El juez argentino Norberto Oyarbide era un amante de los lujos. Recorría los tribunales de Comodoro Py luciendo trajes y zapatos de calidad. Llevaba un anillo de "brillante dorado" en una de sus manos. Oyarbide se jactaba, entre sus colegas y funcionarios, que el anillo le había costado US$ 250.000 y que, para comprarlo, había vendido los regalos que recibió durante cinco años.
El magistrado fue investigado por enriquecimiento ilícito. En un juzgado, dijo que había comprado el anillo en una joyería de Punta del Este por US$ 7.500. El anillo no figuraba en su declaración de bienes. El caso fue archivado.
Oyarbide fue el promotor en 2013 de un hecho inédito en Uruguay: tres allanamientos a sucursales bancarias en el marco de una investigación sobre evasiones de impuestos en transferencias millonarias de futbolistas del vecino país. En un principio trascendió que el propio Oyarbide participó en los allanamientos a sucursales del Royal Bank of Canadá (RBC). Luego se supo que eran sus ayudantes los que concurrieron a las actuaciones ordenadas por la entonces jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, cumpliendo el pedido de Argentina. De esta forma, la magistrada siguió los tratados internacionales de colaboración firmados por Uruguay.
El entonces fiscal especializado en Crimen Organizado Juan Gómez también participó en los allanamientos. Poco después de dichas medidas, el 31 de octubre de 2013, el RBC se retiró de Uruguay y despidió a todos sus funcionarios pese que a su actividad financiera y la economía del país crecían.
En una demanda presentada contra el Estado uruguayo, los funcionarios del RBC señalaron que el retiro del banco se debió al "accionar de la Justicia y de la Fiscalía"; se quejaron de supuestos malos tratos policiales en los allanamientos y reclamaron una indemnización millonaria, según señalaron fuentes del caso a El País.
El expediente, tramitado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 4° Turno, giró sobre las decisiones del juez Oyarbide, su exhorto enviado a Uruguay y los procedimientos judiciales efectuados en Uruguay. El titular de esa sede es el juez Gabriel Ohanian.
La demanda
Los funcionarios expresaron, en su demanda, que las acciones emprendidas por la entonces jueza De los Santos se cursaron "en forma ilegítima" exorbitando toda facultad judicial conferida legalmente.
Agregaron que, a las 11 de la mañana del 13 de junio de 2013, irrumpieron agentes policiales en las oficinas del RBC, obligando a los funcionarios a dejar sus actividades y conduciéndolos "a los empujones" hacia la recepción sin explicación alguna.
Destacaron que la actitud de los agentes fue "agresiva" y "prepotente en todo momento".
Meses después de los allanamientos, la Justicia Argentina declaró la nulidad de todas las diligencias ordenadas por Oyarbide en el marco de la investigación sobre pases de futbolistas.
El Poder Judicial defendió la decisión de la jueza De los Santos de ordenar los allanamientos, al señalar que hizo lugar a una solicitud cursada por la Justicia argentina, debidamente fundamentada y en virtud de lo dispuesto por el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales del Mercosur. Y entendió que no había motivo alguno para no cumplir con la medida y que un actuar contrario al efectivizado, hubiere supuesto sin duda el incumplimiento de la normativa internacional.
La Fiscalía General de la Nación entendió que la actuación judicial y de la fiscalía fue acorde a derecho y, por ende, negó que el cierre del RBC pueda deberse al allanamiento de sus oficinas en Montevideo.
El fallo
El juez Ohanian no hizo lugar a la demanda de los trabajadores del RBC en base a dos razones: la Justicia uruguaya debe cooperar con Argentina en materia penal sin ingresar en aspectos de fondo —detalles de la investigación de Argentina sobre evasiones de impuestos en transferencia de jugadores— y que si existiere una responsabilidad por los allanamientos a las sucursales bancarias uruguayas, recaería en los órganos del Estado argentino. Es decir, si se admitiera que existe un nexo causal entre los allanamientos a la sede del banco RBC y su salida del país, la responsable de la medida no es ninguna repartición del Estado uruguayo, sino que corresponde imputarle el allanamiento al Juzgado Criminal N° 5, cuyo titular era Oyarbide.
Ohanian destacó que los allanamientos contaron con la presencia del fiscal Gómez, profesional de "inveterada y pública trayectoria" y agregó que ello "brindó garantías" al banco RBC —que como señalan los demandados no cuestionó la conducta de las autoridades nacionales— y a los propios funcionarios demandantes.
Entendió que, durante los allanamientos, no hubo malos tratos ni abusos policiales y que lo que sufrieron los funcionarios no pasó de molestias relacionadas con actuaciones judiciales que impone la vida en sociedad.
(Publicado por El País - Uruguay, 18 septiembre 2018)
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