Esa iniciativa para reformar la Ley de Amparos y Antejuicios tuvo su origen en septiembre del 2017. Se conoció por primera vez el 28 de ese mes, es decir 15 días después de que se concretó el Pacto de Corruptos y siete días después de que la alianza oficialista salvó al presidente Jimmy Morales de un antejuicio. El diputado ponente es Fernando Linares Beltranera, afín al oficialismo.

Estas reformas permitirían descartar un proceso de antejuicio incluso si no se logra mayoría absoluta en el pleno legislativo.

En la agenda del día se espera que ésta iniciativa sea conocida en primera lectura.

De aprobarse, los diputados podrían conocer sin ningún filtro los procesos de antejuicio en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, así como contra el fiscal general, procurador de los Derechos Humanos, procurador general de la Nación, ministros, secretarios y el presidente de la República.

La propuesta ha dividido a diputados y constitucionalistas. Algunos ven intereses particulares en la propuesta, otros aseguran que se quiere eliminar controles y alterar el balance de poderes garantizado en la actual legislación.

Puede ser un arma

La propuesta 5300, que dictaminó como favorable la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pretende cambiar el artículo 16 de la referida ley.

Actualmente cuando un juez tiene conocimiento de una denuncia en contra de una persona que goza del derecho de antejuicio, se debe de inhibir y elevar el expediente a la CSJ y esta lo traslada al Congreso.

La CSJ puede rechazar el proceso in limine, es decir, sin conocerlo a detalle, si considera que los argumentos que motivan la denuncia son espurios.

Las reformas cambiarían el proceso y cualquier solicitud de antejuicio llegaría a cualquier juzgado, y desde allí se elevaría al Congreso en un plazo de tres días, sin nada más que el criterio del juez.

Para el constitucionalista Carlos Molina Mencos, con esa redacción “se quita una etapa del proceso de antejuicio”, porque el juez deberá enviar el expediente “directamente al organismo que le corresponde” y, por lo tanto, ese sería el encargado de conocer y resolver la solicitud.

Sin embargo, el nuevo proceso podría significar un arma en manos de los diputados, según la interpretación del constitucionalista Alejandro Balsells.

El abogado consideró “aberrante” la propuesta, señalando que los diputados “lo que quieren es chantajear a los magistrados, procuradores y funcionarios que ellos deben conocer el antejuicio”.

“La propuesta le quita el filtro de la CSJ, pues quieren que el juez remita directamente el expediente al Congreso. Eso quiere decir que con lo malos que son los diputados van a decidir la suerte de cualquier funcionario que les quiera poner control”, afirmó Balsells.

El constitucionalista explicó “que la República descansa en controles”, por lo que considera esa iniciativa “digna de un sistema autoritario”.

Iniciativa polémica

Raúl Romero, congresista de Fuerza, integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia, agregó que la iniciativa “lejos de contribuir al sistema de justicia, lo debilita”.

“Veo que esto es en función de temas personales. La justicia siempre debe verse desde el punto de vista institucional y nunca personal”, señaló Romero.

Linares Beltranena, quien además preside la comisión que dictaminó la iniciativa, aseguró que solo se busca que “se cumpla la Constitución” y facilitar el trámite del antejuicio.

Según el diputado, “tiene que existir cierta disposición del juez de Primera Instancia”, lo que significa que será él quien decida si la denuncia que se presenta constituye un delito.

“Por ejemplo, si llega una deuda contra el procurador general, el juez considerará que no es un delito y lo podrá descartar; es decir, hay límites, no quiere decir que absolutamente todo se tenga que mandar al órgano competente”, dijo Linares Beltranena.

El primer vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, evitó comentar sobre el contenido y objetivo de la propuesta. Se limitó a señalar que “todos los diputados tienen derecho a presentar sus iniciativas” y la propuesta aún está en análisis.

Otros cambios
Iniciativa hace dos modificaciones:
Al llegar a un juzgado el antejuicio, el juez tiene tres días hábiles para conocer
y trasladar el expediente al organismo
competente.
Se propone cambiar el artículo 17, que habla sobre el procedimiento del antejuicio en el Congreso. En el inciso “k” se establece una sola votación para aprobar o improbar el antejuicio.
En el inciso “m” se propone que al no alcanzar la mayoría calificada, el antejuicio se archiva en la Dirección Legislativa, y ya no estaría a disposición del Pleno.

(Publicado por Prensa Libre - Guatemala, 6 marzo 2018)