martes, 9 de outubro de 2018

Aborto

Piden a TC no limitar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo: Colombia

La magistrada Cristina Pardo será la encargada de realizar una ponencia en la que se limitaría este procedimiento

Centenas de mensajes en twitter se sumaron a la tendencia #Cortenolimiteelaborto, una campaña virtual a la cual varias organizaciones de derechos humanos se sumaron para solicitarle a la Corte Constitucional que no limite ni cambie la línea jurisprudencial definida en la sentencia C-355 de 2006, mediante la cual se avaló el derecho al aborto en tres situaciones concretas.

Las organizaciones Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres, el Centro de Derechos Reproductivos, Profamilia, Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, Women’s Link Worldwide y Dejusticia le solicitaron a la Corte que “decida a favor de los derechos de las mujeres”, en el caso que definirá la Sala Plena del máximo tribunal constitucional, frente a el caso que enfrentó una mujer que tuvo que sufrir múltiples trabas administrativas para realizarse un proceso de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Las organizaciones temen que ” este alto tribunal limite las semanas en las que una mujer puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, pues argumentan que esto pondría en riesgo sus vidas, su salud y aumentaría las barreras existentes que impiden la garantía de este derecho”.

También explicaron que limitar el tiempo para la realización de una IVE afectaría seriamente los derechos a la salud y la vida de las mujeres que decidan realizar este procedimiento cobijadas por las causales constitucionales definidas. Las organizaciones argumentaron que ” el peligro para la vida o salud de la mujer y la inviabilidad fetal —que son causales de aborto permitidas en Colombia— podrían diagnosticarse en semanas avanzadas del embarazo” y limitar el “tiempo sería incompatible con estas causales. Por otro lado, este requisito adicional aumentaría las barreras que ya existen para las mujeres que necesitan acceder a este derecho”.

De igual forma, las solicitantes arguyen que la Corte Constitucional debe eliminar las barreras procedimentales que existen en el país para que las mujeres puedan acceder a este tipo de procedimientos. Dijeron que “es necesario que la Corte contribuya a eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer su derecho, especialmente las que habitan en áreas rurales, las más pobres y las que tienen menos acceso a información”.


(Publicado por El País - Uruguay, 9 octubre 2018)
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