Justicia
España: Cobos,
presidente del Constitucional por unanimidad
Los doce
magistrados del pleno del Tribunal Constitucional (siete conservadores y cinco
progresistas) han votado este miércoles a favor de la elección del conservador
Francisco Pérez de los Cobos como presidente. La necesidad de pacificar la
situación, sobre todo creada en los últimos días, ha desembocado en una
votación inusual y de consenso no solo para quien ocupará la presidencia
durante los tres próximos años sino también para aupar a la progresista Adela
Asúa como vicepresidenta. Pérez de los Cobos ha logrado la unanimidad que no
obtuvo ni su antecesor Pascual Sala ni los cuatro magistrados que precedieron a
este en la presidencia del alto tribunal.
La
necesidad de escenificar sosiego y la independencia que claman sus magistrados
llevó a un acuerdo que se cerró el pasado jueves, por el que todos los
magistrados se comprometieron a apoyar a los dos candidatos (uno del sector
conservador y otro del progresista) de consenso. “No ha sido fácil”, han
relatado fuentes del tribunal para significar la distancia de la que partieron
los magistrados, tanto en uno como en otro lado ideológico.
Entre el
sector conservador, el magistrado Francisco Hernando, el de más edad del
Constitucional, había mostrado cierta voluntad para ocupar la presidencia, lo
que había sido visto con buenos ojos por algunos de sus compañeros. Finalmente,
optó por no presentar batalla y asumir el acuerdo para votar a quien contaba
con menos reticencias entre los progresistas, Pérez de los Cobos. En el sector
opuesto, conscientes de su minoría, la propuesta de Adela Asúa tampoco fue
aceptada desde el principio. Pero, ante el compromiso de los conservadores de
votar esta candidatura, el pacto acabó fraguándose. Con la elección de Pérez de
los Cobos y Asúa, además, no se ha roto la norma no escrita por la que
presidencia y vicepresidencia deben recaer en magistrados del tercio más
veterano del tribunal.
Así el
pleno ha durado, aproximadamente, 15 minutos. Los encargados de plantear la
propuesta acordada han sido los magistrados más jóvenes, Juan Antonio Xiol Rios
por la parte progresista y Enrique López, por la conservadora.
La
designación del polémico López por parte del Gobierno, el rechazo de la mitad
del pleno a su idoneidad como miembro del Constitucional y el inicio de su
mandato, con una actitud pública distinta de la que acostumbra el resto de
magistrados (hizo declaraciones nada más tomar posesión), ha sido otro de los
motivos por los que el consenso para la elección del presidente, como una
muestra de unidad, se hacía necesario.
Ya con
nuevo presidente, el Constitucional cierra su etapa de renovación, iniciada a
principios de junio con la designación de los cuatro magistrados (Pedro González-Trevijano,
Santiago Martínez-Vares, Juan Antonio Xiol y Enrique López) que relevaron a
Pascual Sala, Ramón Rodríguez Arribas, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps. Con
estos cambios se produce, además, un giro conservador en el Constitucional en
un momento en el que tiene importantes temas sobre los que deliberar.
Entre los
asuntos que este pleno y el nuevo presidente deberán dilucidar se encuentra la
declaración soberanista de Cataluña, después de la impugnación del Gobierno que
el Constitucional ya admitió y dejó en suspenso. También la decisión sobre el
amparo solicitado por el expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa,
tras la condena por desobediencia que el Supremo les impuso en enero de 2008
por no disolver Sozialista Abertzaleak (SA), y el también recurso de amparo de
Arnaldo Otegi por el caso Bateragune.
La reforma
laboral y la amnistía fiscal aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, ambas
recurridas por el PSOE, son otros de los temas que el alto tribunal tiene entre
sus asuntos pendientes de resolución. Este tribunal de corte conservador
también deberá decidir sobre la no actualización de las pensiones que fue
recurrida, en un acto sin precedentes, por todos los grupos de la oposición en
el Congreso.
Con el
Gobierno como recurrente, en la sede del alto tribunal se acumulan también
asuntos como el euro por receta aprobado por los Gobiernos autónomos de Madrid
y Cataluña. En ambos casos, el tribunal ya suspendió su aplicación pero en unos
meses ha de ser revisada.
(Publicado
por El País – España, 20 junio 2013)