Los cancilleres europeos, reunidos esta mañana en Bruselas, aprobaron la activación de las primeras sanciones europeas contra el régimen venezolano, uniéndose así a Estados Unidos y Canadá. El acuerdo estaba cerrado por unanimidad por los representantes diplomáticos de los 28 países del bloque desde el viernes, pero necesitaba la rúbrica de los cancilleres para que las sanciones empezaran a entrar en vigor.
La Unión Europea activó ya esta mañana un embargo de armas contra Venezuela. La sanción es simbólica por ser la primera pero tendrá poco efecto práctico porque sólo tres países del bloque (Austria, España y Holanda) han vendido armas a Caracas en los últimos cinco años. Los contratos firmados antes de la entrada en vigor de las sanciones podrán cumplirse.
El embargo de armas excluye a los equipos “no letales” que la Marina y los guardacostas venezolanos quieran comprar para protección de aguas territoriales y lucha contra el tráfico de drogas. Sí se incluye en el embargo cualquier instrumento tecnológico o programa informático que sirva para interceptar comunicaciones de forma que el gobierno tenga más fácil su tarea de represión interna.
Según el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo, el prestigioso SIPRI, más del 90% de las armas que ha comprado Venezuela en ese mismo período le fueron vendidas por Rusia y China. El embargo de armas también se aplica a cualquier instrumento que pueda servir para la represión, como material antidisturbios.
El SIPRI también cuenta que Venezuela ha reducido drásticamente sus compras de armas en el extranjero, principalmente por sus problemas económicos. En 2016 habría gastado un 80% menos que en 2007.
Los cancilleres también aprobaron las bases legales para empezar a sancionar a personas del régimen vinculadas a la represión, pero no activarán esa parte de las sanciones hasta que se compruebe cómo funciona el embargo de armas.
Los servicios diplomáticos europeos empezarán ahora a estudiar los nombres de dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro que serían sancionados. Con la base legal para esas sanciones ya rubricada por los cancilleres, bastaría una decisión política y que los nombres fueran incluidos en una lista que debería publicarse en el Diario Oficial de la UE.
Esas personas verían congelados todos sus bienes en Europa y tendrían prohibida la entrada a los 28 países del bloque. Se incluiría en esa lista a cualquier funcionario civil o militar implicado “en la violación de derechos humanos”.
El comunicado de la reunión que aprobó las sanciones explica que estas se pueden ir ampliando gradualmente según evolucione la situación en Venezuela y que pueden eliminarse “en función de la evolución del país” en cuanto se cumplan cuatro condiciones: negociaciones políticas creíbles y significativas, respeto a las instituciones democráticas, adopción de un calendario electoral completo y liberación de presos políticos.
La UE repite que las sanciones no se aprueban para castigar al pueblo venezolano sino a los dirigentes involucrados en la represión y la violación de derechos humanos y que la UE “quiere aliviar” la situación de la población venezolana.
Europa considera que las elecciones a gobernadores del pasado 15 de octubre no son creíbles y exige “una auditoría completa e independiente” y repite que no reconoce la creación de la Asamblea Constituyente ni sus actos “debido a las graves inquietudes sobre su legitimidad y representatividad” y porque esa institución “ha erosionado aún más las instituciones democráticas e independientes”.
La UE sigue exigiendo al régimen venezolano que se comprometa a organizar lo antes posible “unas elecciones libres y justas” que sirvan para “restablecer la legitimidad democrática” y que la oposición política siga unida porque eso hará más fácil encontrar “una solución negociada”.
(Publicado por Agencias, 13 noviembre 2017)
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