El dinero se depositó mediante una transferencia internacional a la cuenta reserva del Ministerio de Hacienda, en el Banco Central de Costa Rica, el 7 de marzo anterior, en acatamiento a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), del pasado 2 de febrero.

Ese fue el monto que la CIJ fijó como compensación por los daños materiales causados en Calero, tras las invasiones del ejercito nicaragüense a ese territorio costarricense desde el 2010.

El pago se hizo casi un mes antes de la fecha límite del 2 de abril que habían fijado los jueces del alto tribunal de La Haya, Holanda.

Así lo constató el gobierno, luego de que el canciller nicaragüense, Denis Moncada, informara a su homólogo costarricense, Manuel González, sobre el depósito, en una nota diplomática con fecha del 9 de marzo del 2018.

"Hemos verificado que el monto fue debidamente acreditado, por lo que nos complace que el Gobierno de Nicaragua haya cumplido su obligación hacia Costa Rica, según lo dispuso la Corte Internacional de Justicia. Acciones como esta contribuyen a que ambos países puedan gradualmente construir una mejor relación, para beneficio de sus pueblos", dijo González en un comunicado de prensa.

El monto desembolsado por Nicaragua incluye el pago de intereses desde diciembre del 2015 a una tasa del 4%.

En un principio, el gobierno de Ortega solo pretendía pagar $188.000, mientras que Costa Rica determinó, mediante estudios ambientales, que el monto a pagar era de $6,7 millones. Al final los jueces establecieron una cifra intermedia.

El 7 de junio del año pasado fue cuando el gobierno de Luis Guillermo Solís pidió a la Corte de La Haya determinar el monto de la indemnización, ante la negativa de Nicaragua de realizar el pago.

Desde el 16 de diciembre del 2015, ese tribunal dispuso que Nicaragua tenía la obligación de pagar por los daños causados.

"Nicaragua ha realizado varias actividades en el territorio bajo disputa desde el 2010, lo que incluye excavar tres caños y establecer una presencia militar en algunas partes del territorio, estas actividades violaron la soberanía territorial de Costa Rica. Nicaragua es responsable por tales violaciones, por lo tanto tiene la obligación de indemnizar por los daños causados por sus actividades ilícitas", dijo ese día el presidente de la Corte, Ronny Abraham.

Datos - Pronunciamiento de la Corte de La Haya

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, Holanda, definió este viernes por la madrugada que Nicaragua debe pagar $378.890 (¢216,7 millones) a Costa Rica por los daños ocasionados en isla Calero (conocida también como Isla Portillos y en Nicaragua como Harbour Head) en el 2010.

En diciembre del 2015 ese tribunal resolvió que la zona es territorio costarricense y condenó a Nicaragua a pagar una indemnización, al considerar que la presencia militar y la construcción de tres caños artificiales violaron la integridad del territorio costarricense.

Posteriormente, Costa Rica determinó, mediante estudios ambientales, que el monto a pagar era de $6,7 millones. De esta cifra, $2,8 millones corresponden al daño ambiental y $3,9 a los costos de operación en que incurrió el país para mitigar lo sucedido.

Sin embargo, la indemnización fijada por la CIJ es muy inferior a la petición hecha por Costa Rica, debido a que no todos los montos solicitados por los diferentes perjuicios fueron aceptados por los jueces, quienes consideraron que algunos rubros no fueron demostrados de manera efectiva.

La Corte, por ejemplo, estableció que el gobierno de Daniel Ortega no debe cubrir el pago de instalación y mantenimiento de casetas policiales, la compra de equipo y vehículos todo terreno, el pago de personal que tuvo que trasladarse al lugar, el transporte y reemplazo de suelos.

Entre los puntos aceptados que deben ser indemnizados están: materiales, sobrevuelos y construcción de un dique; compra de imágenes satelitales; degradación y pérdida de bienes y servicios ambientales en la zona afecada; compra de combustible y mantenimiento de aeronaves; sobrevuelos en la zona; así como las medidas empleadas para la restauración de humedales afectados.

El canciller costarricense, Manuel González, reconoció que la indemnización es muy distinta a la solicitada, pero añadió que el país es respetuoso de la decisión de la Corte.

"Costa Rica había pedido un monto superior, pero recordemos que es el doble de lo que Nicaragua había estimado pagar ($188.000) como el daño causado a nuestro país. La Corte tomó la decisión de no incorporar en su parte resolutiva algunos de los gastos en que Costa Rica incurrió por concepto de salarios de nuestros policías y de algunos funcionarios que debieron desplazarse a esa zona como parte adicional a sus funciones para reforzar la zona.

"Respetamos el fallo, el fallo es definitivo, Costa Rica lo acepta en ese contexto y hace una invitación respetuosa a Nicaragua para que cumpla con la sentencia dictada del alto tribunal y que aproveche este espacio, esta oportunidad, para reconstruir espacios de confianza en la relación entre los dos países", manifestó González.

Nicaragua, por su parte, consideró "justa" la decisión de los jueces. El embajador nicaragüense ante la CIJ, Carlos Argüello, recalcó que a Costa Rica se le adjudicó "un 5%" de lo que pretendía y recalcó que su país "estaba dispuesto a compensar lo justo y razonable".

"La demanda de Costa Rica era completamente exagerada", mencionó a la AFP Argüello.

A partir de ahora, Nicaragua tiene dos meses (hasta el 2 de abril de este año) para pagar la indemnización, de lo contrario, correrán intereses sobre el monto fijado por los altos jueces, quienes establecieron una tasa del 6% anual.

Costa Rica acudió a La Haya para que el organismo definiera el monto de indemnización luego de que venciera el plazo para que se efectuara el pago, el 16 de diciembre del 2016. En ese momento Managua comunicó que no tenía presupuesto para tal fin.

Durante un periodo de poco más de cinco años –desde octubre del 2010 y hasta el día de la sentencia (16 de diciembre del 2015)– Nicaragua excavó tres caños y, por lapsos de tiempo, estableció presencia militar en algunas partes de Portillos

Límites marítimos
Este mismo viernes, a partir de las 8 a. m., la CIJ definirá los límites marítimos, tanto en el Pacífico como en el Carribe, entre ambos países.

Durante el 2010, Nicaragua abrió un caño artificial, de unos 200 metros de largo y 20 de ancho, con la intención de desviar el agua del río San Juan hacia la laguna Los Portillos, frente al mar Caribe, lo que Costa Rica interpretó como una operación para acortar su territorio. Además, el gobierno de Ortega envió personal militar a la zona en ese momento.

La sentencia del 2015 hizo que los jueces desmeritaran las fotografías satelitales ofrecidas por Nicaragua, debido a que la zona estaba llena de árboles antes de que se abriera el canal.

Además, los juristas insistieron en que si hubiese existido un caño natural, como argumentó Nicaragua, los sedimientos hubiesen sido arrastrados naturalmente hacia la laguna.

La Corte también debe resolver un reclamo formulado por Costa Rica después del fallo del 2015, debido a que los nicaragüenses trasladaron un puesto fronterizo de Laguna Portillo a la playa de Isla Portillo.

(Publicado por EFE y La Nación - Costa Rica, 15 marzo 2018)
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