Los coletazos que puede traer la expropiación de vicentin, la cerealera en la mira del Gobierno, en la renegociación de la deuda podría no ser menor. Está claro que la imagen del país que dice estar fundida pero que ahora sale a tomar una compañía -y sus deudas- que representa el 10 por ciento de las exportaciones de granos y subproductos incrementa el riesgo de invertir en el país. Y ese riesgo, en términos del canje de deuda que cierra este viernes, se podría traducir en la tasa de descuento o exit yield que utilizan los fondos de inversión para valuar la oferta que le hará en estos días Martín guzmán.
La exit yield es la tasa que se usa para calcular qué valor tiene hoy una promesa de pago de la argentina en el futuro. Traducido: determina cuál debería ser el valor del riesgo país futuro una vez que se acaban las negociaciones y se llegue a un acuerdo con acreedores.
Los distintos comité de fondos estaban valuando la oferta argentina en torno al 10 por ciento. Eso, estiman en el mercado financiero, podría cambiar por el giro estatista del gobierno de Alberto fernández. Ahora, los inversores podrían utilizar tasas más altas en torno al 12 por ciento o más, y esto hace que la propuesta argentina valga menos que hace una semana.
El dato no es menor porque se sabe que los grandes fondos quieren que la oferta de guzmán tenga un valor de 55 dólares por cada 100 que se les debe. El Gobierno, se cree, presentará una en torno a 50 dólares esperando que los inversores cedan. Pero, ese paquete que antes se descontaba al 10 por ciento y daba 50, ahora descontado a una tasa del 12 por ciento será inferior y hará mucho más difícil que los bonistas acepten la oferta.
"Acá el exit yield subió, el riesgo argentino subió, porque el inversor con lo que pasó con Vicentin ve que el país va más para el lado Venezuela o de lo que fue el kirchnerismo de Cristina que lo que había mostrado en el inicio de mandato de fernández", dice Marcos Buscaglia, ex Citi y Bank of America, socio de Alberdi Partners. "La tasa de descuento para valuar las inversiones en la argentina subió y eso perjudica al país".
En la misma línea, Nicolás Chiesa de Portfolio Personal inversiones asegura que el caso vicentin genera un impacto o da una sensación negativa que pueda golpear en la renegociación de la deuda. Precisamente porque sube el riesgo argentino y eso modifica la exit yield que toman los inversores.
"La decisión del gobierno de intervenir la empresa vicentin, y presentar un proyecto de Ley para su expropiación, generó cierto temor en los círculos de empresarios e inversores debido al avance del Estado sobre una empresa en situación económica/financiera delicada. Teniendo en cuenta que la extensa de la cuarentena dejará muchas compañías en una situación comprometida y con extensas líneas de crédito en bancos oficiales, la medida es observada con temor por otros actores relevantes que se ven a si mismos como posibles targets en un futuro", dice Delphos Investment.
Mal momento para los bonos argentinos
La consultora remarca que esta medida no ayuda a mejorar el contexto de negocios locales, así como tampoco la visión con la cual los bonistas siguen el proceso de renegociación de la deuda.
"No vemos esta medida como un paso positivo en un contexto como el actual en donde reinan las dudas y la incertidumbre sobre el futuro. Pero es una medida que tiende a afectar más el largo que el corto plazo", explican.
Ahora habrá que ver que sucede con el riesgo país que mide el JP Morgan y los bonos argentinos durante esta jornada. El Gobierno dijo que el caso de vicentin es excepcional y que no vaa hacia un equema de estatización masiva de compañías en situación complicada. Pero Alberto dijo hace pocas semanas que no iba a hacer lo que terminó haciendo, al desmentir la idea de Fernanda Vallejos de tomar control de las empresas.
Los inversores empezarán a dar su veredicto a partir de hoy mientras esperan que el miércoles guzmán presente ante la SEC la útima oferta para que los bonistas decidan si aceptan o van a los tribubales de Nueva York a litigar.
Una YPF del campo
Lo cierto es que la intervención de la empresa vicentin marca un punto de inflexión en la gestión de Alberto Fernández: ya se está pensando en la post pandemia y actuando en consecuencia. Y el presidente, que en las últimas semanas venía recibiendo críticas internas por cierta postura "blanda" respecto del sector empresarial, finalmente se avino a escuchar los reclamos del kirchnerismo.
No por casualidad el Presidente repitió la expresión "soberanía alimentaria" como forma de justificar su medida.
Podía haber usado un argumento más sólido e irrefutable, como la deuda financiera de u$s350 millones que vicentin mantiene con el Estado argentino, una cifra que hoy suena obscena si se considera que –calculada al tipo de cambio oficial- implica la mitad de lo que cuesta el IFE cada mes o el plan para asistir con créditos a las pymes semiquebradas.
Pero claro, estaba el riesgo de que desde la vereda de enfrente se contestara que para lidiar con los problemas de deuda están los procedimientos como el concurso de acreedores, que corren por el carril judicial sin que haya necesidad de intromisión política.
La realidad es que la circunstancia era inmejorable para plantear el tema vicentin en términos de estrategia nacional. Como Merkel con Lufthansa, para usar el ejemplo que inspiró a la diputada Fernanda Vallejos a presentar su controvertido proyecto de ley para que el Estado se quede con participaciones accionarias de las empresas que reciben ayuda en la cuarentena.
Es sólo un detalle menor el hecho de que la pandemia no haya tenido nada que ver con la crisis de Vicentin, cuyos problemas no se remiten a un virus sino a los vicios clásicos de la economía argentina: sobre endeudada, fue arrastrada por el efecto de la devaluación de 2018. Pero en estas circunstancias, la estatización queda igualmente justificada por otra palabra que Alberto Fernández repitió en su anuncio: "rescate".
En vicentin trabajan unas 4.000 personas de manera directa y, además, hay otros miles de pequeños productores que lo hacen indirectamente al venderles su producción y que ahora están afectados por ser parte de los acreedores que no pueden cobrar.
De manera que, en un momento en que el desempleo es el principal temor como consecuencia de la cuarentena, el argumento de la continuidad laboral se transforma en una política de Estado que puede justificar expropiaciones.
La decisión del Presidente estuvo a tono con la carta firmada por dirigentes políticos –entre los cuales destaca Claudio Lozano, director del Banco Nación-, que pidieron que vicentin fuera declarada "empresa pública no estatal", con el argumento de que se trata de una compañía "estratégica y clave para la soberanía y el control sobre la producción de alimentos".
La protección contra intereses oscuros
Alberto Fernández no pudo ocultar la irritación que le causó, en la conferencia de prensa, la comparación entre su medida y el proyecto de Fernanda Vallejos. Pocos días antes había negado expresamente que pudiera haber una oleada de expropiaciones ni "ideas locas".
Pero lo cierto es que es difícil evitar que el tema sobrevuele en el ambiente. A fin de cuentas, la diputada justifica su proyecto con el argumento de que es una forma de proteger a empresas de capital nacional ante posibles compras hostiles por parte de grupos extranjeros que quieran aprovechar las bajas valuaciones corporativas para hacer compras a precios de ganga.
Y esa es justamente la situación de vicentin, sobre la cual ha habido manifestaciones de interés por parte de transnacionales como Glencore, Dreyfus y Cargill –todas ya presentes en el mercado argentino- y de la egipcia Burhan International Group.
La carta de los dirigentes que reclamaban la estatización hacía mención expresa al riesgo de que vicentin cayera en manos extranjeras o, peor aun, de "dirigentes asociados a etapas aciagas de nuestro país que intentan promover una mentirosa salida nacional y popular". Era una alusión a la posibilidad de que grupos nacionales se hicieran cargo de la empresa y, concretamente, a las gestiones en ese sentido lideradas por José Luis Manzano, ex ministro en el gabinete de Carlos Menem de hace 25 años.
Dando forma a una nueva "épica"
Los próximos días prometen ser movidos para el agro argentino. De un lado, ya se escuchan advertencias sobre potenciales litigios contra el país o sobre una avanzada de políticas intervencionistas.
El ex ministro Ricardo Buryaile no dudó en atribuir la medida a un intento de querer manejar la liquidación de granos. Mientras que el también ex ministro macrista Luis Miguel Etchevehere advirtió que "todas las veces que el Estado se metió en aventuras empresariales le fue mal y eso lo terminamos pagando todos los argentinos".
Pero no hay unanimidad: Eduardo Buzzi, un histórico de la Federación Agraria, festejó la medida porque "viene a salvar el interés de miles de productores que tenían granos en la empresa y no iban a poder cobrar". Y no dudó en calificar a vicentin como "una empresa que es parte de la burguesía nacional", lo cual para los códigos peronistas implica que se justifica su protección ante las compras de grandes grupos extranjeros.
Pero, sobre todo, viene el debate sobre a qué se refirió Alberto Fernández cuando hizo mención a que vicentin debía jugar un rol análogo al de YPF en el mercado del combustible.
¿Implicará esto que la empresa cambiará sus prioridades de inversión? ¿Estará dispuesta a percibir menores ingresos con tal de enviar una referencia de precios al resto de los jugadores? ¿Se forzará que a través de Vicentín se presione al resto de las empresas a liquidar exportaciones de granos aun cuando el tipo de cambio resulte desfavorable?
Son las preguntas que quedaron flotando tras el anuncio oficial. Hay antecedentes que permiten alguna pista respecto de cómo el kirchnerismo aprovecha el hecho de sentarse en el directorio de una gran empresa privada: por ejemplo, cuando Axel Kicillof fue director de Siderar forzó a suspender una inversión externa con el argumento de que había que canalizar prioritariamente las divisas en el mercado interno.
En todo caso, como dijo el Presidente, son temas para discutir en el Congreso, donde los opositores podrán explayarse en sus temores de que -como dijo el diputado radical Luis Petri- el Gobierno "en vez de generar inversión, gire en dirección a Venezuela".
En el Senado, presidiendo el debate, estará Cristina Kirchner, seguramente disfrutando el momento. Después de todo, es una ocasión inmejorable para dar rienda suelta a dos de sus actividades preferidas.
La primera es la acusación de corrupción al macrismo, y para ello no sólo tiene los sospechosos préstamos del Banco Nación a vicentin, sino también el aporte de $13,5 millones a la campaña reelecionista de Macri, cuando la empresa ya estaba bajo "estrés financiero".
Pero, sobre todo, está la oportunidad de volver a inyectar mística en una gestión de gobierno. vicentin pasará a ser el símbolo de cómo una "actividad estratégica" que durante años había estado en manos de "grupos concentrados" ahora pasa al patrimonio de todos los argentinos.
En plena crisis global, un regreso con gloria del "relato K".
(Publicado por iProfesional - Argentina, 9 de junio 2020)
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