En vésperas del "día del trabajador" Migalhas latinoamérica se propuso dar una mirada a la situación laboral de los abogados.
En este trayecto detectamos nos enfocamos em los abogados que prestan serivios al estado y, en este trayecto detectados dos aristas bien marcadas: una que dice que los abogados que trabajan para el Estado en países como Bolívia, Venezuela, Ecuador, Argentina y otros son sometidos a rígurosas normas de vigilancia y control. Y la otra sostiene que en muchos países se considera que los abogados que trabajan para el estado son los más influentes.
Veamos entonces por país cómo es este trato.
Bolivia
En Bolivia, informes sobre la situación laboral de los abogados, obviamente de quienes prestan sus servicios en espacios públicos, parece estar supeditada a los caprichos del Ejecutivo, así lo demuestran las medidas que implanta el gobierno de Evo Morales para controlar el accionar de los juristas.
Los controles
En febrero pasado la Procuraduría General informó que desarrolla dos sistemas informáticos en plataformas web para controlar a los abogados que trabajan para el Estado, así como los procesos judiciales que se llevan en defensa de los intereses del país, ya sea a nivel central, de gobernaciones o de alcaldías.
El objetivo principal de estos sistemas, desarrollados con el apoyo del BID, es luchar contra la corrupción, la burocracia y la falta de ética que se detectó en el manejo de los casos en los que el Estado se ve involucrado.
El primer sistema se denomina Registro de Abogados del Estado (RAE). En él deberán figurar todos los juristas que prestan asesoramiento técnico jurídico en las instituciones, entidades y empresas de la administración pública, “sin importar que el profesional no sea de la Unidad Jurídica”, se lee en un comunicado.
Con ello, la Procuraduría busca conocer la cantidad y especialidad de los abogados; pero principalmente el motivo por el que dejaron sus cargos, cuando esto ocurra .
El Ministerio de Justicia aportará con los datos del Registro Público de la Abogacía que comenzó en 2009 para verificar si los juristas contratados figuran en esta base de datos.
El segundo sistema es el Registro Obligatorio de Procesos del Estado (ROPE). En éste deben figurar todos los casos judiciales en los que el Estado sea demandante o demandando y permitirá el seguimiento ya que la información debe actualizarse por lo menos cada seis meses.
Ambos sistemas, a los cuales se accederá a través de internet, se establecieron en la Ley 768, promulgada en diciembre de 2015. Los mismos están en desarrollo, se prevé que los registros empiecen en seis meses y terminen un año después.
La procuraduría también propuso la creación de un sistema para controlar a los abogados particulares que trabajan con el Estado.
Cumbre judicial
El gobierno del presidente Evo Morales promoverá en la cumbre de justicia la inclusión de sanciones "concretas y duras" contra los abogados involucrados en casos de corrupción en Bolivia. El evento está programado para junio .
Se pretende priorizar medidas para que el Ministerio Público cuente con más elementos procesales en el juicio y exista una sentencia justa para todos.
Según el Ministerio de Justicia, para la cumbre judicial de abril se definieron seis ejes que se deberán trabajar: el acceso a la justicia, la corrupción, la retardación, la política criminal, la formación de los abogados en el país y el tema de la elección de las altas autoridades del Órgano Judicial.
Año de provincia
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, informó que diversos sectores de la sociedad plantean que los abogados hagan año de provincia antes de ejercer la profesión para mejorar el sistema judicial boliviano.
Consideró que el año de provincia para los abogados serviría para que los nuevos profesionales pongan en práctica el conocimiento teórico que adquieran en las universidades.
Además, para que conozcan la realidad el área rural del país y expliquen aspectos jurídicos que no entienda la población.
Registro
En el marco de la reforma judicial, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, informó que se inscribieron al menos 51.000 juristas en el Registro Público de Abogados (RPA).
El registro, que comenzó en 11/2013 y concluyó 15/11/2015, tras la promulgación de la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía. Este proceso no afecta la afiliación que hacen los juristas en sus respectivos Colegios de Abogados, es decir que pueden inscribirse en ambas instancias.
Cuba
En Cuba no existen oficinas privadas de abogados. No obstante, el gobierno cubano autoriza a determinadas firmas (denominadas “bufetes”) el ofrecer asistencia legal a ciudadanos extranjeros. Los ciudadanos estadounidenses que requieran asistencia legal en Cuba deben contactar con uno de los bufetes listados emitidos por el gobierno.
Los individuos que necesiten pagar los servicios de un abogado en Cuba deben solicitar aprobación a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Washington D.C. 20220, describiendo detalladamente el propósito de la transferencia de fondos a Cuba.
Mercado legal
En el mercado legal, también ha habido noticias con respecto de la isla. A finales de julio, la firma española Olleros Abogados y la estadounidense McDermott Will & Emery anunciaron la formalización de su alianza para establecer un Cuban Desk. “El objetivo es brindar asesoramiento a clientes con intereses en Cuba”, indicó Jaime Olleros, socio fundador del despacho, quien además manifestó su intención de establecer una oficina en La Habana, una vez que las autoridades cubanas lo permitan.
En efecto, la legislación cubana prohíbe tanto la apertura de oficinas de abogados extranjeras en el país, como el establecimiento de alianzas con firmas locales. Pero más importante, el hecho de que los despachos cubanos son supervisados por el Estado cubano y, son efectivamente, parte de él, plantea no pocas dudas a los inversores extranjeros.
España
En España los abogados del Estado, son nombramientos que han confirmado una tendencia los últimos años, y es la colocación de los abogados del Estado al frente de importantes y prestigiosos bufetes en el país ibérico como Baker & McKenzie (Manuel Pizarro), Linklaters (Sebastian Albella), Ashurst (Gonzalo Jiménez-Blanco) o Latham & Watkins (Antonio Morales).
Siempre ha habido miembros de este cuerpo de élite situados como socios en importantes bufetes, pero nunca tantos en la primera línea ejecutiva o en la presidencia de las firmas, pues a los citados anteriormente hay que añadir a César Albiñana (CMS Albiñana & Suárez de Lezo) y a Pedro Ramón y Cajal y Francisco Palá (Ramón y Cajal).
Según el socio presidente de Ashurst, Gonzalo Jiménez-Blanco, “no todos los abogados del Estado llegan a los primeros puestos de gestión en las firmas, sino que sólo acceden cuando se acredita una capacidad de gestión y después de años en el bufete”.
En total, de los 657 abogados del Estado con plaza -últimos datos en el BOE, de 2012- un total de 252 (un 38%) está en excedencia voluntaria. La mayoría, además de ejercer la profesión en despachos, desempeña su trabajo como directores jurídicos, consejeros o secretarios generales de grandes compañías. Tan sólo en el Ibex 35, casi la mitad de los secretarios del consejo -un total de 16- son abogados del Estado. Una de las últimas en estrenar cargo en este selecto grupo ha sido Mónica López-Monís, que desde diciembre de 2013 ocupa la secretaría general y del consejo de Bankinter.
Jiménez-Blanco asegura que hay dos tipos de abogados del Estado: “Los más clásicos, que no desean de ningún modo salir de la Administración, y los que tienen un perfil más comercial, y que por ello son objeto de deseo para despachos y empresas”.
Los más influyentes
Em uma edición de la revista Forbes, en su clasificación de los 13 letrados más influyentes de España, ha incluido a cinco abogados del Estado: Manuel Pizarro (Baker), Julián Martínez Simancas (Iberdrola), Ignacio Benjumea (Santander), y Borja Acha (Endesa) -todos ellos en excedencia-, además de la propia abogada general del Estado, Marta Silva.
Pero además de los excedentes, muchos otros se encuentran en una situación denominada servicios especiales, que incluye a los que actúan en los servicios jurídicos de empresas relacionadas con el sector público, como Renfe, Correos, Cesce, Navantia, Tragsa o Metro de Madrid, y a los que están en cargos de libre designación en la Administración, como los secretarios generales técnicos de los ministerios. Por supuesto, también a los cargos políticos que ocupan un puesto de responsabilidad.
Cuando Mariano Rajoy configuró su Gobierno al ganar las elecciones en 2012, un total de 15 abogados del Estado fueron designados para ocupar puestos de relevancia en el organigrama de los nuevos ministerios, incluida la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro Miguel Arias Cañate -que fue cabeza de cartel por el PP a las elecciones europeas y aspira a un puesto de comisario-, un secretario de Estado y cinco subsecretarios.
Incluso el actual jefe de la Secretaria del Príncipe de Asturias y abogado del Estado en excedencia, Jaime Alfonsín, podría ocupar un puesto de responsabilidad al lado del nuevo Rey, incluso es posible que se sitúe al frente la jefatura de sus Casa. Pero, ¿qué hace a los abogados del Estado tan atractivos para ocupar puestos de poder en los ministerios, despachos, empresas o instituciones?
Edmundo Bal Francés, presidente de la Asociación de Abogados del Estado, asegura que “tienen un perfil técnicamente muy preparado, poder de decisión, independencia profesional y resuelven muy bien los problemas”.
Jiménez-Blanco añade que “tienen formación amplia, experiencia e interlocución con la Administración, capacidad de aguantar presión, relaciones en grandes empresas y prestigio social”.
Y a la hora de hacer las maletas, a muchos les influye el aspecto económico. "Cobramos muy bien para estar en la Administración, pero ganaríamos el doble si ficháramos por un bufete", admite Bal.
(Con informaciones de la prensa de Bolívia, España, Colombia, y argentina, 28 abril 2016)
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