Con cadenas se amarraron a uno de los pilares del Palacio de Tribunales dirigentes de las juventudes del Partido Comunista, el PS y la DC para protestar contra la decisión de la segunda sala penal de la Corte Suprema de otorgar la libertad condicional a siete condenados por delitos de lesa humanidad que cumplían penas en Punta Peuco y en Colina 1.
Pero el descontento no solo se manifestó en las juventudes. Ayer las bancadas de oposición, desde la DC hasta el Frente Amplio, se reunieron con agrupaciones de derechos humanos para analizar posibles caminos a seguir, ante el temor de que vuelvan a concretarse fallos de esta índole.
Una de las opciones más inmediatas es acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), decisión que ya había sido adoptada por el Partido Socialista.
En el Congreso, en tanto, la apuesta es retomar una agenda legislativa en la materia, reimpulsando proyectos sobre inhabilidades de indultos y libertades condicionales. Uno de ellos duerme en Valparaíso desde 2016, en una comisión mixta en el Parlamento. La Cámara y el Senado ya acordaron nombrar a los nuevos integrantes de la instancia para reflotar la iniciativa.
En paralelo, sin embargo, en las últimas horas cobró fuerza la idea de impulsar una acusación constitucional contra los cinco ministros que aprobaron la liberación de los reos.
La medida fue anunciada en las últimas horas por diputados PS y el Partido Comunista. Distintas fuentes de la oposición aseguran que en el encuentro de ayer con las agrupaciones de derechos humanos se evidenció una disposición de llegar a un acuerdo y respaldar en conjunto la iniciativa. Así, bancadas opositoras consensuaron dar a conocer su posición definitiva hoy, en el Congreso.
Con todo, dos partidos del Frente Amplio -Revolución Democrática y el Partido Humanista- y la Federación Regionalista Verde Social ya adelantaron que respaldarán el libelo.
“Hay buen ánimo, creo que puede ser muy importante que la oposición actúe unida para llevar adelante una acusación constitucional. Delitos de esta envergadura no pueden quedar impunes”, dijo el diputado comunista Daniel Núñez.
Según fuentes del PS, más allá del análisis jurídico, existe un deber político en la centroizquierda de votar favorablemente la acusación, al menos dentro de la sala, argumentando que no sería bien recibido que ese sector no apoye una medida basada en la defensa de los derechos humanos.
En esa línea, en sectores de oposición fueron bien recibidas las declaraciones del jefe de bancada de la DC, Matías Walker. “Nos preocupa sobremanera el efecto expansivo que esta sentencia de la Corte Suprema pueda acarrear sobre otras resoluciones en la materia”, sostuvo. El parlamentario apuntó, por ejemplo, a la decisión de la defensa de Miguel Krassnoff -exagente de la DINA condenado por distintos delitos de lesa humanidad- de pedir el indulto tras los nuevos antecedentes de la corte. “Un efecto expansivo nos preocupa y es uno de los temas que vamos a tener presentes al momento de tomar una decisión como bancada”, añadió.
Otro de los puntos a considerar por los legisladores es la eventual preocupación que tendría el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quien se reunió ayer con los diputados socialistas Jaime Naranjo y Gastón Saavedra.
“Yo a Haroldo Brito lo vi muy acongojado, muy preocupado, claramente es una situación muy compleja para él”, dijo Naranjo.
La bancada PPD, en tanto, había anunciado el fin de semana que respaldaría la acusación. Ayer, sin embargo, la directiva del partido discutió el asunto y decidió que la mejor alternativa era solo acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, desde la bancada aseguraron que ambas alternativas no son incompatibles.
“La acusación constitucional está sujeta a si hay acuerdo político y están los votos para llevarla adelante. Si no están los votos no lo vamos a hacer”, dijo el diputado Ricardo Celis.
Supremos se cuadran
En el interior de los tribunales, ajenos a las protestas de la Plaza de la Justicia, los supremos se cuadraron tras las decisiones de la segunda sala penal. El ministro Hugo Dolmetsch, quien preside la instancia, insistió en que estos “no son los primeros fallos, yo llevo sólo dos semanas y aquí hace un buen tiempo que está la idea de que la gente que cumple con los requisitos objetivos para la libertad condicional se le conceda sin ninguna distinción”
Agregó que no le “preocupa” la acusación. “He hecho lo que corresponde, que es mi trabajo, pero si el Parlamento considera que he excedido mis funciones, bueno, tendrá que verse”, sentenció.
En tanto, el vocero Lamberto Cisternas dijo que “la corte, y en particular los ministros que se verían afectados están con calma, esperando a ver si esto se concreta o no, y en el evento de que se concretice se expondrán los argumentos jurídicos que se ha tenido para resolver como se resolvió; argumentos que, dicho sea de paso, están claramente expuestos en la sentencia”.
El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, evitó ahondar en el tema, aunque sí dijo que “ellos (la sala penal) están revisando sus posiciones y antecedentes y me parece que lo más razonable es que no opine sobre lo que ellos puedan hacer. Las salas son autónomas para resolver”, advirtió.
(Publicado por La Tercera - Chile, 7 agosto 2018)
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