Odebrecht

Justicia de Ecuador ordena la prisión de un ex ministro por recibir soborno de Odebrecht

Según la Fiscalía , Alecksey Mosquera, ex ministro de Electricidad, "se habría beneficiado" de 920,000 dólares.

lunes, 24 de abril de 2017

 El procurador general de la República, Jean Rodríguez, solicitó formalmente que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) realice una auditoría forense a todas las obras construidas en el país por la empresa Odebrecht, “para determinar en forma veraz si en las mismas existen sobrevaluaciones”.

Así lo informó hoy la Procuraduría General de la República mediante un comunicado en el que explicó que este requerimiento se formuló mediante una carta dirigida al presidente del organismo de control externo, Hugo Francisco Álvarez Pérez, que fue acompañada de una relación de las obras construidas por la multinacional y la especificación de la entidad gubernamental responsable de cada una de ellas.

La Procuraduría indicó que “es imprescindible disponer de este estudio técnico para indagar sobre la posible existencia de anomalías en los valores de las obras construidas por Odebrecht, señalando que las sobrevaluaciones son un capítulo distinto a la investigación por sobornos iniciada a finales de diciembre pasado”.

Dijo, además, que la Constitución de la República, en su artículo 248, así como también la Ley 10-04, en su artículo 10, asignan a la Cámara de Cuentas realizar auditorías de este tipo, en su calidad de órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.

Manifestó que desde que el Ministerio Público reciba esta auditoría la evaluará debidamente, garantizando que si se identifican infracciones de tipo penal, inmediatamente se procederá judicialmente contra las personas o empresas responsables, “a fin de que reciban sanciones ejemplares, que se repare el daño causado y el Estado sea debidamente resarcido”.

Odebrecht admitió ante la justicia estadounidense que entre 2001-2014 pagó unos US$92 millones en sobornos en el país para asegurar contratos públicos. Tras la admisión, la Procuraduría desarrolla una investigación desde diciembre del año pasado.

Abogados divergen sobre el tema

Las declaraciones del procurador Jean Alain Rodríguez de que las sobrevaluaciones de obras de parte de Odebrecht no es materia de la Procuraduría y que compete solo al ámbito administrativo, tienen lecturas muy disímiles entre los abogados del país.

Mientras algunos soportan la tesis de que las instituciones contratantes son las que deben determinar si las obras se construyeron al precio real, otros ven en la posición del procurador una evasión de su responsabilidad.

El pasado martes, tras conocerse que un juez homologó el acuerdo al que arribó la Procuraduría con la empresa Odebrecht por los US$92 millones de sobornos que pagó en el país, el Procurador declaró: “El rol nuestro es el Código Penal y el Código Procesal Penal, la ley de sobornos. En cuanto a Ley de sobornos estamos trabajando y ese es nuestro ámbito, ya el ámbito de la sobrevaluación es un ámbito administrativo que le compete a las demás autoridades y nosotros respetamos ese rol”.

Al respecto, el jurista Félix Damián Olivares entiende que, en efecto, la sobrevaluación es un aspecto técnico administrativo que da lugar a la revisión de los contratos y que los tipos penales que se cuestionan en la investigación que se sigue por Odebrecht es el soborno.

“Si hay sobrevaluación, quien tiene que perseguir es la parte contratante, o la Cámara de Cuentas que llame al CODIA en materia de ingeniería para que dé el dictamen de si hubo o no”, considera.

Pero el abogado Carlos Pimentel, uno de los integrantes del movimiento Marcha Verde, que demanda el fin de la impunidad en el país, considera las declaraciones del Procurador “una barbaridad”.

“El Ministerio Público tiene competencias para conducir una investigación donde se demuestre la sobrevaluación de obras, para eso solo hay que tener la voluntad y auxiliarse de peritos forenses que puedan auditar las obras. De esa manera identificar si existe o no sobre valuaciones, y entonces se configura un tipo penal que el Ministerio Público puede perseguir”.

El abogado Cándido Simón Polanco es enfático al afirmar que “eso es evasión de responsabilidad, porque la sobrevaluación es estafa contra el Estado, que es un tipo penal, por lo cual es de su absoluta responsabilidad investigarlo”.

Delatores en Brasil afirmaron que Odebrecht mantenía una Caja 2, desde la que pagaba sobornos y financiaba campañas políticas dentro y fuera de Brasil. Dicha caja se alimentaba con una tasa de 22% que se aplicaba a las obras.


(Publicado por Prensa Libre - República Dominicana, 23 abril 2017)

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