jueves, 17 de maio de 2018

Norma

La Justicia europea evita pronunciarse sobre las órdenes de detención

El Abogado General de la Unión Europea, Maciej Szpunar, rechaza que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pueda contestar las preguntas de un Estado que emite una orden de detención europea sobre si el país receptor de la orden pueda negarse a aceptarla. "El TJUE no es competente para responder a las preguntas formuladas por la autoridad judicial que emite una orden de detención europea sobre la cuestión de si la autoridad de ejecución puede negarse a ejecutar dicha orden", apunta el Abogado General.

En sus conclusiones presentadas hoy, señala que "la autoridad que emite la orden no puede reemplazar a la autoridad de ejecución formulando al Tribunal de Justicia preguntas que sólo esta última tiene derecho a formular en el marco del procedimiento de remisión prejudicial". Además, añade que "el Tribunal de Justicia europeo carece de competencia para responder a las cuestiones relativas a los derechos y obligaciones de las autoridades de los distintos países competentes para decidir sobre la ejecución de la orden de detención de que se trata".

En este sentido, el Abogado General considera que no son necesarias para que el tribunal nacional pueda continuar con el procedimiento sustanciado ante él -una orden de detención- las respuestas del Tribunal de Justicia a las preguntas sobre si las autoridades del país tienen derecho -o, en su caso están obligadas- a no ejecutar la orden de detención de que se trata, con arreglo a la Decisión marco. "Desde un punto de vista jurídico, las respuestas del Tribunal de Justicia no afectarían a la cuestión de si ese tribunal nacional mantiene o retira la orden de detención, ya que incumbe a este último tribunal adoptar finalmente una decisión al respecto, con independencia de esas respuestas", señala.

Sin embargo, el Abogado General avala que el país solicitante realice todas las peticiones que considere oportunas y obliga a los Estados a estudiarlas todas, aunque se trate de los mismos hechos y la misma persona. El magistrado recuerda que las autoridades de los Estados miembros están obligadas a adoptar una decisión sobre toda orden de detención europea, incluso cuando ya hayan tomado una decisión sobre una orden de detención anterior relativa a la misma persona y al mismo procedimiento penal.

El Abogado General propone así al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que responda de este modo a una cuestión prejudicial elevada por un tribunal croata, que pregunta si la Decisión marco relativa a la orden de detención europea permite que la autoridad competente de un Estado miembro no ejecute una orden de ese tipo basándose en el hecho de que en dicho Estado ya se ha puesto fin al procedimiento criminal por los mismos hechos. "Esta opinión no es necesaria", concluye.

(Publicado por El Economista - España, 17 mayo 2018)
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