jueves, 12 de julho de 2018

Justicia x Linguistica

Incorporar el lenguaje inclusivo en toda la Constitución “requiere un referéndum”: España

La propuesta del Gobierno de incorporar el "lenguaje inclusivo" en la Constitución española no resulta tan sencillo. Para poder hacerlo se requiere indispensablemente la intervención de una amplia mayoría del Congreso y del Senado e, incluso, la convocatoria de un referéndum y de nuevas elecciones, según coinciden tres profesores de Derecho Constitucional consultados por EL PAÍS. El Ejecutivo ya ha encargado un informe a la Real Academia Española (RAE), que después trasladará a la comisión constitucional del Parlamento.

No se puede tocar ni una coma del texto sin hacer una reforma [legal]", sentencia Francisco Javier Díaz, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. Según detalla Eduardo Vírgala, de la Universidad del País Vasco, si se cambia cualquier letra de los artículos del 1 al 9 (Título Preliminar), del 15 al 29 (Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero) o del 56 al 65 (Título Segundo) se tendría que recurrir al procedimiento de reforma a través del artículo 168, que exige que dos tercios del Congreso y el Senado voten a favor, que se disuelvan las Cortes, se convoquen nuevas elecciones, que lo aprueben ambas cámaras de nuevo por dos tercios y que se celebre entonces un referéndum final obligatorio.

"Si afectara, en cambio, a cualquier otro artículo, iría por la vía del 167, que exige mayoría de tres quintos en Congreso y en Senado", añade Vírgala, que detalla que, entonces, solo habría que convocar una consulta si en los 15 días siguientes a la aprobación lo pide una décima parte de la Cámara Baja o de la Alta.

"Para esta reforma [del lenguaje inclusivo] creo que habría que tocar el Título Preliminar o el Primero. Y, por supuesto, habría referéndum", opina Fernando Álvarez-Ossorio, profesor de la Universidad de Sevilla. "Creo que estos cambios en la redacción tendrían sentido incluirlos si se van a hacer en el contexto de que se fuese a impulsar una revisión global de la Constitución", añade Díaz.

Propuesta inclusiva

Los partidos de izquierda han multiplicado en los últimos años los frentes de la batalla que mantienen contra el machismo. Y el del lenguaje adquiere, cada vez más, mayor importancia. En este contexto, PSOE y Podemos han presentado en el Congreso sendas iniciativas para incorporar el "lenguaje inclusivo" en los textos jurídicos. La ministra socialista de Igualdad, Carmen Calvo, anunció este martes que el Gobierno quiere "adecuar la Constitución a un lenguaje que incluya a las mujeres". Podemos ha registrado, por su parte, una propuesta en el Hemiciclo para instar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que se sustituya el "androcentrismo" de sus escritos por "soluciones no sexistas".

"Tenemos una Constitución en masculino", sentenció Calvo en la Comisión de Igualdad, donde adelantó que el Ejecutivo ha encargado un estudio a la Real Academia Española (RAE) para que la Ley de Leyes use un lenguaje "inclusivo, correcto y verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres". Según expuso la ministra, que opina que "hablar en masculino" traslada al cerebro solamente "imágenes masculinas", su redacción se hizo hace ya 40 años y es "necesario empezar por tener un texto que incluya a las mujeres".

Esta medida llega, además, cuando Podemos ha registrado en el Congreso una batería de 25 propuestas al CGPJ tras la presentación de su Memoria de 2016. Seis de esas iniciativas, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, se centran en la lucha contra la violencia machista, contra la desigualdad de género y el uso del "lenguaje inclusivo". La formación quiere que la Cámara baja inste al Poder Judicial a "establecer protocolos que garanticen que se sustituya el androcentrismo lingüístico por soluciones del lenguaje administrativo y jurídico no sexistas".

"El lenguaje judicial utiliza siempre el masculino: padres, administrados, juez...", señalan fuentes de Podemos, que también apuesta por pedir al CGPJ a que haga "efectivas" las recomendaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género; a que garantice, en igualdad de méritos, la preferencia de las mujeres en lo relativo a nombramientos discrecionales de miembros de la cúpula judicial; y a que se refuercen los programas y seminarios sobre violencia contra la mujer.

(Publicado por El País - España, 12 julio 2018)
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