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Uruguay: Abogados y gobierno polemizan sobre aranceles
El Colegio de Abogados anunció que presentó un recurso de revocación ante la decisión de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia que instruye al CAU a derogar el arancel en un plazo de 90 días y reclama que la abogacía "no sea concebida como un 'producto'" e "ignorando el valor que supone la calidad y eficacia en el servicio prestado".
La Comisión también instruyó al Colegio de Contadores, Economistas y Administradores y a la Asociación de Escribanos a que hiciera lo propio, según la resolución divulgada por El País semanas atrás.
Entre los argumentos del CAU para pedir la revocación de la decisión se maneja que "el arancel del CAU no tiene ni puede tener por efecto y objeto restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia" y que "no es lo mismo guiar que obligar o aspirar a alcanzar tanto a los miembros de una asociación profesional como a los no miembros" además de entender que la Comisión "ignora las características propias de su arancel".
Ante ello, fuentes oficiales dijeron a El País que del estudio que realizó la Comisión se concluye que el arancel del CAU "sí tiene un claro objeto anticompetitivo, guiando o induciendo en mayor o menor medida a fijar los honorarios de acuerdo a una tabla que establece la gremial de los gremios que los perciben". Además señalaron que en el arancel que establece el CAU se habla de que "los abogados tienen la obligación", por lo que "en ningún momento se habla de abogados afiliados al CAU sino de abogados en forma genérica". Las fuentes afirmaron que por un lado el CAU dice que "nadie lo aplica" al arancel "y por otra parte defienden a ultranza su mantenimiento", lo que "no se entiende francamente".
Otro de los puntos del CAU, es que la resolución de derogar los aranceles alcanza solo a esa gremial, a la de contadores y a la de escribanos, "no pronunciándose respecto de los demás servicios profesionales universitarios o no universitarios en los que también es posible identificar la existencia de aranceles o tarifas". Al respecto, las fuentes dijeron que "los servicios que primero se estudiaron en profundidad fueron estos, fundamentalmente por su importancia en la economía. No me sirve el argumento de que lo mío está mal pero lo del otro también y a él no le dicen nada. Si también está mal se le indicará que los deroguen".
(Publicado por El País – Uruguay, 2 junio 2011)