El Gobierno prepara una ofensiva judicial para recuperar la iniciativa frente a los fondos buitre. Entre otras cosas, pedirá por escrito al juez Thomas Griesa que remueva a Daniel Pollack, que actuó como mediador entre las partes, por considerar que su desempeño estuvo muy lejos de ser imparcial. También avanzará legalmente sobre el Banco of New York (BoNY), porque incumplió la instrucción de pagarle a los tenedores de bonos que habían ingresado a los canjes de la deuda. Y pedirá a través de la Comisión de Valores que se investigue una posible manipulación con los seguros contra default.

La decisión de pedir la remoción de Pollack fue confirmada ayer por el viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis.

"El próximo paso es pedir la remoción de Pollack, que se está poniendo la camiseta de los buitres", indicó en declaraciones radiales.

Pollack quedó en la mira de los funcionarios argentinos el miércoles pasado, tras el fracaso de las negociaciones en Nueva York. En el mismo momento en que el ministro Axel Kicillof ofrecía una rueda de prensa en el Consulado, el mediador publicó un comunicado en el que advertía sobre el impacto negativo que tendría un default sobre la Argentina, muy lejos de una actitud imparcial.

A partir de allí, Kicillof lo criticó con dureza. El viernes, en un comunicado, Economía reveló que sus abogados habían hecho un pedido verbal ante Griesa para relevar a Pollack. Pero el juez rechazó el pedido. Ayer Alvarez Agis dijo: "Lo negó en forma oral. Nosotros ahora vamos a hacer la presentación formal y veremos qué contesta".

La decisión del Gobierno sobre este punto lleva otro mensaje implícito: la Casa Rosada está dispuesta a seguir negociando bajo las condiciones de "equidad, legalidad y justicia" que invocó Kicillof durante todo el proceso. Pero no aceptaría hacerlo mientras siga el mismo abogado como mediador.

La Secretaría Legal del Ministerio de Economía también trabaja ya en la redacción de una presentación judicial contra el BoNY. Este banco fue contratado como agente de pago del país ante los inversores. Por eso, antes del vencimiento original del 30 de junio pasado el Gobierno le transfirió una suma de dinero entre la que estaban US$ 539 millones para los tenedores de bonos Discount. Pero el banco sólo acató el fallo del juez Griesa, quien le ordenó devolver a la Argentina aquella suma dado que el país no estaba pagando al mismo tiempo a los fondos buitre.

La ofensiva judicial es paralela a la estrategia política que desarrolla el Gobierno para buscar apoyos en foros internacionales. Ayer también aportó ideas para aquella ofensiva el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.

"Habría que explorar la posibilidad de demandar a los fondos buitre", propuso en una entrevista que publicó el diario oficialista Página 12 . Zaffaroni sostuvo que hay evidencias como para probar que los fondos buitre "no son adquirientes originarios de bonos, sino que los compraron para interferir o desbaratar negociaciones como medio extorsivo".

En este sentido, varios expertos admitieron que es llamativo que el juez haya delegado en el fondo NML la facultad de decidir si le daba o no más tiempo a la Argentina para seguir negociando y evitar el default. El fondo buitre propiedad de Paul Singer negó esa chance y se activó para ellos y otros acreedores el cobro de los seguros de default por montos millonarios en dólares. En el directorio de la entidad de EE.UU. que se encargó de votar si se habilitaba el pago de los seguros se sientan representantes de NML. Estos y otros elementos alimentan la estrategia judicial del Gobierno La Comisión Nacional de Valores hará hoy una presentación ante su similar de EE.UU. por "posible manipulación de mercado" con estos seguros.

Juez ordena retomar el diálogo

El magistrado estadounidense Thomas Griesa le ordenó el viernes a Argentina retomar las negociaciones con sus acreedores "holdouts" para buscar una solución a la disputa que la hundió en un default, advirtiéndole que baje su tono de confrontación.

Mientras se desarrollaba la audiencia convocada por el juez de distrito de Nueva York Griesa, un comité de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés) declaró el default como un "evento crediticio", disparando el pago de seguros contra un default argentino valuados en aproximadamente 1.000 millones de dólares.

Argentina cayó en su segunda cesación de pagos en 12 años en la medianoche del miércoles, luego de que fracasaron negociaciones con los "holdouts" para conseguir que Griesa levantara un bloqueo que le impide honrar títulos emitidos bajo leyes extranjeras valorados en 29.000 millones de dólares.

El magistrado dictaminó que Argentina debe llegar primero a un acuerdo con los fondos liderados por NML y Aurelius, que obtuvieron una sentencia favorable de Griesa para ser compensados con 1.330 millones de dólares más intereses por el default del país sudamericano en el 2002.

El Gobierno argentino, que califica a estos fondos de "buitres", ha dicho que no puede cumplir con la sentencia ni llegar a un acuerdo porque se lo impide una cláusula en las reestructuraciones de deuda que realizó en el 2005 y el 2010.

Griesa ordenó el viernes a las partes volver a la mesa de negociaciones porque un arreglo es "el único camino" para resolver la disputa. Y defendió el rol del mediador Daniel Pollack, a quien Argentina acusó de parcialidad e incompetencia. El juez además se mostró enojado con el Gobierno argentino por haberlo acusado de ser un "agente de los fondos buitres". "La República Argentina ha hecho afirmaciones en público que han sido altamente engañosas y esto tiene que parar", dijo.

Horas más tarde, el Ministerio de Economía argentino anunció en un comunicado que pidió al regulador de valores local CNV que investigue si el juicio en Estados Unidos es una "fachada de una maniobra especulativa en favor de los fondos buitres".

El Gobierno cree que el proceso legal podría ser una jugada para que también los fondos cobren seguros contra cesación de pagos que han reconocido tener, tras la declaración de la ISDA.

"La CNV solicitará a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) información precisa sobre las transacciones con esos títulos, para investigar si los propios fondos buitre, por sí, o a través de terceros, obtuvieron ingentes beneficios al no alcanzar un acuerdo", dijo el Ministerio.

Los activos argentinos profundizaron sus bajas tras la decisión del ISDA, pero después recortaron pérdidas o subían.

El índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires ganaba un 1,66 por ciento a las 1843 GMT tras llegar a caer más del 3,5 por ciento en la jornada.

Los bonos en dólares en el mercado extra bursátil de Buenos Aires perdían en promedio un 1,3 por ciento.

Declaración de Default 

Los 15 miembros del comité de resoluciones del ISDA decidieron por unanimidad declarar el "evento de pago" tras reunirse a pedido del banco suizo USB.

"Lo que es digno de confianza son los hechos. Lo que es digno de confianza son propuestas (...) Esto no es un concurso de personalidades", dijo Griesa.

El default añadirá presión sobre la economía argentina, que ya atraviesa por una recesión debido a una alta inflación y un pobre nivel de inversiones. Además expone al país a que sus acreedores le exijan que cancele por adelantado todos los bonos, lo que el Gobierno ya adelantó que resistirá en la justicia.

En las negociaciones que se llevaron a cabo el mes pasado en Nueva York, Argentina le reiteró a Pollack que no podía cumplir con la sentencia debido a que recibiría demandas por cientos de miles de millones de dólares de los tenedores de bonos reestructurados.

La cláusula que le impide al país ofrecer a los "holdouts" mejores términos que los ofrecidos en los dos canjes de deuda expira a fines de diciembre.

Los abogados de Argentina repitieron estos argumentos en la audiencia con Griesa y reiteraron que el país ya no confía en Pollack, que tras las fallidas negociaciones del miércoles sacó un duro comunicado en el que decía que los ciudadanos argentinos sufrirán por las decisiones tomadas por su Gobierno.

Medios de prensa dijeron que un grupo de banco privados liderados por JP Morgan estaría negociando con los "holdouts" adquirir sus títulos en default para destrabar la situación. Un portavoz del banco no quiso comentar las informaciones.

Argentina ha negado que haya entrado en default en la noche del miércoles, cuando venció el período de gracia para que los tenedores de sus bonos Discounts recibieran el pago de un cupón que venció a fines de junio.

El país asegura que su responsabilidad finalizó cuando depositó en tiempo y forma 539 millones de dólares en las cuentas en Buenos Aires del agente de pago del título, el Bank of New York Mellon (BONY).

El BONY luego no pudo transferir los fondos al extranjero por el bloqueo de Griesa, quedando el dinero atrapado en un limbo legal.

Sin embargo, en otro procedimiento, Griesa firmó una orden para permitirles a Euroclear y Clearstream -como hizo previamente con Citibank- realizar un pago por única vez en relación con ciertos bonos que fueron emitidos bajo ley argentina en las reestructuraciones del 2005 y del 2010.

Las agencias Standard & Poor's y Moody's colocaron las calificaciones de Argentina en default selectivo.

(Publicado por El Clarín - Argentina y Agencias, 4 agosto 2014)
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