El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, llegó este lunes 11 de junio a Panamá, extraditado de Estados Unidos, para responder por acusaciones de espionaje desde el Consejo de Seguridad Nacional, en los dos últimos años de su gobierno. De inmediato fue examinado por personal médico y, posteriormente, enviado al centro penitenciario El Renacer.
Martinelli llegó a bordo de un vuelo privado fletado por el gobierno estadounidense, escoltado y esposado por alguaciles federales de ese país. El avión tocó tierra a las 8:32 a.m. en el aeropuerto de Tocumen, aunque originalmente el aterrizaje estaba programado en la pista de Panamá Pacífico (antigua base naval de Howard).
Una vez en suelo panameño, los alguaciles federales estadounidenses entregaron la custodia de Martinelli a la Cancillería panameña, quien a su vez hizo el traspasó a agentes de la Policía Nacional.
"Luego de una evaluación médica general a cargo de profesionales idóneos, actuando de conformidad con las leyes, normas y procedimientos aplicables a las personas extraditadas al territorio panameño, le notificaron y dieron lectura a los artículos 22 y 25 de la Constitución Nacional", señala el Ministerio de Seguridad en una nota de prensa.
Martinelli será trasladado al centro penitenciario El Renacer, "donde permanecerá bajo la custodia de la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno, a disposición de las autoridades competentes".
La Cancillería panameña precisó que el gobierno estadounidense se encargó del traslado de Martinelli a Panamá y asumió todos los gastos; los abogados del expresidente pedían que éste fuera enviado en un vuelo comercial.
El Departamento de Estado estadounidense comunicó el pasado viernes que Martinelli sería finalmente extraditado a Panamá. La orden fue firmada por el subsecretario John Sullivan. La extradición fue certificada desde el 31 de agosto de 2017 por el juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida. En su fallo, el juez Torres consideró que "existen indicios de fiabilidad en este expediente de que Martinelli pudo haber cometido los delitos imputados, dadas todas las pruebas presentadas".
Martinelli partió del aeropuerto de Opa Locka, en Miami, a las 6:20 a.m. (5:20 a.m. hora de Panamá), en un jet bimotor con matrícula N-799PA, operado por la compañía de vuelos ejecutivos Jet Logistics, con sede en Carolina del Norte. El avión llegó a Miami este domingo 10 de junio, a las 6:53 p.m., procedente de Oklahoma.
Martinelli viajó con el uniforme de los prisioneros del Centro de Detenciones Federales –donde estuvo recluido desde su captura el 12 de junio de 2017–, color crema con zapatillas azules. Abordó esposado, con una cadena alrededor de la cintura. Se le veía sonriente y saludó con entusiasmo a los reporteros de Telemetro y TVN que a esa hora estaban en el aeropuerto de Opa Locka.
Según la agencia AFP, Martinelli exclamó: "¡Vengo a ver el Mundial a Panamá!"
Estados Unidos extraditó a Martinelli, a requerimiento de la Corte Suprema de Justicia, que lo procesa por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, en los dos últimos años de su mandato.
Por este caso, Martinelli enfrenta cuatro delitos: interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial; seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial; peculado por malversación, y peculado de uso. Por la comisión de estos delitos, el magistrado fiscal Harry Díaz pide una condena de 21 años de prisión.
La participación de Martinelli en estos delitos están contenida en el escrito de acusación que presentó Díaz, el 9 de octubre de 2015, y que fue sustentado en una audiencia un día después. El expresidente no se presentó en dicho acto, razón por la que el, el 11 de diciembre de 2015, el magistrado Jerónimo Mejía, en funciones de juez de garantías, lo declaró en " rebeldía". Diez días después, el pleno de la Corte ordenó su detención.
Pugnas en la Corte
Un año exacto cumple mañana Ricardo Martinelli aprehendido en la prisión Federal de Miami, Florida, Estados Unidos. Quienes recientemente lo vieron cuentan que está ‘desesperado, más delgado y deprimido'.
Martinelli arribará extraditado en las mismas condiciones, detenido. Fuentes consultadas por La Estrella de Panamá indicaron que será trasladado al centro penitenciario El Renacer. El fin de semana, sus inquilinos se percataron del paso de varios autos oficiales cuyos funcionarios preparaban las condiciones para recibir al exgobernante. Los funcionarios merodeaban la cabaña que ocupó el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna, que supuestamente será la que ocupará Martinelli. Al lado de esa ‘‘casita” rudimentaria se alojan los señalados en el caso Blue Apple.
Lo más probable es que no dure mucho tiempo en ese lugar. Sus abogados no perderán la oportunidad de solicitar, durante la audiencia de control, que debe efectuarse en las primeras 48 horas, una medida distinta a la detención preventiva. Por ejemplo, que permanezca en un hospital debido a los padecimientos que sufre. Y el fiscal de la causa, Harry Díaz, no se opondría si la defensa logra demostrar que Martinelli realmente sufre de estas dolencias .
Tal vez el tema sobre su confinamiento ya haya sido conversado previamente
En cualquier caso, el Departamento de Estado de Estados Unidos, ya ha endosado esta condición. En la nota diplomática que envió a la Cancillería el pasado viernes informando sobre la extradición, alerta de que Martinelli ha recibido ‘tratamiento médico por un número de condiciones (padecimientos) crónicas durante su confinamiento' en Estados Unidos. Por lo tanto, solicita, ‘de acuerdo a las regulaciones de Panamá, que Martinelli sea evaluado físicamente a su arribo para que reciba un apropiado cuido médico mientras se encuentra en custodia'.
Proceso
Como si los astros se alinearan, el regreso de Martinelli no puede encajar en un momento más complicado: una Asamblea Nacional enfrentada al Ejecutivo y a la Contraloría, y el fiscal de la causa contra Martinelli con el riesgo de ser destituido.
El expresidente de la Corte José Ayú Prado ha admitido una demanda presentada por un grupo de abogados en 2016 en la que se pretende declarar inconstitucional el nombramiento de Díaz como fiscal de la causa en el caso ‘pinchazos'.
Entre ambos han existido diferencias notorias. La querella de inconstitucionalidad se basa en que previo a su nombramiento como magistrado, Díaz ejerció un cargo de mando y jurisdicción.
El magistrado Díaz afirma que no teme ser separado. ‘Recuerde que ser fiscal de cuentas en una jurisdicción independiente tal como lo establece la Constitución, no se trata de una parte del Órgano Ejecutivo', dijo.
Hay más piezas a tomar en cuenta en este rompecabezas. Si el Pleno, después de haber efectuado las consultas rutinarias, decide separar a Díaz como magistrado, tendrá que nombrar a un fiscal nuevo en su reemplazo. En caso de que esto ocurra antes de la audiencia de acusación contra Martinelli, Wilfredo Sáenz, actual suplente del magistrado Díaz, no puede fungir como sustituto puesto que forma parte del tribunal de juicio. Así es que, de ser removido del cargo, el pleno tendrá que asignar a otro fiscal a la suerte.
En la petición de extradición se estipula que el expresidente podría enfrentar un cúmulo de 21 años de prisión.
A su llegada, se celebrará una audiencia de control, y después, la de acusación.
El fiscal de la causa Harry Díaz defendió a lo largo del proceso la acusación contra Martinelli por cuatro supuestos cargos. No obstante, su defensa ha atacado sistemáticamente en las audiencias celebradas en el Distrito Sur de la Florida el hecho de que su cliente no ha sido imputado.
‘Ese tema ha sido superado en el pleno de la Corte', dijo una fuente judicial. ‘En el caso de los indultos, el Pleno falló que la admisión de una querella es una imputación. Esto se aplica a todos los casos pendientes, por lo tanto, no hay discusión al respecto', manifestó la fuente.
Seguramente los abogados del expresidente objetarán esta pretensión.
En septiembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia solicitó, a través de la Cancillería panameña, la detención con fines de extradición del exmandatario para que se presente a la justicia de este país por cuatro delitos: inviolabilidad del secreto y derecho a la privacidad; persecución y seguimiento sin una autorización judicial; peculado o malversación de fondos por haberse apropiado de la máquina ‘pinchadora', y por el uso que se le dio al aparato de escuchas. El Departamento de Estado consideró que existieron indicios suficientes de que Martinelli cometió esos delitos, y las pruebas que aportó la fiscalía bastaron para extraditarlo.
Acuerdo o jucio
Aunque aún no existen acercamientos de ésta índole entre la defensa y el fiscal, una estrategia legal hipotética podría consistir en celebrar un acuerdo de pena con el fiscal. En el otro extremo, los abogados podrían plantear ir a juicio para desestimar los testimonios y las pruebas presentadas por la fiscalía. Uno de ellos, muy nombrado durante las audiencias en las Cortes de Miami, fue la declaración de William Pittí, un exfuncionario del Consejo de Seguridad que apuntó directamente al expresidente como autor intelectual de los pinchazos. Testigo que la defensa del exmandatario señala como una ‘‘ficha” del gobierno, premiado con un cargo en el exterior por declarar en contra de su cliente.
De abogado a querellante
El único querellante autónomo que existe en el caso contra el expresidente Ricardo Martinelli por violar la intimidad es su exabogado Rosendo Rivera.
El jurista decidió no plegarse a los otros cinco querellantes que dependen de la actuación de la fiscalía. En cambio, sustentará su propia acusación. Rivera indicó a La Estrella de Panamá que en el expediente ya reposan las peticiones que efectuó sobre pruebas que se resumen en testimonios y declaraciones del personal del Consejo de Seguridad del pasado gobierno.
Aunado a esto, presentó una indemnización por daños y perjuicios por más de $900 mil, cifra que puede variar según la tasa pericial.
La cuantía, dijo, es por las afectaciones que sufrió al revelarse información personal expuesta por el Consejo de Seguridad a cargo de Martinelli, sin su autorización. ‘El expediente cuenta con partes, que están bajo reserva, que hablan de mi vida íntima', indicó.
El norte es saber qué tiene que decir Martinelli sobre los cargos que le endilgan.
Por otro lado, Rivera también ha explorado la posibilidad de que el expresidente llegue a un acuerdo de pena con la Fiscalía. ‘Si él llega a un acuerdo con el fiscal Harry Díaz, puede proveer información que no está en el expediente. Por ejemplo, las escuchas que se hicieron durante 2009 al 2012', explica el abogado. Las acusaciones efectuadas contra Martinelli son a partir de 2012, fecha en que la alianza con el entonces vicepresidente Juan Carlos Varela finalizó en malos términos.
‘Era vox populi que desde el día uno de su gobierno, Martinelli tenía intención de hacer escuchas telefónicas, por eso solicitó el programa ‘matador' a la Embajada de Estados Unidos en Panamá, que se negó a prestárselo', recuerda River.
(Publicado por La Prensa y La Estrella - Panamá, 11 junio 2018)
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