Con esta iniciativa de ley, el Poder Ejecutivo pretende complementar las medidas establecidas en el Decreto de Urgencia N° 003, que se incentive la colaboración eficaz de las empresas y personas involucradas y que esto no afecte la reactivación económica del Perú.

Luego de dicho trámite, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza, hizo un llamado al Congreso para que apruebe este proyecto "lo antes posible".

"Esperamos que el Congreso seguramente va a someter a análisis este proyecto, y seguramente va a sacarlo lo antes posible porque estamos ad portas de que se venza el Decreto de Urgencia N° 003, que ha estado rigiendo en este último año", detalló.

El ministro señaló que con esta propuesta de ley, el Estado ha reaccionado correctamente ante la situación generada por la corrupción de las empresas, principalmente constructoras.

"Se ha mejorado la forma de enfrentar la situación a efecto de que hayan las reservas y que se vayan, desde ahora, haciendo esas reservas con miras a afrontar posibles daños a empresas", comentó.

Asimismo, mencionó que gracias al Decreto de Urgencia N° 003, se han podido retener S/ 25 millones a las empresas acusadas de corrupción.

"Gracias a ese decreto se pudo evitar que se vendieran activos de las empresas y se ha podido retener no la suma que se hubiera querido, o esperado, pero se han retenido S/ 25 millones en fideicomisos", finalizó.

Caso Chaglla
Mendoza mencionó que en el caso de la central hidroeléctrica Chaglla, que posee Odebrecht en Perú, no está involucrada en hechos de corrupción.

"Es un bien que tiene en el Perú, terminado y funcionando. La venta de ese bien está restringida y tiene que ser previa autorización del Estado", anotó.

Sin embargo, detalló que hay empresas interesadas en comprar la hidroeléctrica Chaglla, de las cuales una es de origen chino.

"¿Por qué demora (la venta)? pues porque hay una serie de deudas que tienen que desconocerse o reconocerse antes de la venta porque el Estado va a retener una parte de esa venta que está por determinarse", mencionó.

Atritos

Mientras el oficialismo quiere acelerar la aprobación del proyecto de ley que reemplaza el decreto de urgencia 003 –que cautela la reparación civil y evita vender los activos de la empresa Odebrecht y sus consorciadas– la oposición sostiene que este debe verse en marzo cuando el Congreso reinicie la legislatura y pueda ser analizado por las comisiones de Economía y Justicia.

Contra reloj
Miguel Torres cuestionó, en nombre de Fuerza Popular (FP), que a solo días de vencerse la vigencia del Decreto de Urgencia Nº 003, el Gobierno envíe un proyecto de ley "sumamente técnico para ser debatido y aprobado contra el tiempo" en la Comisión Permanente del Parlamento.

"Tenemos que poner de manifiesto nuestra preocupación porque resulta que el Gobierno ha esperado más de un año para modificar el decreto de urgencia (...) A solo tres días de que este quede sin vigencia, el Ejecutivo ha decidido enviar un proyecto de ley al Congreso de la República. Llama mucho la atención porque el Ejecutivo sabe que estamos en un momento de receso y que las comisiones no están funcionando", declaró el fujimorista Torres.

Nuevo decreto
En esa medida el parlamentario sostuvo que si bien el Congreso le dará prioridad al proyecto en las comisiones ordinarias, en especial en las de Economía y de Justicia, a partir de marzo, el Ejecutivo debe emitir otro decreto que asegure los intereses del Estado.

"Si lo que están haciendo es pretender sorprendernos para que no encontremos los vacíos, pues se equivocaron. Si no (dictan otro decreto)ellos serán los responsables de cualquier perjuicio en la reparación civil", indicó Torres.

Incluso, sostuvo que la premura del Gobierno los lleva a sospechar que "quizá haya alguna intención de parte del Ejecutivo de complicar la situación del resguardo de los intereses de la población, en colusión con algunas empresas que hayan estado en algunos actos de corrupción".

Sostuvo que en caso venza el plazo del DU 003 sin aprobarse el proyecto, la empresa Odebrecht podría retirar sus activos hacia el exterior y hacer transferencia de sus proyectos, sin ningún control del Ejecutivo.

"Dejaría la puerta totalmente abierta y se pondría en un terrible peligro el resarcimiento del Estado peruano", sostuvo el legislador.

Exoneración
Por su parte, el vocero de la bancada oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK), Gilbert Violeta, reclamó que el Gobierno necesita la exoneración de trámite de comisiones para que el proyecto pase directo a debate en la Comisión Permanente, dado el receso actual del Congreso y que no se encuentran sesionando las comisiones ordinarias.

El oficialista Violeta descalificó el argumento de Torres referente a la complejidad técnica del proyecto enviado por el Ejecutivo, lo que impediría que este sea debatido en la Comisión Permanente.

"Ojalá ese fuera el razonamiento para todos los temas que se debaten en el Parlamento. Hemos visto, en infinidad de casos, que cuando se han querido sacar adelante ciertas normas no se ha escatimado en exonerarlas del trámite de las comisiones", replicó Violeta.

"Tenemos que expresar claramente nuestra voluntad política de lucha anticorrupción y sacar adelante esta medida", insistió el vocero de PPK.

No obstante, el oficialista admitió que si el Parlamento no aprueba la norma, el Ejecutivo se verá obligado a emitir un nuevo DU para cubrir el vacío legal que se presentaría a partir del martes 13, cuando venza el DU 003.

Violeta descartó las sospechas de Torres y recalcó que el Ejecutivo no pondrá en riesgo el fondo necesario para el pago de la reparación civil.

Asimismo, defendió el proyecto enviado por el Ejecutivo y lo calificó de "sustancialmente mejor" que el DU 003, en tanto favorece las delaciones y porque garantiza un monto importante para el fondo destinado al pago de las reparaciones civiles que el procurador deberá establecer a favor del Estado.

El texto del Ejecutivo que ha originado este desencuentro con el Congreso se titula "Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía".

Incluye una clasificación de empresas de acuerdo con tres tipos: las condenadas o que han confesado actos de corrupción; las asociadas o consorciadas sin importar el porcentaje que hayan tenido en los consorcios; y las investigadas por el Ministerio Público.

La clave
- Más dudas. El vocero de la bancada de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, también mostró sus reparos en que el proyecto elaborado por el Ejecutivo sea debatido en la Comisión Permanente. "El plazo es demasiado corto (...) Si no hay una continuidad en la vigencia del decreto de urgencia (003) hay un vacío que puede ser aprovechado por la empresa en 24 horas para vender y sacar los fondos", dijo.

(Publicado por Gestión y La República - Perú, 9 febrero 2018)
_______________