Indemnización

La causa del ‘dinero rojo’ incautado por Franco llega al Tribunal de Estrasburgo

El despacho de Baltasar Garzón presenta un centenar de demandas reclamando la devolución del papel moneda puesto en circulación.

jueves, 11 de abril de 2019

ILOCAD, el despacho de abogados del ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ha presentado casi un centenas de demandas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) reclamando las indemnizaciones correspondientes por la incautación del dinero rojo, esto es, el papel moneda puesto en circulación por el Gobierno de la República tras el golpe del 18 de julio de 1936 y que fue incautado por Franco en 1938.

Garzón representa a un centenar de víctimas a las que les fueron incautados más de medio millón de pesetas que, al cambio actual, según los cálculos del despacho, serían más de 40 millones de euros. El monto total del dinero republicano incautado durante la Guerra Civil por el ejército franquista ascendió, según consta en un informe del Banco de España de 1938, a 35 millones de pesetas, el equivalente hoy a unos 3.022.496.400 euros.

El despacho de abogados lleva la causa al tribunal de Estrasburgo tras agotar todas las instancias en España. El procedimiento fue desestimado en el Consejo de Ministros, así como por la sala tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, por prescripción, ya que consideraban que la demanda debería haberse presentado en el año siguiente a la publicación de la Constitución española, es decir, hasta el 29 de diciembre de 1979. El Constitucional tampoco admitió el caso. Los partidos políticos y los sindicatos sí recuperaron, con la llegada de la democracia, el dinero que les había sido incautado durante el franquismo.

Inicio del caso

En 2016, Baltasar Garzón y el despacho Amparo Legal han presentaron una demanda de responsabilidad patrimonial al Estado para la devolución del dinero de la República incautado por Franco. Representan a más de un centenar de afectados y la cifra reclamada asciende a medio millón de pesetas de la época, cuyo pago debería ser "actualizado en euros más los intereses", según su reclamación. El monto total del dinero republicano incautado durante la Guerra Civil por el ejército franquista ascendió, según consta en un informe del Banco de España de 1938, a 35 millones de pesetas, el equivalente hoy a unos 3.022.496.400 euros.

La demanda recuerda el decreto ley del 12 de noviembre de 1936 y el decreto de agosto de 1938 por los que se creaba el "Fondo de Papel Moneda puesto en circulación por el enemigo" y se establecía que la mera tenencia del dinero puesto en circulación por el Gobierno republicano con posterioridad al 18 de julio de 1936 sería considerado como acto de contrabando.

La normativa entró en vigor de forma inmediata tras la decisión de la Junta de Defensa Nacional constituida en Burgos el 24 de julio de 1936. A partir de ese momento, explican los abogados, coexistieron dos monedas diferentes según la zona de España y quién gobernaba en ella. La peseta republicana dejó de tener curso legal y para que los billetes emitidos con anterioridad fueran considerados legítimos tendrían que llevar una estampilla. "El cúmulo de requisitos que se exigían hacían casi imposible la entrega y ponían en grave riesgo a las personas que se identificaran como titulares del llamad Papel Moneda puesto en circulación por el enemigo".

El paso del tiempo
En enero del año pasado, ambos despachos de abogados presentaron ya una reclamación administrativa dirigida al Consejo de Ministros solicitando la "indemnización patrimonial de los perjudicados", amparándose en el derecho "a no ser discriminado por cualquier actuación procedente de los poderes públicos" y en la "imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad que se concretaron en las incautaciones individualizadas". El 18 de noviembre del año pasado, el Consejo de Ministros desestimó la reclamación. Reconocía la existencia del daño, pero alegaba el paso del tiempo para rechazar una compensación que, según el Gobierno, debería haberse planteado en el plazo de un año desde que se publicó la Constitución española, es decir, hasta el 29 de diciembre de 1979.

Los abogados decidieron presentar un recurso contencioso-administrativo en enero de 2016 y ahora una demanda por la que exponen sus argumentos ante el Tribunal Supremo. El escrito destaca que la privación de dinero a las familias republicanas se realizó "de forma coactiva" porque solo tenerlo era considerado un delito de contrabando. Añaden que la moneda incautada no fue destruida y que su valor fue reconocido por la Administración, en informes del Banco de España y en la propia constitución con ese dinero de un fondo llamado Papel Moneda.

Finalmente, la demanda recuerda que leyes dictadas 50 años después de la incautación han reconocido derechos de otros perjudicados por hechos similares, como sindicatos o partidos políticos, pero nunca a particulares.

En Alemania, los judíos reclamaron los bienes que les habían arrebatado los nazis en las comisiones de compensación creadas nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. Los que perdieron aquella oportunidad todavía reclaman sus bienes por la vía judicial, sobre todo, obras de arte. También se establecieron modelos de reparación de expropiaciones para dictaduras comunistas. En la antigua URSS, por ejemplo, se incautaron todos los bienes de la Iglesia, que con el tiempo ha recuperado su patrimonio

Pruebas y protagonistas

En 2009, cerca de 1.500 familias descubrieron hacia años que compartían un papel que habían guardado durante 70, un recibo con la leyenda: Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo. Se reunieron en la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista, y juntaron todos aquellos papeles raídos, con las cantidades que los vencedores les habían arrebatado escritas a mano. Sumaron 14 millones de euros. Hoy, los hijos del enemigo, de los rojos, reclaman al Estado que se los devuelva.

Los partidos políticos y los sindicatos sí recuperaron durante la Transición lo que Franco les había arrebatado, como también lo han hecho familias judías alemanas, ortodoxos rusos y más víctimas de otras dictaduras del siglo XX. Para compensar a los judíos expoliados por los nazis, se crearon tras la II Guerra Mundial, por ejemplo, comisiones especiales para ajustar las cuentas y devolver a cada uno lo suyo, y aún hoy se resuelven casos por vía judicial. Otras democracias como la argentina lograron devolver los bienes, tarea más fácil con una dictadura más reciente. ¿Son 70 años de espera demasiados para actuar hoy? El Gobierno lo rechaza por difícil. Para las familias nunca será tarde, una posición que llevó recientemente CiU al Congreso.

Roberto Rodríguez, de 68 años, lleva toda la vida regentando una humilde pensión en Madrid, pero es un hombre rico. Lo dicen dos viejos papeles, los recibos de las 9.000 y 9.535 pesetas que su padre y su abuelo tuvieron que entregar a Franco "el tercer año triunfal". Era un fortunón para la época y lo sería hoy, en euros. Su familia lo entregó dócilmente en el Ayuntamiento de Cabeza de Mesada (Toledo) porque tenía miedo y, por el mismo motivo, nunca se atrevió a reclamarlo: "Se arriesgaban a que los mataran por rojos. Bastante era haber salvado la vida. A mi tío Lázaro lo fusilaron en 1939. Mi padre tuvo también que ir a entregar su parte: 7.000 pesetas. ¿Qué republicano iba a atreverse a pedirle nada a Franco? ¡Mi padre habría dejado ocho huérfanos!".

Que hubiesen enterrado a los dueños de aquel dinero en fosas comunes tras haberlos fusilado de espaldas nunca fue impedimento para que reclamaran su dinero y sus bienes. "Abrieron expedientes a los muertos sólo para quedarse con el dinero. Se lo quitaban a las viudas, a los hijos", explica el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova. "Fue una rapiña. Y con ese dinero empezó a pagar Franco la reparación de las víctimas de su bando (protección de fosas de nacionales, pensiones, ayudas, becas...). El estanco del republicano pasaba a ser del ex combatiente, y los vencedores se repartían el dinero de los vencidos".

Los ganadores arrebataron a los perdedores todo cuanto tenían. Fusilaron a decenas de miles de padres de familia, expoliaron a las viudas, recaudaron sin miramientos el dinero imprescindible para alimentar a sus hijos durante la posguerra, les despojaron de su medio de vida, su oficio, depurando a los maestros, requisando los pequeños comercios, bares, restaurantes que tenían, y todo, por ley. Un BOE de septiembre de 1938 da cuenta de las órdenes al Banco de España para requisar el dinero rojo. Con ese documento, las familias afectadas acuden 70 años después al Gobierno. "Si nos lo quitó el Estado, nos lo ha de devolver el Estado", repite Lidia Jiménez, tesorera de la asociación de afectados.

Franco utilizó dos mecanismos para empobrecer y humillar al enemigo: las juntas provinciales de incautación, que fue abriendo como sucursales según avanzaba su ejército, y la Ley de Responsabilidades Políticas, a la que recurrió como un método de represión, pero, sobre todo, de incautación. "Así es como hizo su botín", explica Casanova. "La ley buscaba responsabilidades políticas, pero en realidad era un mecanismo confiscador. Muchas veces iban a por alguien porque tenía dinero. Hasta 1941 se abrieron unos 125.000 expedientes, y, después, otros 200.000. Imponían penas privativas de libertad, pero sobre todo, económicas, requisando sus bienes y obligándoles a pagar multas muy fuertes. Y la Ley de Responsabilidades Políticas fue también un método para saldar cuentas. Unos vecinos se denunciaban a otros para quedarse luego con su bar, su pequeño comercio...".

Y con todo, aquel millar de familias logró salir adelante. "Mis padres sufrieron mucho. Mi padre volvió muy enfermo de luchar en el frente y poco después mi madre tuvo que entregar las 7.300 pesetas que tenían ahorradas en el Ayuntamiento. Se quedaron sin nada. No teníamos ni para comer", relata María Casals, de San Vicente de Castellet (Barcelona). "Recuerdo una vez que mi padre pasaba en tren por delante de mi casa. Venían de Valencia y me lanzó unas naranjas. No pude coger ni una porque empezaron a salir unos niños hambrientos de todas partes y se las llevaron todas. Mis padres lo pasaron muy mal. Sin trabajo, sin dinero, después de una guerra... Salimos adelante porque siempre hay gente buena y el dueño de una tienda nos permitía comprar sin dinero, con la promesa de ir devolviéndoselo. No sé si entonces sabría lo que nos había pasado, porque la gente no hablaba de esas cosas, por miedo, pero nos ayudó".

María, como Roberto, no necesita ahora ese dinero como entonces le urgía a sus padres para sobrevivir. "Pero mis padres sufrieron mucho injustamente y estarían contentos de que yo esté peleando por ellos", explica María. Para Roberto es una cuestión de dignidad: "Toda la vida fuimos los apestados, los rojos. Nos miraban como si lleváramos el diablo encima. Parece que les estoy viendo... Si quiero recuperar ese dinero es para dignificar a mi familia, pagar por lo que tuvo que sufrir".

"Es suyo", repite Lidia Jiménez. "Esperamos a que llegara la democracia, porque pensamos que la democracia lo pondría todo en su sitio. Los partidos políticos y los sindicatos recuperaron lo que les habían quitado, y nosotros no. Seguimos esperando, después, a que se aprobara la Ley de Memoria Histórica, y tampoco nos incluyó. ¿Cuánto más tenemos que esperar? ¡Que lo solucionen ahora, que los afectados aún están vivos! Vamos contrarreloj porque son gente muy mayor y no están pidiendo subvenciones, están reclamando lo que es suyo. Y ese dinero está en las arcas del Estado porque fue el Estado el que nos lo incautó".

Lidia se enfada. "Todos los partidos políticos nos han dicho que entienden nuestro caso y el daño causado, pero nadie se atreve a solucionarlo. ¿Por qué a otros sí y nosotros no?".

Recientemente, el diputado de CiU Jordi Xuclá pidió a la Comisión Constitucional del Congreso votos para aprobar una proposición no de ley para elaborar un censo de perjudicados por las incautaciones franquistas y tratar de resarcirles. "Este Parlamento reparó a los partidos políticos y a los sindicatos", y "por vergüenza" no ha sido capaz de reparar a los ciudadanos de la España de los vencidos, añadió. PP y PSOE votaron juntos en contra de la propuesta. El socialista Jesús Quijano alegó que la elaboración de ese censo podría despertar en los perjudicados falsas esperanzas y que, en cualquier caso, no había pruebas documentales que permitieran devolver el dinero incautado durante el franquismo. CiU también solicitó que se reparara al clero afectado por las colectivizaciones anarquistas de 1936.

Franco entró vencedor en España, y se sirvió. De todo cuanto había. Robó a los ricos y a los pobres; a los políticos y a los agricultores. "Por ejemplo, las máquinas del periódico Solidaridad Obrera, que en Barcelona competía con La Vanguardia, pasaron a manos de los vencedores y empezaron a imprimir Solidaridad Nacional", relata Casanova.

Por supuesto, el dictador también se apropió del patrimonio de los partidos y los sindicatos, como CGT y UGT, que habían acumulado mucho dinero con las cuotas de sus afiliados además de disponer de numerosos inmuebles. Los pactos de la transición permitieron que los recuperaran, no así las familias republicanas o las élites que habían huido al exilio, como el propio jefe del Gobierno de la República, Juan Negrín.

Su nieta, Carmen Negrín, sigue peleando en los tribunales por aquel patrimonio. "Eran más de 25 propiedades, algunas muy importantes, sobre las cuales han construido, vendido y vuelto a vender. Los compradores, inclusive cuando es el Estado, suelen decir que lo compraron legalmente. El vendedor, obviamente, por lo general era algún amigo del régimen. ¿Su valor? Varios centenares de millones de euros actualmente".

Para Carmen Negrín esa pelea es "una cuestión de principios". "Cuando yo era niña y le preguntaba al abuelo: '¿Por qué no vamos a ver dónde vivías antes?' , se reía y decía que ya no había nada que ver. En cierta forma, tenía razón. Después he sabido que seguía el tema de lejos".

Su padre puso a una de sus empresas el nombre de una de las fincas que les habían robado, y uno de los tíos de Carmen, Juan, luchó en nombre de los herederos por recuperar los bienes. "En cierta forma, pienso que mi padre y mis tíos han sido posiblemente más afectados que mi abuelo, que era más realista. Había luchado por la República, pero ya no estaba dispuesto a luchar además, por lo suyo personal. Miraba hacia el futuro, y por eso, para él, lo más importante era que cada uno de nosotros tuviera una educación que nos permitiera ser autónomos, sin contar con nada de otra vida anterior".

¿Tienen alguna oportunidad estas familias de recuperar lo que es suyo? "En otras dictaduras con procesos de incautación fuertes, como la argentina, este tema se ha solucionado, pero había pasado muy poco tiempo. Aquí el gran problema son los 70 años de diferencia", explica Casanova. "La gran élite política de la República murió en el exilio. Si hubiesen vuelto al morir Franco, no sólo podrían haber iniciado ese proceso de reparación en la transición, la hubiesen protagonizado".

Los judíos reclamaron los bienes que les habían arrebatado los nazis en las comisiones de compensación, creadas nada más terminar la guerra. Los que perdieron aquella oportunidad todavía reclaman sus bienes por la vía judicial, sobre todo, obras de arte.

"El modelo de reparación de las expropiaciones es muy amplio, e incluye a las dictaduras comunistas. "En la antigua URSS se prohibió la religión y requisaron todos los bienes de la Iglesia. Con el tiempo han recuperado su patrimonio. La Iglesia ortodoxa ha salido muy fortalecida de esa reparación", añade Casanova. "Pero aquí el problema es el tiempo".

(Publicado por El País - España, 11 abril 2019)
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