viernes, 9 de março de 2018

Investigación

Policía anticorrupción Brasil investiga a firmas involucradas en desarrollo de represa Belo Monte

La policía brasileña lanzó el viernes una nueva fase de la mega causa de investigación por corrupción conocida como Operativo Lava Jato, centrada en supuestos sobornos relacionados con la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte.

La policía ha acusado al consorcio Norte Energia SA de hacer pagos ilegales a funcionarios de gobierno y políticos para ganar el contrato para construir la represa, en funcionamiento desde el 2016.

Se están cumpliendo nueve órdenes de allanamiento en los estados de Paraná y Sao Paulo, indicó un comunicado policial.

Norte Energia no hizo comentarios de inmediato.

La investigación indica que después de que Norte Energia se adjudicó el contrato por medios ilegales, lo transfirió a otro consorcio que "estaba formado por empresas que esperaban pagar sobornos a partidos políticos y sus representantes equivalentes al 1 por ciento del valor del contrato", dijo la policía.

La represa de Belo Monte, construida en el río Xingú en el norte de Brasil, tendrá una capacidad instalada de 11.233 megavatios cuando todas las unidades generadoras estén encendidas, de acuerdo con el sitio web de Norte Energia.

Esto es suficiente para suministrar energía eléctrica a 60 millones de personas, según la compañía.

Datos importantes sobre Belo Monte

Belo Monte es un proyecto concebido durante la dictadura pero llevado a cabo durante los Gobiernos de Lula y Dilma Rousseff. Un proyecto que ha desnudado y puesto en evidencia la colección de males sociales de Brasil, desvelando el modus operandi entre las constructoras y el Gobierno. Una inmensa metáfora del Brasil de hoy, con todos los ingredientes que han dado lugar a la actual situación política y económica de Brasil. El ex-presidente de una de las mayores empresas de construcción del país ha revelado una trama de sobornos de US$ 41 mlls. que implicaba a la hidroeléctrica. Un escándalo de corrupción, mordidas y financiación ilegal del partido del gobierno. El dinero se habría repartido a partes iguales entre varios partidos y las empresas contratistas involucradas, dinero que a su vez lo habrían entregado en forma de donaciones legales a las campañas electorales de 2010, 2012 y 2014.

Durante su construcción, los años 2013 y 2014, un estudio identificó un total de seis formas distintas de la explotación sexual, que implicaban un mayor o menor medida, también la presencia de los niños y adolescentes.

En diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó la presa de Belo Monte. Transcurridos cuatro años desde que las organizaciones de la sociedad civil presentarán la acusación ante este organismo internacional, éste decidió abrir el caso a trámite y pedir una respuesta del Estado brasileño a las denuncias por violaciones de derechos humanos derivadas del proyecto hidroeléctrico. La Comisión resolvió finalmente que la petición contenía las bases suficientes para abrir el caso a trámite, lo cual implica que Brasil debe dar una respuesta a la reclamación por violaciones de derechos humanos derivadas del proyecto Belo Monte.

Y el llenado del embalse ya ha comenzado, pese al incumplimiento de muchas promesas. En noviembre del año pasado, el Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) otorgó la licencia de la operación, y lo hizo pese a que Norte Energía, empresa a cargo del proyecto que no había cumplido las condiciones necesarias (agua potable, saneamiento y otras) para garantizar la vida, salud e integridad de la población afectada.

Don Erwin Kräutler, el obispo de Xingu amenazado de muerte y con escolta policial desde hace seis años, ha afirmado que el Partido de los Trabajadores ha traicionado al pueblo de la Amazonía y a la causa del medio ambiente. También ha dicho que la presa de Belo Monte ha causado la destrucción del Xingu y el genocidio de los grupos indígenas que habitan en la región durante siglos.

Y con estos antecedentes, el gobierno pretende seguir construyendo megapresas como la de São Luiz do Tapajos, en el Río Tapajós, otro afluente del Amazonas cuyo cauce interrumpiría con un muro de 7,6 km de largo. Y los planes del gobierno brasileño de seguir inundando la Amazonia tienen colaboradores necesarios.

BB-Mapfre, la empresa conjunta formada por la compañía española Mapfre y el Banco do Brasil, ya estuvo en Belo Monte. BB-Mapfre obtuvo el contrato para asegurar una parte del riesgo de esta megapresa. ¿Qué dicen de estos negocios turbios? Que ya tomarán una decisión cuando se licite la presa.

Iberdrola, a través de Neoenergía, forma parte del consorcio de empresas que han elaborado el Estudio de Evaluación Ambiental del proyecto de São Luiz do Tapajós. Durante la intervención de un miembro de Greenpeace en la Junta de Accionistas de Iberdrola el pasado 8 de abril de 2016, se solicitó al Presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, una declaración pública de desvinculación del proyecto hidroeléctrico de Sao Luiz do Tapajós y de otros grandes proyectos hidroeléctricos en la Amazonía que amenacen la selva y los pueblos indígenas. El Presidente contestó "esto es una sociedad participada; ni gestionamos ni pintamos nada en ese tema, por tanto, son temas de los brasileños que seguro que lo están haciendo de acuerdo con las leyes brasileñas y yo no puedo decir nada más".

Así están las cosas, las grandes empresas mirando hacia otro lado mientras se proyecta la inundación masiva de la selva amazónica, la violación de los derechos humanos y la desaparición de los pueblos indígenas.

(Publicado por Agencias - Venezuela, 8 marzo 2018)
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