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Binacionales incumplem ley que obliga hacer público lista de funcionarios y salarios

Las entidades Itaipú y Yacyretá violan abiertamente la Ley 5189/94 que las obliga a publicar sus listas de funcionarios con sus salarios e ingresos extras. Escudándose en su condición de binacionalidad

lunes, 28 de julho de 2014

Las entidades Itaipú y Yacyretá violan abiertamente la Ley 5189/94 que las obliga a publicar sus listas de funcionarios con sus salarios e ingresos extras. Escudándose en su condición de binacionalidad, plantearon una inconstitucionalidad que hasta ahora no fue resuelta. La Corte Suprema de Justicia había sacado en el 2013 un histórico fallo a favor de la transparencia.

Los entes binacionales siguen ocultando datos sobre el ingreso real con los nombres de sus funcionarios, con la excusa de que no pueden someterse a una ley interna.

La entidad Itaipú publicó un simple y burdo listado en el que incluyó nombres tanto de funcionarios paraguayos como brasileños. No menciona cargo, categoría, ingreso y mucho menos los jugosos sobresueldos que perciben cada uno de ellos.

En un cuadro aparte publica la escala de salario que está lejos de la realidad. Según la tabla salarial, el director paraguayo, James Spalding, percibe mensualmente G. 44.150.900. Sin embargo, según declaraciones de los propios integrantes del Sindicato de la entidad, el Steibi, Spalding tendría un ingreso que orilla los G. 200.000.000.

Lo mismo ocurre con la Entidad Binacional Yacyretá. Publicó un simple listado de los funcionarios y en un cuadro adjunto la tabla salarial donde el ingreso más alto es del director Juan Schmalko, y supuestamente asciende a G. 48.512.674. Funcionarios de la entidad aseguran que la máxima autoridad estaría teniendo un ingreso cercano a G. 150.000.000.

Tanto Itaipú como Yacyretá están pendientes de una inconstitucionalidad planteada ante la Corte Suprema de Justicia. Pero la máxima instancia judicial no se expidió aún sobre el particular. En tanto no exista prohibición, ambas entidades están obligadas a cumplir la ley de transparencia, aseguran juristas.

Itaipú alega que el tratado impide que la entidad cumpla lo que dicta una ley paraguaya, pero el director jurídico, Benigno López, hasta ahora no supo demostrar en qué parte del tratado figura dicha prohibición. A esto se suma que la entidad se sometió ya con anterioridad al cumplimiento de una ley paraguaya, la 5033/13, que reglamenta la declaración jurada de bienes, que deja un importante precedente y desbarata la excusa dada por la binacional.

La Corte Suprema, que deberá resolver la inconstitucionalidad, también sentó jurisprudencia en el 2013 al fallar a favor de la entrega de información pública a la ciudadanía. La histórica decisión fue aplaudida por toda la ciudadanía y dio inicio a una nueva etapa de transparencia en las instituciones públicas.

CSJ - Demanda

El 18 de julio pasado, Itaipú y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) plantearon una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de nuestro país contra la exigencia de la Ley 5189 de publicar la lista completa de funcionarios con salarios, gratificaciones y otros beneficios extras.

La negativa de los directores de los dos entes, James Spalding y Juan Schmalko, respectivamente, llama poderosamente la atención teniendo en cuenta que asumieron con el discurso de la "transparencia" y "buena gestión". Bajo esos criterios fueron disminuyendo el número de funcionarios de los dos entes supuestamente porque querían evitar más "sangría presupuestaria".

A 10 días de la presentación de la acción, la Sala Constitucional de la Corte, presidida por el colorado Víctor Núñez, aún no emite el fallo más esperado por la ciudadanía.

Disyuntiva

Por jurisprudencia, la Corte debe rechazar la acción de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que ya había fallado en un caso similar a favor de la transparencia. En caso de rechazo, la ciudadanía tendrá la oportunidad de enterarse aún más de las intimidades presupuestarias de los entes hidroeléctricos, que golpean fuertemente a la ciudadanía honesta, que en muchos casos sobrevive apenas con un salario mínimo y un aguinaldo.

Si la Corte falla a favor de los entes, probablemente vengan en cadena una serie de acciones de inconstitucionalidades de otras instituciones. Además, podría ser una buena oportunidad para que la ciudadanía también comience a cuestionar con más fuerza a este poder del Estado y a comenzar un nuevo proceso de juicio político.

Altas bonificaciones

Tres ministros de la Corte (Raúl Torres Kirmser, Alicia Puchetta de Correa y Bareiro de Módica), que integran el Consejo de Superintendencia, perciben G. 7 millones mensuales en concepto de bonificación, por gestión administrativa.

Además del salario, perciben gastos de representación, responsabilidad en el cargo, grado académico y antigüedad. Cerca de G. 40 millones cada uno (salario y beneficios).

(Publicado por El Diário ABC - Paraguay, 28 julio 2014)
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