martes, 6 de março de 2012


Abogados

Uruguay: Abogados penalistas formarán nuevo gremio buscando jerarquizar la función

Un grupo de abogados penalistas creará una gremial independiente y enfocada en expertos en esa materia. Reclaman mejores condiciones para desarrollar su trabajo y critican que sus clientes no tienen garantías.

La idea de crear la Gremial de Abogados Penalistas (GAP) surgió a fines de 2011 en charlas informales entre varios profesionales que comparten la preocupación por el funcionamiento del sistema penal y entienden que es necesario reivindicar la figura del defensor.

Entre otras cosas, los abogados que integran el grupo (que ya están gestionando la personería jurídica ante el Ministerio de Educación y Cultura) consideran que, por ejemplo, al no poder tener contacto con sus clientes durante la investigación policial, eso disminuye las garantías porque las pruebas que surgen de allí son validadas por los jueces.

La GAP funcionará por fuera del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU), más allá de que muchos de los profesionales que la impulsan están afiliados a esa institución.

"Estamos preocupados y queremos trabajar para mejorar la situación de nuestro sistema, y eso implica promover leyes, hablar a nivel de los organismos estatales para proteger los derechos del abogado defensor penal y de sus patrocinados", explicó a El País el penalista Diego Durand, uno de los impulsores del grupo.

Durand, junto a sus colegas Fabio Di Nápoli, Javier Simonetti y Gustavo Salle, son cuatro de los abogados que han venido participando activamente en las reuniones de creación y organización de la GAP.

"No es un tema contra un juez, sino una preocupación por el funcionamiento del sistema", aclaró Durand, quien alertó que en la órbita penal "existe un debilitamiento del Estado de Derecho".

Los abogados también cuestionan que hay criterios de punitividad "muy severos" en los cuales "no hay criterio". "En un juzgado uno tiene una situación concreta, con un fiscal y con un juez y es una cosa, y una situación similar en otro juzgado determina una cosa totalmente distinta", relató Durand.

"Florero".

Uno de los principales reclamos de los penalistas es la imposibilidad que actualmente tienen de acompañar a sus clientes durante la etapa de indagatoria policial.

En muchos casos, según los abogados, en esas instancias existe coacción por parte de los efectivos hacia los indagados, pero de todos modos las pruebas que allí surgen son tomadas en cuenta por los jueces.

"Muchas veces en la etapa de instrucción el abogado pasa a ser una especie de florero", lamentó Durand.

Su colega Di Nápoli agregó: "No podemos ejercer nuestra profesión de la mejor forma. A eso se suma que tenemos un sistema que está tan desvirtuado que ni siquiera es posible evaluarlo".

"Se cree que el abogado penal es lo mismo que el procesado o indagado. Entonces, nos miran como si fuéramos delincuentes cuando en realidad somos operadores del Derecho que queremos creer en la Justicia", reflexionó Durand.

El actual Código del Proceso Penal (CPP), que rige desde 1980 y regula un sistema inquisitivo (donde el juez dirige la investigación y no el fiscal) y basado en lo escrito, "es una máquina picadora de carne", criticó Di Nápoli.

Si bien en 2011 se presentó un proyecto para reformar el CPP y pasar a un modelo acusatorio (donde el fiscal tendrá el rol de investigar) y en base a audiencias orales, la iniciativa todavía no ha sido analizada por el Parlamento. El gobierno anunció que la modificación del CPP será una de las prioridades para este año.

Severidad

Otro aspecto que los penalistas observan con preocupación es que las propuestas que existen a nivel político y social para mejorar los niveles de inseguridad pública se basan fundamentalmente en aumentar las penas.

"Es un error considerar que la solución pasa por tener penas más severas. Lo principal es que todos tengamos las debidas garantías en las investigaciones penales, porque un accidente de tránsito le puede ocurrir a cualquiera: a los abogados, a los legisladores o a los jueces", sostuvo Durand.

"Frente a un problema pueden haber soluciones alternativas, pero acá solo se ha propuesta una sola: el aumento de penas", lamentó Di Nápoli.

(Publicado por El País - Uruguay, 5 marzo 2012)
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