Abogados

Más de 1.000 abogados voluntarios para asistir a refugiados

Advierten del peligro de vulnerar derechos y libertades exigiendo requisitos extraordinários.

lunes, 14 de setembro de 2015

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ya cuenta con más de un millar de abogados voluntarios para asistir a refugiados en toda Europa. El pasado 4 de septiembre, este organismo, que agrupa a los colegios de abogados de España, abrió un registro para crear una base de datos de letrados voluntarios dispuestos a ayudar a los desplazados por la guerra de Siria en puntos calientes como la frontera húngara. Hoy, cuando se ha empezado a publicitar entre todos los colegios, este registro ya supera los mil inscritos.

La Abogacía Española ha creado un comité de crisis que se ha reunido por primera vez esta mañana en Madrid con el objetivo de analizar la situación que se está dando en Europa y diseñar planes de actuación concretos. En palabras de Carlos Carnicer, presidente del CGAE que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del comité: "Se trata de establecer un aparato que permita atender situaciones de verdaderas violaciones de Derechos Humanos por los obligados desplazamientos de seres humanos en busca de refugio por una guerra que nadie entiende pero ellos padecen".

Más allá de la bolsa de letrados voluntarios, que esperan se incremente notablemente ahora que empezará a difundirse su existencia y la del propio comité de crisis del CGAE entre los colegios de abogados de toda España, lo que pretende la Abogacía Española es, según ha afirmado Carnicer, "ofrecer un servicio extraordinario que obligará a actuaciones extraordinarias".

De momento, este registro de letrados permite mantener una "base de datos latente" de especialistas dispuestos a desplazarse a cualquier "punto caliente" de Europa para asesorar en materia de peticiones y tramitaciones de asilo en España a los desplazados por la guerra de Siria.

Oriol Rusca, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Abogacía Española y decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, ha sido contundente al incidir en lo excepcional de la situación. "Entendemos que, cuando se trata de derechos fundamental y de la dignidad de las personas, esto tiene que estar por encima de las leyes", ha asegurado Rusca, que ha criticado la gran divergencia existente entre la teoría y la práctica en lo que a procesos de solicitud de asilo se refiere.

Si la ley establece un periodo de entre tres y seis meses, Rusca ha denunciando que la realidad es que estos procesos se dilatan entre tres y cuatro años. "No sabemos cuál es la raíz del problema, pero la Abogacía se ha ofrecido al presidente del Gobierno" para resolver la situación y devolver las tramitaciones de asilo a los tiempos previstos en la ley.

En su opinión, con la falta de actuación por parte de los estados europeos y de la UE "si no hay vulneración de Derechos Humanos, desde luego sí hay una dejación".

Críticas al ministro del Interior

Además, el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona ha advertido sobre el peligro de "establecer requisitos fuera de la norma" y ha señalado directamente al ministro del Interior, Jorge Fernández, por sus palabras de ayer advirtiendo del peligro de que entre los demandantes de asilo se encuentren 'yihadistas': "Querer establecer que puede haber una merma en los derechos y libertades en función de que 'es que aquí se cuelan yihadistas y tal'... Oigan, esto es una función que el Estado tiene que cubrir y garantizar. Si la ley marca unos requisitos hay que cumplir estos requisitos, y se acabó la historia".

Ampliando el ámbito a la Unión Europea, el responsable de las Relaciones Internacionales de la Abogacía Española se ha mostrado sorprendido por el hecho de que "no se hayan adoptado soluciones más rápidamente ante gente que huye de la muerte". Además, Rusca ha querido dejar claro que se trata única y exclusivamente de un problema político, "pues ya hay presupuestados 3.100 millones de euros para el periodo 2014-2020 para el fondo de asilo, inmigración e integración de la Unión Europea".

En la misma línea, Pascual Aguelo, presidente de la subcomisión de Extranjería de la Abogacía Española, ha recordado que esta institución "ya advirtió hace unos días que incumplir el derecho de asilo puede suponer un crimen internacional" y ha destacado que la UE "ya cuenta con un acabado y completo sistema común de asilo desde julio de 2015". Es decir, que sólo queda "que la Unión Europea sea garante de sus propias normas".

(Publicado por El Mundo - España, 9 septiembre 2015)
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