El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha decidido archivar la sanción de 80 millones de euros que estudiaba imponer a España por el retraso de la aprobación de la nueva ley hipotecaria, que entró en vigor el pasado 15 de junio. Esta normativa debía haber sido aprobada, como tarde, el 21 de marzo de 2016 para transponer (adaptar a la legislación española) la directiva europea 2014/17 sobre Contratos de Crédito Inmobiliario.
De esta manera, España tardó más de tres años en adaptar la legislación nacional a las líneas maestras marcadas por la Unión Europea (UE). Un largo retraso que provocó que Bruselas llevara al país ante la justicia europea el 28 de abril de 2017 para que esta estudiara la imposición de una sanción de 80 millones de euros.
100.000 euros diarios
La cuantía de la sanción era resultado de la suma de los 100.000 euros por cada día de retraso en la aprobación de la nueva ley hipotecaria. El Gobierno español acabó finalmente de transponer la normativa el pasado abril, por lo que solicitó a la Comisión Europea que retirara la demanda. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, aseguró entonces que el Ejecutivo haría "todo lo posible" para evitar la millonaria multa.
Finalmente, según ha comunicado el propio ministerio en nota de prensa este martes, Bruselas ha retirado la demanda al entender que España ha completado la transposición "con la entrada en vigor de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y del real decreto y la orden ministerial que la desarrollan". En consecuencia, el TJUE ha decidido archivar la sanción. O lo que es lo mismo, España se libra de la multa pese al incumplimiento de los plazos.
Entre otras cosas, la nueva ley aprobada por el parlamento español este año reduce los intereses de demora y aumenta el número de plazos mensuales impagados necesarios para que se pueda ejecutar un contrato hipotecario.
También hace "de aplicación permanente el Código de Buenas Prácticas", como señalan desde el Ministerio de Economía, al que se han adherido gran parte de las entidades financieras del país.
(Publicado por La Prensa - Panamá, 1 agosto 2019)
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