El Gobierno ha renunciado a la prórroga de un mes del decreto de alarma ante el riesgo de una derrota parlamentaria y ha pactado con Ciudadanos una nueva extensión de dos semanas, igual a las anteriores, hasta el 7 de junio. Esto hará que no sea la última prórroga, al contrario de lo que pretendía el Ejecutivo. El Gobierno lo tenía todo listo para el mes, tanto es así que es lo que debatió y teóricamente aprobó el Consejo de Ministros esta mañana. La Moncloa envió a todos los ministros un texto con la solicitud al Congreso de los Diputados de esa nueva prórroga hasta el 27 de junio, y se habló de esa fecha en la reunión, pero finalmente no será eso lo que se presente al Congreso, según ha confirmado la portavoz, María Jesús Montero, que ha hablado de ese 7 de junio. No es nada habitual que el Consejo de Ministros apruebe una cosa y en la rueda de prensa se presente otra muy diferente, en este caso con fechas concretas, por lo que algunos ministros se quedaron sorprendidos. Montero asegura que el 7 de junio es la fecha aprobada en el Consejo de Ministros, pero varios miembros del cónclave consultados señalan que no se habló de esa posiblidad durante la reunión. La portavoz admite que esa fecha es que la que tenía un mayor consenso entre los grupos parlamentarios.
La intención política de Cs con esta posición es evidente y queda clara en su nota: lograr que ERC no sea imprescindible en la votación. “Gracias al papel de Ciudadanos, no se va a producir ninguna mesa de negociación con ERC ni los separatistas para dinamitar la igualdad entre españoles. Por eso nos mostramos satisfechos de haber logrado aislar las demandas de los nacionalistas para poner a los españoles en el centro y haber conseguido mejoras para todos ellos”, señala la nota de Cs.
El Gobierno y ERC habían mantenido varias reuniones discretas en las que sí se habló de la posibilidad de reactivar tras la desescalada la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, algo a lo que el Ejecutivo nunca ha renunciado y que forma parte del acuerdo de investidura. Cs intenta así alejar a ERC del Ejecutivo, mostrando la dificultad de compaginar el voto de la formación de Arrimadas y los independentistas. Ambos quieren obligar al Gobierno a elegir uno de los dos. Montero ha asegurado que con Cs se han pactado “cuestiones económicas” y que no le consta ninguna otra, por tanto se ha desvinculado de esa interpretación de la formación de Arrimadas. El Ejecutivo ha insistido en que recuperará el diálogo con la Generalitat en cuanto el coronavirus dé un respiro.
Las fuentes consultadas admiten que la negociación fue más compleja de lo esperado por la resistencia de ERC, y eso ha forzado al Ejecutivo a cambiar sus planes y aceptar la posición de Cs, que siempre estuvo en contra de la prórroga de un mes. Es en cualquier caso una opción mejor que una derrota de consecuencias imprevisibles. El Gobierno quería una fórmula larga, lo intentó negociar hasta última hora, y es lo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Quería con ello evitar encontrarse con el mismo problema político dentro de dos semanas. Pero se ha visto obligado a ceder porque no tenía los votos garantizados.
“Durante esos 15 días de prórroga del estado de alarma, el Gobierno se compromete a analizar las medidas y, en su caso, reformas legislativas necesarias que permitan una salida ordenada del estado de alarma y la gestión de la pandemia en ese momento, ya sin la utilización de la herramienta constitucional de la declaración de alarma. En esos mismos 15 días, el Gobierno comunicará a Cs las primeras conclusiones de su análisis con el objetivo de dialogar y, si es posible, consensuar las medidas y reformas legislativas necesarias”, señala el comunicado de la formación de Inés Arrimadas. El Ejecutivo quería tener listas estas reformas para cuando terminara la prórroga del mes del estado de alarma, pero ahora todo se complica de nuevo y tendrá que negociar otra prórroga mientras reforma las leyes necesarias, en especial la de salud pública.
Cs también ha negociado, como la otra vez, cuestiones económicas, que detalla el comunicado. “En los aplazamientos tributarios motivados por el impacto económico negativo del COVID-19, se aumenta en un mes (de tres a cuatro) el plazo para ingresar impuestos por los contribuyentes sin intereses de demora. Agilización del pago de prestaciones por ERTEs o desempleo a quienes aún no lo han cobrado para que puedan percibirlo durante el mes de junio, como muy tarde, y prioridad para la resolución de posibles incidencias al respecto. Se analizará la posibilidad de ampliar más allá de la vigencia del estado de alarma la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos y la consecuente exención de sus cuotas de Seguridad Social durante la percepción de dicha prestación”, señala.
ERC se resistió y complicó la negociación, pero es posible que a última hora se abstenga en la prórroga de dos semanas. Un portavoz de ERC ha explicado que aún no hay un pacto cerrado con el Gobierno para aprobar la prórroga pero sí un acuerdo para que lo que se negocie sea un dilatamiento de 15 días, no el mes que pretendía el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Republicanos y Gobierno siguen negociando la votación de mañana, informa Camilo S. Baquero.
La negociación sigue abierta pues con el PNV y ERC pero también con los grupos pequeños y algunos que han cambiado su posición, como Coalición Canaria, que hace dos semanas pasó al sí después de una garantía de que los ERTEs del sector turístico se podrán prorrogar en esta comunidad especialmente afectada por la crisis económica. Lo quiere evitar el Ejecutivo es una negociación con asuntos que no estén directamente relacionados con el coronavirus, como si esto fuera un pacto presupuestario o de investidura.
Esta extensión es la quinta desde el inicio de la pandemia. En el decreto aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros, el Gobierno planteaba que las restricciones se alargaran cuatro semanas, hasta el 27 de junio. “La prórroga se extenderá desde las 00.00 horas del día 24 de mayo de 2020 hasta las 00.00 horas del día 27 de junio de 2020”, señalaba el texto discutido por el máximo órgano del Ejecutivo. La negociación con Ciudadanos dejó sin embargo en papel mojado ese texto que trabajaron los ministros.
Pero el decreto necesita este miércoles la aprobación por mayoría simple ―más síes que noes― del Congreso de los Diputados, y es la complicación de la negociación la que ha forzado al Ejecutivo a cambiar de idea. Si no lograban convencer a Cs, PSOE y Unidas Podemos necesitaban el apoyo del PNV y otros grupos pequeños y al menos la abstención de ERC, porque esta vez el PP votará en contra, como Vox. Ciudadanos, que fue clave en la última votación, no estaba de acuerdo con la duración de esta nueva prórroga, lo que ha forzado al Ejecutivo a ceder ante la resistencia de ERC.
Carmen Calvo, la vicepesidenta primera, dirige desde hace una semana las negociaciones. Pero con ERC, un grupo al que el Gobierno quiere recuperar para que se mantenga en la mayoría, se ha hecho un esfuerzo especial con varias reuniones discretas de los seis negociadores de la investidura -tres socialistas y tres republicanos- con la posibilidad de retomar la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat encima de la mesa.
El decreto aprobado en el Consejo de Ministros confirma lo que había planteado el Ejecutivo en los últimos días y que supone también un guiño a partidos como el PNV y ERC para que apoyen esta prórroga, esto es que el mando único queda limitado exclusivamente a Sanidad, por lo que Cataluña y el País Vasco podrán recuperar el control completo de las competencias de Interior, un asunto políticamente relevante. “Durante el periodo de vigencia de esta prórroga, la autoridad competente delegada para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, será el Ministro de Sanidad, bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, y con arreglo al principio de cooperación con las comunidades autónomas”, dice el texto.
También se abre la puerta a retirar el estado de alarma de forma asimétrica, en función de que algunas zonas cumplan con todas las fases de la desescalada. “La superación de todas las fases previstas en el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 28 de abril de 2020, determinará que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales”, señala el decreto.
También apunta el texto la idea de la cogobernanza en la que insiste el Ejecutivo. “En el proceso de desescalada de las medidas adoptadas como consecuencia de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, el Gobierno podrá acordar conjuntamente con cada comunidad autónoma la modificación, ampliación o restricción de las unidades de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas, de las medidas de contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, transportes y abastecimientos, con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada comunidad autónoma. En caso de acuerdo, estas 12 medidas serán aplicadas por quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma, como representante ordinario del Estado en el territorio”, dice el decreto.
Y además se abre a dar margen a las autonomías para que tomen decisiones sobre el regreso a las clases. “Durante el periodo de vigencia de esta prórroga, y en el supuesto de que se acuerde la progresión a fase II o posterior en un determinado ámbito territorial con arreglo a lo previsto por el apartado cuarto.1 de este acuerdo, las administraciones educativas podrán disponer la flexibilización de las medidas de contención y la reanudación de las actividades presenciales en el ámbito educativo no universitario y de la formación, correspondiéndoles asimismo la ejecución de dichas medidas. Durante este periodo se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y on line, siempre que resulte posible y aunque no fuera esta la modalidad prestacional educativa establecida como forma específica de enseñanza en los centros”.
Además, la prórroga determina el final de la suspensión de plazos administrativos y procesales que estaba vigente. “Con efectos 4 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos procesales. Se alzará la suspensión en esa misma fecha”. “Con efectos 1 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos administrativos. Desde esa misma fecha, el cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas”, añade.
(Publicado por El País - España, 19 mayo 2020)
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