El pedido de prisión preventiva alcanza – de acuerdo a la Fiscalía – a José Alejandro Graña Miró Quesada, expresidente de la constructora Graña y Montero, así como a Gonzalo Ferraro Rey, expresidente ejecutivo de Graña y Montero.

También está comprendidos Hernando Alejandro Graña Acuña, exdirector de Graña y Montero, Fernando Martín Gonzalo Camet Picone, presidente de JJ Camet Contratistas Generales y José Fernando Castillo Dibós, director gerente general de ICCGSA.

El pedido de prisión preventiva es por 18 meses y esta deberá ser decidida por el Poder Judicial, en una audiencia pública.

Datos

El grupo Graña y Montero (G&M) "cedió" 45 millones de soles en dividendos a su socia Odebrecht en diversas concesiones bajo el concepto de "riesgos adicionales". Esto pese a no tener acceso a información relevante sobre los costos de las obras.

Así lo determinó una investigación encargada a la firma internacional de abogados Simpson, Thatcher y Bartlett por la propia G&M, según reveló

El presidente del directorio de G&M, Augusto Baertl Montori, reconoció que el proceso no estaba dentro de los estándares de control adecuados, según recoge la citada revista.

"Por este informe el Comité de Riesgos tiene el encargo de asegurarse que G&M tenga una participación activa en los consorcios que participe" en el futuro, dijo Baertl.

De la mano
Entre los megaproyectos que Odebrecht y G&M obtuvieron juntos se encuentra la Línea 1 del Metro de Lima.

Ambas compañías formaron el Consorcio Tren Eléctrico de Lima, que ganó la buena pro durante el segundo gobierno de Alan García por 410,2 millones de dólares.

Las irregularidades detectadas en este proyecto están registradas en tres informes de la Contraloría General de la República. Entre ellas se encuentra la ampliación del plazo de la obra, que liberó el pago de penalidades por 915,325 dólares.

Además, según investigaciones de la fiscalía, Odebrecht habría pagado más de siete millones de soles en coimas para ganar la buena pro de este proyecto.

El presidente del comité de licitación de la Línea 1, Edwin Luyo, cumple prisión preventiva mientras se le investiga por las presuntas coimas que recibió por parte de la empresa brasileña.

En el mismo informe para G&M, la firma Simpson, Thatcher y Bartlett detalló que no encontró evidencia de que la empresa peruana participara o supiera del pago de sobornos a funcionarios por parte de su socia Odebrecht.

Esto último todavía es investigado por el Ministerio Público, según informó semanas atrás el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

En problemas
Otros de los grandes proyectos que estuvo en las manos de Odebrecht y G&M fue el gasoducto sur.

A través del consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP), ambas compañías y la española Enagás trabajaron en la construcción de una red de ductos para transportar gas en el sur del Perú.

Sin embargo, perdieron la concesión a inicios de este año, tras los problemas económicos y judiciales en los que se vio envuelto Odebrecht por el caso Lava Jato.

El proyecto se encuentra paralizado, a la espera de que el Estado le entregue la buena pro a otro consorcio y le pague a GSP el dinero que le corresponda por sus avances.

La demora en el lanzamiento del nuevo proceso de licitación del gasoducto ha impactado en el desempeño financiero de G&M, según revela Semana Económica.

Mientras continúen las discrepancias entre el Estado y GSP por el monto de la devolución, es posible que los activos de G&M se vean más afectados.

“Con lo que ha pasado, no es coherente sostener que vamos a recuperar (la inversión en GSP) en un año”, reconoció el CEO de Graña y Montero, Luis Díaz Olivero.

La fiscalía también busca determinar si la constructora Odebrecht pagó coimas para adjudicarse este proyecto, el del gasoducto sur.

Claves
- Impagos. El consorcio CCDS (G&M y Odebrecht) aún arrastra deudas por alrededor de 200 millones de dólares a sus proveedores.

- Avisados. La investigación que realiza la fiscalía contra G&M se hizo pública a raíz de presiones del Legislativo.

(Publicado por Gestión - Perú, 1 diciembre 2017)