jueves, 8 de fevereiro de 2018

Odebrecht

Gobierno propone nueva norma para cobrar reparación civil a Odebrecht: Perú

A solo seis días de que venza el decreto de urgencia 003, que regula el pago de reparaciones civiles a favor del Estado por parte de empresas corruptas, el Ejecutivo presentó la norma que lo reemplazaría.

No se trata de otro decreto de urgencia, algo que hubiese resultado más rápido, sino de una ley propuesta al Congreso. Se titula "Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economia".

Está en manos del Parlamento discutirla y votarla en menos de una semana.

El proyecto presentado por el MEF establece una medida cautelar ad hoc, que sustituye medidas cautelares adicionales, para 3 tipos de empresas:


1. Condenadas o que han confesado
2. Socias, asociadas o consorciadas con empresas de tipo 1.
3. Empresas bajo investigación, que se pueden acoger voluntariamente.

Ante esta situación, lo que el proyecto ley busca es:
1. El cobro inmediato de la reparación civil a favor del Estado.
2. Fomentar la colaboración eficaz.
3. La continuidad de los proyectos.

“Hacia adelante, la agenda de trabajo se focaliza en asegurar el pago de la reparación civil, a través de la viabilización de la venta de activos/proyectos y de la continuidad de proyectos. Asimismo, es clave que las medidas adoptadas incentiven la colaboración eficaz por parte de las empresas comprendidas. En esa línea, el Ejecutivo está planteando un Proyecto de Ley”, precisó el MEF a través de un comunicado de prensa.

Operatividad de la Medida Cautelar Ad Hoc
Cobro inmediato de la reparación civil a favor del Estado

1. Condenadas o que han confesado
a. Retener un porcentaje no minoritario del precio de venta. Este se irá a un Fideicomiso a favor del Estado.
b. Retener un porcentaje cierto de los pagos del Estado.
c. Prohibir las transferencias de capitales y dividendos al extranjero.

d. Cobrar las deudas tributarias vencidas con cargo al Fideicomiso de Reparación Civil. Se excluye la necesidad de medidas cautelares por parte de Sunat.
e. Asegurar el pago de obligaciones tributarias futuras, creando un mecanismo de detracción en los pagos que realicen las entidades públicas (un porcentaje del IGV).

2. Socias, asociadas o consorciadas con empresas de tipo 1.
a. Asegurar que el Estado cuente con un monto suficiente para cobrar la reparación civil que determine el juez mediante la constitución de un Fideicomiso de Garantía a favor del Estado. Esto da predictibilidad, en el corto plazo, para no romper el financiamiento de los proyectos ni la cadena de pagos.
b. Incluir programas de “compliance” para prevenir la futura comisión de delitos.
c. Prohibir las transferencias de capitales y dividendos al extranjero.

3. Empresas bajo investigación, que se pueden acoger voluntariamente
a. Las empresas constituirán un Fideicomiso a favor del Estado, como garantía del futuro pago de la reparación civil que se fije. Esto da predictibilidad, en el corto plazo, para no romper el financiamiento de los proyectos ni la cadena de pagos.
b. Incluir programas de “compliance” para prevenir la futura comisión de delitos.

De forma transversal a los 3 tipos de empresas, se establece que el Procurador estima el monto de la reparación civil siguiendo las mejores prácticas internacionales en la materia para lo cual deberá contratar consultores especializados, y conforme a la normativa vigente. El reglamento establecerá el procedimiento a seguir. Esto da predictibilidad de largo plazo.

Colaboración Eficaz
a. Se crea la colaboración eficaz de personas jurídicas que han sido utilizadas como vehículos para cometer actos de corrupción, a fin de facilitar la persecución del delito.
b. Para acogerse al régimen, las empresas deberán brindar acceso a la información a la fiscalía.

c. De acogerse, se podrán excluir total o parcialmente las medidas consideradas en el presente proyecto de ley (acuerdo entre la empresa y Ministerio Público).
d. Se establece la obligación de constituir veedores en las empresas incluidas en el Proyecto de Ley (asociadas a actos de corrupción, socias e investigadas) a fin de que pueda hacerse seguimiento sobre el devenir de la empresa, el mantenimiento de la cadena de pagos, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y laborales, entre otros.

Continuidad de los proyectos
a. Brindar seguridad jurídica a los compradores respecto a los activos que están adquiriendo con lo que se fomenta la entrada de nuevos inversionistas.
b. El proyecto de ley es una medida cautelar única que no solo garantiza el pago de la reparación civil sino que además mantiene la cadena de pagos.
c. El Proyecto de Ley no limita que las empresas socias y consorciadas, así como las investigadas, puedan seguir contratando con el Estado.

d. Se cautela la adecuada ejecución de las cartas fianzas mediante la participación de la Contraloría General de la República.
e. No limita que las empresas socias y consorciadas, así como las investigadas, puedan transferir unidades de negocio/activos a nuevos operadores sin que estos últimos pierdan la acreditación de constructor provista por el Estado. La venta está permitida porque el pago de la reparación civil ya está garantizada.

Destacados de la norma

El nuevo dispositivo trae algunas novedades respecto al decreto vigente. La primera es la introducción de una nueva clasificación de empresas según tres tipos: 1) las condenadas o que han confesado actos de corrupción (Odebrecht, por ejemplo), 2) las asociadas o consorciadas, sin importar el porcentaje de participación que hayan tenido en los consorcios (Graña y Montero, por ejemplo) y 3) las investigadas por el Ministerio Público (Obrainsa, por ejemplo).

Las dos primeras están obligadas a destinar una parte de sus utilidades a un fideicomiso (depósito en el Banco de la Nación) que servirá, si se dictan sentencias condenatorias, para reparar al Estado peruano. Las investigadas podrán alimentar un fideicomiso voluntariamente, en cuyo caso recibirán beneficios.

La segunda novedad de la norma es la fijación de un porcentaje de retención en la venta de los proyectos gestionados por las empresas condenadas o confesas.

"La idea es retener el 50% de esa utilidad", dijo ayer la ministra de Economía, Claudia Cooper. Esto no existe en el actual decreto.

Así, por ejemplo, si se concreta la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla, hoy administrada por Odebrecht, a los inversionistas chinos que están interesados en ella, la mitad del precio de venta iría al fideicomiso y luego, cuando la brasileña sea condenada, al Estado como reparación civil.

Para las empresas asociadas y las investigadas fijarán montos de fideicomisos que varían de acuerdo a cada caso.

Otro cambio es la creación de un sistema de colaboración eficaz para las empresas involucradas en actos de corrupción. "En la medida en que el fiscal llegue a un acuerdo con la empresa, puede haber mejores condiciones para la retención o para la reparación civil", explicó Cooper.

Las empresas comprendidas en este beneficio, añadió, serán intervenidas por "vedores" o auditores "de primer nível" que recogerán la información financiera real. Así, el Estado se aseguraría de tener información financiera real

Socias

Las empresas socias de Odebrecht seguirían contratando con el Estado.

El proyecto de ley presentado por el Ministerio de Economía y Fianzas propone que las empresas socias de las condenadas o confesadamente corruptas puedan seguir contratando con el Estado.
La República le preguntó a la ministra Claudia Cooper por el sentido de este planteamiento. Ella respondió: "Tú lo que buscas es salvar la unidad productiva, en los casos de corrupción en el mundo las empresas siguen vivas: Volkswagen, Siemens y muchas otras".
"Lo que quieres –añadió– es que esa empresa sobreviva con un mejor gobierno corporativo. Y las que quieran seguir operando con el Estado van a tener que entrar en un proceso de calidad".
(Publicado por La República - Perú, 8 febrero 2018)
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