Editores, periodistas, músicos, actores, escritores y el sector audiovisual tendrán derecho a una remuneración justa por parte de los buscadores y redes sociales de Internet, según el acuerdo alcanzado por la Comisión Europea, el Europarlamento y el Consejo.
De esta forma, si Parlamento y Consejo aprueban definitivamente la Directiva pactada, Google, Facebook, Instagram, Linkedin o Youtube estarán obligados a obtener la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o bien bloquear los contenidos si los creadores no quieren darles la licencia. Si no lo hacen así, la Directiva les convierte en responsables directos de infracciones sobre los derechos de autor.
Las encuestas del Ejecutivo comunitario estiman que en 2016, último ejercicio con cifras oficiales, el 57 por ciento de los usuarios de Internet accede a artículos de prensa a través de redes sociales, agregadores de información o motores de búsqueda. El 47 por ciento de estos usuarios lee extractos compilados por estos sitios sin hacer clic.
Los periodistas, como autores de los artículos en las publicaciones de prensa, son considerados esenciales en el sector de la prensa para proporcionar contenido periodístico confiable y de calidad, estima Bruselas. Por ello, para asegurarse de que estos profesionales se beneficien económicamente del derecho de los editores de la prensa, la Directiva establece que recibirán una parte adecuada de los ingresos generados por ella. Al garantizar la sostenibilidad del sector de la prensa, la Comisión Europea estima que el nuevo derecho fomentará medios plurales, independientes y de alta calidad, que son esenciales para la libertad de expresión y el derecho a la información en nuestra sociedad democrática.
No obstante, los actos de hipervinculación y la reutilización de palabras sueltas o extractos muy breves de las plataformas y servicios en línea quedarán excluidos del alcance del nuevo derecho otorgado a los editores de prensa de publicaciones de prensa.
Las universidades y las organizaciones de investigación estarán exentas de estos requisitos sobre los derechos de autor y les permitirá utilizar tecnologías automatizadas para analizar grandes conjuntos de datos con fines científicos en toda seguridad jurídica, incluso cuando participan en asociaciones público-privadas. Para las entidades comunitarias, esta decisión servirá para apoyar los esfuerzos científicos y la innovación, por ejemplo, ayudando a encontrar curas para enfermedades o nuevas formas de abordar el cambio climático.
Otra excepción, para la enseñanza en centros educativos y docentes cubre el uso digital transfronterizo de contenido protegido por derechos de autor con fines de ilustración para la enseñanza, incluso en línea.
(Publicado por El Economista - España, 15 Febrero 2019)
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