lunes, 18 de dezembro de 2017

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Ley de Seguridad iría a la Corte: México

Después de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el viernes pasado en el Congreso, diferentes actores políticos e instituciones han anunciado que impugnarán dicha norma ante la Suprema Corte debido a que es considerada como inconstitucional.

Al pronunciarse sobre el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que iniciará el estudio de la acción de inconstitucionalidad.

"Ante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por parte del Poder Legislativo Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa que, si bien respeta tal determinación, a la vez reitera la preocupación que ha hecho pública porque el contenido de la ley en cuestión contravenga o propicie que se vulneren los derechos humanos de las personas", indicó.

El órgano de derechos humanos lamentó que no se hubiera dado un proceso de discusión y deliberación abierto a la sociedad, al tiempo que señaló que la ley contraviene la reforma hecha en el 2011 en materia de derechos humanos.

Asimismo, la CNDH exhortó, mediante una nota de prensa, al Ejecutivo federal a que realice observaciones sobre la Ley de Seguridad con respecto a la procuración de los derechos fundamentales.

Reacciones en el Poder Legislativo

Mientras, los integrantes del grupo parlamentario PT-Morena en el Senado también elaborarán, promoverán y presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, informó el senador Miguel Barbosa Huerta. Dicha acción debe ser presentada por 43 senadores y senadoras, que son el equivalente a 33% de la Cámara.

"Nos defenderemos con las propias armas que nos permite la Constitución: una acción de inconstitucionalidad, que estamos seguros que contará con el apoyo mayoritario de la sociedad y los organismos defensores de derechos humanos", anunció.

Por otro lado, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados expuso que ha iniciado la recolección de firmas de sus legisladores y de otros partidos, a fin de interponer un recurso ante la Corte en contra de la Ley de Seguridad.

La diputada perredista Evelyn Parra destacó que uno de los principales requisitos, que exige el máximo tribunal para aceptar dicho recurso, es contar con el aval de 33% de los diputados que componen la Cámara; es decir, 165.

Precisó que buscará a integrantes de su bancada, como también de legisladores que integran la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC) así como de otros partidos de oposición.

La legisladora confió en lograr recabar las firmas de los diputados antes de los 30 días naturales que exige el artículo 105 de la Constitución para la impugnación de la ley, a la que calificó de violatoria.

Por su parte, el coordinador del PRI en Diputados, César Camacho, defendió que la ley, además de ser constitucional, da certeza jurídica a las Fuerzas Armadas y federales en su actuación en actividades de seguridad pública.

El Congreso aprobó la ley

El Congreso mexicano aprobó el viernes una polémica ley que busca regular el rol de las fuerzas armadas en las calles, para combatir grupos delictivos, y que amplía sus facultades para actuar cuando se determine que existe una amenaza a la seguridad interior, pese a enérgicas críticas de organismos como la ONU.

A pesar de los cuestionamientos tanto de instituciones internacionales como nacionales, los legisladores resolvieron a favor de la Ley de Seguridad Interior, que dota a los militares de un marco legal para intervenir con operaciones excepcionales si el presidente o gobiernos estatales consideran que las fuerzas policiales son insuficientes.

La ley fue aprobada en la madrugada del viernes, tras 15 horas de debates, por el Senado y posteriormente por la Cámara de Diputados. Ahora debe ser promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, cuyo Gobierno respalda el instrumento legal.

"Es lamentable que haya sido aprobada (...) Sentimos que no es un paso positivo", dijo el viernes la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell.

Agregó que la ONU ha insistido en que "lo más importante es concentrarnos en aumentar la capacidad de la policía y no convertir a las fuerzas armadas en una parte fundamental de la seguridad interna".

Activistas dicen que la aplicación de la ley provocaría más violaciones a los derechos humanos y violencia, así como abuso por parte de las fuerzas armadas, que en el pasado han sido acusadas de ejecuciones arbitrarias, torturas y otros delitos.

A fines del 2006, el expresidente Felipe Calderón comenzó a enviar decenas de miles de militares a los puntos más violentos del país para combatir los cárteles de la droga ante la debilidad de los cuerpos policíacos. Sin embargo, muchos grupos, lejos de contenerse, se fragmentaron e incursionaron en otros delitos.

El ejército mexicano había dicho que requería una ley para regular su operación, pero al mismo tiempo un mecanismo en el que se estableciera una fecha para que puedan volver a los cuarteles pues la institución no fue creada para combatir cárteles de la droga y otros delitos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha sumado a los cuestionamientos de la ONU sobre la aplicación de esta ley. Aseguran que una década de intervención no regulada de las Fuerzas Armadas no ha disminuido la violencia y que por el contrario ha aumentado las violaciones de los derechos humanos.

La ley contempla, entre otras medidas, la intervención de militares y marinos para controlar, repeler y neutralizar actos de resistencia, lo que activistas ven como una amenaza a protestas de ciudadanos -que podrían ser sometidos con exceso de fuerza-, a meses de una elección presidencial para las que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador encabeza los sondeos.

La violencia desatada en México por el crimen organizado ha cobrado la vida de más de 200,000 personas en la última década. El período del Gobierno del presidente Peña rompería un récord dentro de los delitos de muertes violentas, así como en casos de desapariciones de personas en el país, cuyos cuerpos suelen aparecer en fosas clandestinas.
(Publicado por El Economista - México, 18 noviembre 2017)
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