jueves, 10 de maio de 2018

Abogados

"Es tarea de todos no politizar el Derecho y nuestra responsabilidad, no judicializar la política"

El presidente del TC, Iván Aróstica, volvió a realizar una defensa de sus competencias -tal como lo hizo en su primera cuenta pública el 13 de abril-, luego de las críticas de congresistas por la sentencia que declaró inconstitucional el artículo 63 de la reforma a la educación superior.

El magistrado se pronuncio, en la inauguración del seminario "La jurisdicción constitucional en Alemania y en Chile", realizada ayer en la sede del Tribunal Constitucional (TC), estuvo marcada por el debate de las atribuciones y el rol que juega este tipo de organismo a nivel mundial.

En el seminario estaban presentes los seis ministros del Tribunal Constitucional Federal alemán, que están de visita oficial de tres días en nuestro país. La delegación la encabeza el presidente de la institución, Andreas Vosskuhle.

Aróstica explicó en su discurso que "en ninguna otra instancia institucional se cruzan con tanta evidencia, como en los tribunales constitucionales, las cuerdas de la política y las cuerdas del derecho y la justicia"

A juicio del presidente del TC chileno, "para el logro de ese equilibrio difícil entre las realidades de la política y los imperativos de la justicia, no hay reglas exactas ni hay modelo que ofrezca respuestas para todo".

Agregó que "la justicia constitucional supone estudio constante, rigor jurídico a toda prueba y una resuelta lealtad tanto a la letra como al espíritu de la Constitución. Supone también, por supuesto, una cuota no menor de prudencia, esa vieja y a menudo subestimada virtud que para Aristóteles designaba la recta justicia no solo en el pensamiento sino también en la acción".

En el discurso, además, se refirió al quiebre constitucional vivido en 1973, "que significó el derrumbe de la democracia chilena", y a una nueva Constitución dictada en 1980, que ha sido sometida a sucesivas reformas en los años posteriores.

Aróstica recordó también la "experiencia totalitaria nazi" que vivieron los alemanes.

"Es perfectamente posible, en contextos de mesianismo político, que los mecanismos democráticos terminen siendo cooptados por derivas autoritarias o francamente totalitarias".

Según el magistrado, la experiencia histórica de todas las sociedades prueba que entre "las dinámicas de la ley de las mayorías y el respeto a las garantías de los derechos suele haber un foco de conflictos que es preferible que el orden institucional anticipe y afronte. La peor solución es eludir el problema".

Durante su exposición de nueve puntos, el presidente del TC alemán también defendió el control constitucional. En su discurso dijo que "no hay otro más adecuado que el Tribunal Constitucional para el control de las leyes del Parlamento".

Vosskuhle añadió que "las sentencias son jurídicas y no políticas (...) La libertad y la justicia se garantizan en forma conjunta".

Megacontraloría

Jorge Bermúdez, inició su cuenta pública 2017: "Ahora viene la parte más aburrida de la presentación. Como diría mi hijo chico, viene el 'hablamiento'".

Luego de la broma, con tono serio, expuso sobre las fiscalizaciones realizadas por la institución y profundizó en las dificultades y desafíos que enfrenta el ente.

A la cita asistieron, además del Presidente Sebastián Piñera, los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel; Desarrollo Social, Alfredo Moreno; Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine; Minería, Baldo Prokurica, y Medio Ambiente, Marcela Cubillos.

El contralor destacó que la repartición realizó el año pasado 10.080 fiscalizaciones, 627 auditorías (87 más que en 2016) y que mediante los informes de auditoría y de investigaciones especiales se restituyeron al fisco poco más de $2.800 millones sin que fuera necesario iniciar un proceso sancionatorio.

A pesar del mayor número de fiscalizaciones, Bermúdez afirmó: "La solución, creo yo, no pasa por aumentar sin límite a los funcionarios de la institución. No es deseable, en realidad, una megacontraloría, una especie de Leviatán del control".

"Al revés -dijo-, lo que se necesita es contar con mejores capacidades humanas y técnicas en toda la administración del Estado, que permitan que cada entidad, incluyendo la Contraloría, forme parte de un verdadero sistema de integridad del Estado. Y en dicho sistema, la Contraloría tiene un rol que cumplir, pero no es una especie de zar o capo anticorrupción".

Conflicto con Codelco

Bermúdez ahondó también en la fiscalización a las instituciones del Estado: "Hay que destacar las lecciones aprendidas. No puede haber órganos exentos del control externo y del control de la Contraloría. Esa es la razón por la que hemos defendido decididamente nuestras atribuciones e independencia. La segunda lección es que todos los órganos públicos deben estar sujetos a un estándar de probidad que no puede ser el mismo de la empresa privada, sobre todo en materia de contrataciones".

En este ámbito, el contralor hizo una autocrítica: "Como institución, históricamente tuvimos una escasa presencia en las empresas públicas en general, y en Codelco en particular. Ahora bien, respecto del aún vigente conflicto con Codelco, luego de que la comisión especial investigadora y la Sala de la Cámara de Diputados respaldaran por unanimidad la labor de la Contraloría, esperamos que este litigio se cierre, dado que es una anomalía que una empresa pública, de todos los chilenos, haya demandado a la Contraloría".

Fuerzas Armadas

El 23 de abril, la Contraloría, el Ministerio de Defensa y las FF.AA. firmaron un convenio para revisar "áreas críticas".

Ayer, Bermúdez valoró este acuerdo y también resaltó que en la Contraloría se crearon departamentos especializados en instituciones estratégicas.

Al respecto, afirmó que hubo 29 auditorías en FF.AA. y 12 en Carabineros y la PDI.

"El balance de esas auditorías no es bueno", señaló. Agregó que no ponen dicho énfasis "por molestar o por tener una especial fijación con el sector de la Defensa o de Orden y Seguridad. Al contrario, reconocemos la relevancia de este ámbito de la Defensa para nuestro país, por la misión y también por los recursos públicos que están involucrados".

Llamó a estas instituciones a "recuperar la confianza de la ciudadanía", y a cambiar prácticas administrativas, "pero sobre todo, algunas culturas arraigadas que hoy no se condicen con los estándares de integridad que reclama la sociedad. No basta con el cumplimiento de la legalidad formal, sino que es exigible un estándar superior, porque debe ser un referente para toda la sociedad".

Llamado al Ejecutivo

Durante su cuenta, Bermúdez también detalló que hay 20 puntos en los cuales debe haber una innovación legislativa.

Entre ellos, se refirió a que la Contraloría no cuenta hoy con la facultad para acceder al contenido, movimientos y saldos de las cuentas corrientes de los órganos de la administración del Estado.

"Solicito encarecidamente al Poder Ejecutivo que en la actual discusión que se da en el Congreso sobre la reforma a la Ley de Bancos se incorpore una indicación o se apoyen las existentes para permitir el acceso por parte de la Contraloría a información bancaria de los servicios públicos, no de los funcionarios. Es probable que de haber tenido esa facultad, se hubieran podido prevenir grandes casos de defraudación que hoy día, todavía, nos impactan".

También llamó al desarrollo de un software de control de remuneraciones, que hoy son difíciles de examinar. "Esto es un caldo de cultivo para los errores, y para la corrupción en el sector público", advirtió.

Luego de la presentación, y abordado por la prensa, Bermúdez respondió a preguntas relativas al viaje del ministro Felipe Larraín a Harvard y a la renuncia de Andrés Chadwick Costa (ver página C 2).

''Grandes fraudes se hubiesen evitado si hubiésemos contado con ese software -para controlar el pago de remuneraciones en el sector público- hace un par de años".

''¿Le parece bien que una empresa pública (Codelco) gaste plata pública para demandar al órgano de control público? Es una decisión muy mala". JORGE

Resumen 2017
- 18.569 pronunciamientos jurídicos (dictámenes) emitió el organismo contralor, un 12% más que en 2016.

- 10.080 fiscalizaciones realizó la Contraloría.

- 650 horas en promedio demanda la elaboración de una auditoría.

- 627 auditorías fueron efectuadas, versus 540 de 2016, es decir, 16% más.

- 9.508 solicitudes de fiscalización recibió el organismo contralor, es decir, 40% más que en 2016.

- $2.800 millones se recuperaron para el fisco a través de informes de auditoría e investigaciones especiales.

- $2.000 millones se recuperaron mediante 74 juicios.

- 108 mil declaraciones de intereses y de patrimonio fueron tramitadas en línea.

Reforma constitucional

Una reforma a la Carta Fundamental para permitir la opción de acusar constitucionalmente al fiscal nacional y a fiscales regionales presentó ayer un grupo de diputados DC, liderados por Raúl Soto.

El texto, respaldado por los democratacristianos Víctor Torres, Gabriel Ascencio, Joanna Pérez, Miguel Ángel Calisto y Daniel Verdessi, y por los diputados Cosme Mellado (PR) y Gastón Saavedra (PS), apunta a que los persecutores puedan ser removidos por el Congreso mediante una acusación, por las mismas causales por las que hoy se puede destituir al contralor o a jueces, entre las que están el notable abandono de deberes.

"A raíz de los hechos de los últimos días, la ciudadanía se ha preguntado ¿quién fiscaliza a los fiscales?", afirmó el diputado Soto.

La propuesta se da en medio de la controversia en la que se ha visto envuelto el fiscal nacional, Jorge Abbott, luego que el Frente Amplio impulsara ante la Corte Suprema un recurso para destituirlo apuntando a eventuales instrucciones de Abbott a persecutores en casos de financiamiento de la política. Además, se conoció que el fiscal se reunió en diciembre con el entonces senador Hernán Larraín (UDI) -actual ministro de Justicia- para abordar la situación judicial de su par Iván Moreira.

"Sus acciones han dejado un manto de duda respecto a impunidades", recalcó Soto, apuntando, eso sí, que la opción de que la Suprema remueva a un fiscal "es demasiado estricta e inviable". Por ello, plantea que una "medida de control más efectiva" sería la acusación constitucional, ya que, a su juicio, Abbott podría incurrir en abandono de deberes.

El proyecto DC viene a reflotar un debate que ya habían planteado en 2015 en la UDI, donde buscaron reimpulsar una moción del ex diputado Jorge Ulloa -con firmas de RN y DC-, en la que se incluía a los persecutores dentro de las autoridades removibles. Además, en febrero de este año, Larraín ya había mostrado su preocupación por una "omnipotencia de los fiscales".

Así, Soto pidió apoyo al Gobierno y a Chile Vamos para su iniciativa, recordando que "en 1997 cuando se creó el Ministerio Público, el actual Presidente Piñera, entonces senador, fue uno de los principales promotores de la acusación constitucional contra los fiscales".

Alianza de diputados PS, PPD y PC

Hoy, los jefes de bancada Manuel Monsalve (PS), Ricardo Celis (PPD) y Daniel Núñez (PC) anunciarán un trabajo conjunto que iniciarán sus bancadas para formular propuestas políticas y legislativas. Como hito inicial, el próximo martes se realizará una cena.

(Publicado por El Mercúrio - Chile, 10 mayo 2018)
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