España: Los gastos de palacio, viajes y contratos del Rey serán públicos

Los contratos, gastos en viajes, seguridad, mantenimiento de palacios y uso de vehículos oficiales de la Casa del Rey serán de dominio público. Hasta ahora, con los datos sobre sus cuentas que La Zarzuela empezó a hacer públicos en 2011, la casa real española era la más barata de Europa. La comparación no era rigurosa porque la Casa del Rey no incluía en el desglose de la asignación presupuestaria que recibe del Estado —7,9 millones de euros en 2013; 8,2 en 2012 y 8,4 en 2011—, los gastos en viajes de la familia real —que financia el Minsiterio de Asuntos Exteriores—, los de seguridad —que asume Interior—, los vehículos oficiales —Hacienda— o el mantenimiento de palacios —Patrimonio Nacional—. Con la Ley de Transparencia, los ministerios aludidos tendrán que hacer públicos todos esos gastos.

Tras media docena de reuniones e intercambio de documentos entre el Gobierno y La Zarzuela, se ha decidido que la Casa del Rey se incorpore a la nueva ley con un estatus diferenciado: no como una Administración pública, puesto que no lo es, sino como una institución similar al Congreso o al Senado. Esto supone, según han revelado a EL PAÍS fuentes conocedoras de la negociación de la ley, que no tendrá que presentar recibos o someterse a un control externo por parte del Tribunal de Cuentas, sino a un interventor interno. La Casa del Rey ya tiene al suyo, Óscar Moreno Gil, número uno de su promoción, al que La Zarzuela rescató de la jubilación en 2007.

La Casa del Rey es consciente de que una incorporación descafeinada a la ley podría ser peor remedio que la enfermedad y anularía cualquier efecto positivo del gesto de haber pedido voluntariamente esa inclusión pese a que el partido en el Gobierno, el PP, con mayoría absoluta, siempre se había opuesto a someter a la Corona a la norma. Por eso, desde La Zarzuela prometen una incorporación “profunda” a la ley y "pocas limitaciones dentro de un estatus diferenciado”. “No nos podíamos quedar fuera", añaden.

La Zarzuela asegura que ya el anterior jefe de la Casa, Alberto Aza, señaló hace más de dos años la necesidad de aumentar la transparencia para adaptarse a los nuevos tiempos. Desde la Casa del Rey insisten en que su voluntad es esa y que seguirán haciendo gestos en ese sentido en el futuro: "Para ser más transparentes y para tener mayor contacto con el ciudadano". Ahora, quien lo desee puede enviar un mensaje a la familia real a través de su página web, pero la Casa del Rey no está obligada a contestar.

Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, miembro de la junta directiva de Transparencia Internacional y de la comisión de expertos dedicados al estudio de la Ley de Transparencia, opina que la Corona debe incorporarse a dicha ley, pero con un estatus diferencial. Y pone un ejemplo: "El Rey podrá decir cuánto se gasta en comidas, pero no con quién ha comido, porque entramos en aspectos de confidencialidad". Las comunicaciones del Monarca, por ejemplo, una gestión con el presidente de un país extranjero para defender los intereses españoles, no serán públicas.

Tampoco ve necesario que el Rey dé a conocer su patrimonio —el personal que trabaja en La Zarzuela sí presenta una declaración de bienes—. "Hay que tener en cuenta que el Rey no dicta normas, no toma decisiones y no está afectado por la ley de conflicto de intereses e incompatibilidades", explica Villoria. "La publicidad del patrimonio solo tiene sentido si a través de eso podemos obtener información sobre posibles actividades ilícitas mediante la toma de determinadas decisiones". La clave de ese estatus diferenciado, resume Villoria, es que "solo se controlan aquellas actividades reguladas por el derecho administrativo: presupuestos, contrataciones y personal".

Tras dos meses de negociaciones, iniciadas, según La Zarzuela, por una llamada del jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, manifestando su voluntad de incorporarse a la ley, la fórmula todavía no está cerrada. "Está la música, pero falta la letra", dicen en La Zarzuela. Durante la negociación, el equipo del Gobierno (José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Presidencia) y el de la Casa del Rey (Rafael Spottorno, jefe de la Casa, y Alfonso Sanz, secretario general) han estudiado los modelos entre las casas reales europeas.

El Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos no obliga a las casas reales a someterse a la Ley de Transparencia, como se encargó de recordar la vicepresidenta cuando el Gobierno se oponía a incluir a la Corona en la norma. Sáenz de Santamaría puso de ejemplo a la monarquía británica, que no está incluida en la Freedom of Information Act, el equivalente en Reino Unido a la Ley de Transparencia. Eso no ha impedido a la casa real británica ser una de las más transparentes —en su página web detalla incluso el gasto en bebidas alcohólicas: 400.000 libras en 2012—. La casa real sueca, la danesa y la noruega someten a un control externo sus cuentas.

Negociaciones

El Gobierno va a debatir con las fuerzas políticas cómo incluir en la nueva Ley a Zarzuela, pero debido a las particularidades derivadas del hecho de que no se trata de una administración pública más, tendrá un tratamiento similar al del Parlamento, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. como ha reconocido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Ejecutivo mantiene "contactos" con la casa real para abordar su inclusión en la nueva normativa, algo que la Jefatura del Estado ve con "buenos ojos" y para lo que tiene "máxima disposición". "En las próximas semanas se hablará de nuevo con los partidos políticos al respecto", ha señalado.

En trámite desde septiembre

La norma, en trámite parlamentario desde el pasado mes de septiembre, pretende regular el acceso de los ciudadanos a la información de las Administraciones Pública y establece un catálogo de principios éticos, con infracciones y sanciones en caso de incumplimiento para miembros del Gobierno y altos cargos públicos.

Hace unos días, el PP aseguraba que se incluiría a la Casa del Rey en la nueva ley, pero parcialmenteHasta ahora, el grupo parlamentario popular había apuntado que bajo la nueva Ley de Transparencia podrían quedar los recursos públicos que emplean diversos ministerios, como Interior o Exteriores, al servicio de la Casa del Rey. En este sentido, el PP recordaba que la Constitución establece que el rey "distribuye libremente" la cantidad que recibe de Presupuestos Generales del Estado "para el sostenimiento de su familia y Casa".

Hace solo unos días, el PP aseguraba que se incluiría a la Casa del Rey en la nueva ley, pero solo parcialmente. Las partidas administrativas de la Corona, es decir, gastos asociados como los de la seguridad o los servicios y que se satisfacen a través de distintos ministerios, estarían incluidos en la futura normativa, cosa que hoy no ocurre.

(Publicado por El País y 20 Minutos – España, 8 abril 2013)
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