El tribunal de arbitraje de El Cairo, presidido por el suizo Pierre Tercier y compuesto además por otro experto suizo y uno estadounidense, rechazó los argumentos esgrimidos por EGAS, que justificó que la falta de suministro se debió a fuerza mayor y que el contrato fue obtenido mediante prácticas corruptas. El tribunal hizo tres análisis para medir la viabilidad ética y de buen gobierno del contrato. El laudo establece que cumple con todas las normas de contratación de Egipto, los requisitos internacionales e, incluso, los fijados por el mismo presidente del tribunal sobre lo que debe cumplir un contrato de esta índole.

Sobre las causas de fuerza mayor, el laudo pone de manifiesto que Egipto ha aumentado el consumo de gas interno debido a la mayor presencia industrial. El juez critica que el país no haya hecho una mejor planificación de la demanda que le permitiera atender todas las necesidades, en lugar de incumplir los acuerdos contractuales que tiene firmados con empresas de otros países.

Resuelto este primer escollo, se espera ahora que en breve se pronuncien el tribunal de Madrid y, posteriormente, el Ciadi. La resolución de ambos, sobre todo el de la corte del Banco Mundial, se consideran vitales, ya que supone un montante total de 3.000 millones de dólares (unos 2.500 millones de euros), tal como ha publicado el propio gabinete de abogados de EGAS, Shearman & Sterling. Las fuentes consultadas de la empresa han declinado hacer comentarios, ya que el proceso sigue su curso; pero tal como se han desarrollado las cosas en El Cairo y teniendo en cuenta que dos de los tres miembros del tribunal de Madrid son los mismos que en Egipto, cabe elucubrar que el laudo va a ir por el mismo camino.

Al respecto, el Ciadi ha solicitado información procesal justo después de que se conociera el laudo de El Cairo, según aparece en la página web del tribunal, que también ha solicitado las costas del proceso judicial, algo que suele suceder a escasos meses de que se haga público el laudo.

Negociación extrajudicial
No obstante, hay indicios de que se pueda llegar a un acuerdo extrajudicial, como ya se intentó también en 2014. De hecho, el ministro de Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, de visita a España hace dos semanas, expresó que su país está dispuesto a solventar los conflictos de este tipo que arrastra con diversos países (según datos del Ciadi, se elevan a la treintena). En rueda prensa con su colega español, Alfonso Dastis, manifestó que espera un buen resultado para ambas partes y que Egipto quiere volver a ser "respetuoso con los compromisos" adquiridos y se ha pronunciado a favor de superar esta situación "antes de las vías arbitrales o jurídicas".

Asimismo, añadió que las últimas prospecciones de gas encontradas en aguas egipcias permitirán obtener beneficios, nutrir a las plantas especializadas y que éstas vuelvan a funcionar. En ese sentido, una compañía distribuidora de Egipto acaba de suscribir un contrato por importe de 15.000 millones de dólares (unos 12.000 millones de euros) para recibir gas procedente de Israel para el suministro de 64.000 millones de metros cúbicos durante 10 años.

La planta de Damietta, que había iniciado la producción en 2005, está sin funcionar desde 2012, tras la caída del presidente egipcio Hosni Mubarak y el ascenso al poder de los Hermanos Musulmanes. La planta se comenzó a construir en marzo de 2002. La instalación de licuefacción de Damietta es propiedad de SEGAS, una compañía filial participada en un 80% por UFG y por las firmas egipcias del gas y del petróleo EGAS (10%) y EGPC (10%). Toda la capacidad de producción de Damietta se debía repartir entre UFG (60%) y EGAS (40%).

En los primeros años de funcionamiento y facturación, la planta pasó de producir en 2004 el 0,3% del gas licuado que importa España al 8,5% en 2005 y al 15% en 2008, situándose como segundo proveedor y facilitando grandes beneficios a UFG. Tras el parón de 2012, Unión Fenosa Gas ha tenido que destinar provisiones millonarias cada ejercicio para tapar el agujero y el "deterioro accionarial" de la compañía con esta inversión.

Otras demandas
Por otro lado, GNF mantiene otro conflicto con Qatar Liquefied Gas Company Limited desde mayo de 2015 para que se fijaran los precios para los suministros de gas que recibe de dicha compan~i'a. GNF solicitó una rebaja de precio y el suministrador, un aumento. "El laudo, notificado el 3 de febrero, contiene pronunciamientos que requieren negociaciones entre las partes si bien un análisis resulta que los efectos, positivos o negativos, en caso de producirse no afectarían significativamente a los estados financeiros", según la memoria de GNF.

Asimismo, el 22 de marzo de 2017 entrego' la documentacio'n para el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisio'n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) con el objetivo de recuperar Electrocaribe, su filial colombiana, con un marco regulatorio viable y, en su defecto, conseguir una compensacio'n de acuerdo al valor justo de la sociedad que se estima en ma's de 1.000 millones de do'lares. El inicio formal del arbitraje se ha solicitado ante el Tribunal de la CNUDMI que, al igual que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, esta' previsto como foro adecuado de resolucio'n de diferencias en el acuerdo bilateral de promocio'n y proteccio'n reci'proca de inversiones entre la Repu'blica de Colombia y Espan~a. Adicionalmente, GNF cuenta con una póliza de seguros por riesgos políticos que en el caso de Electrocaribe le permitiría recuperar hasta 500 millones de dólares en el caso de expropiaciones y leyes o disposiciones normativas discriminatorias.

(Publicado por El País - España, 4 marzo 2018)
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