se espera que puedan aparecer nuevas figuras ligadas a la calidad del aire, la emisión de NOx o de partículas, con la intención de hacer realidad que "el que contamine, que pague".

(Publicado por El Economista - España, 28 febrero 2020)