Además de la derogatoria a una ley y las reformas a dos decretos ejecutivos expedidos en gobiernos anteriores.

Las preguntas sobre reelección indefinida, el Consejo de Participación Ciudadana, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, la limitación de la minería metálica y la inhabilidad para ejercer cargos públicos tras condenadas por actos de corrupción son las preguntas que necesitan de enmiendas o reformas constitucionales.

Entre las leyes a reformarse están tres códigos: Penal, Democracia y Ambiental.

El Código Integral Penal requiere reformarse para aplicarla primera pregunta de combate a la corrupción y para la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños.

El Código de la Democracia debería reformarse para aplicar la inhabilidad de cargo público para los corruptos, pero no para el tema de la reelección indefinida, pues la Asamblea, en el periodo anterior, nunca realizó la reforma secundaria.

El Código Ambiental requiere modificarse por los límites que el Gobierno quiere establecer a la minería metálica.

Para la pregunta de combate a la corrupción también se requiere cambios a la Ley Orgánica de Servicio Público.

El tema de la plusvalía se realizaría con el envío de un proyecto de Ley Derogatoria a Ley Orgánica para Evitar la Especulación Sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos por parte del presidente.

Los dos decretos por ser reformados serían los que definen la superficie de la zona intangible en la Amazonía y la superficie de explotación dentro del Parque Yasuní.

El orden de las preguntas está detallado de la manera en que el Ejecutivo envió a la Corte Constitucional para su calificación.

Consulta popular:

Pregunta 1 sobre inhabilitación por corrupción

¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes?

"Reformas atinentes a la lucha contra la corrupción" fue el título que el presidente Lenín Moreno dio al primer acápite del documento que remite a la Corte Constitucional sobre la consulta popular para fundamentar la reforma propuesta.

En esta pregunta, la Presidencia argumenta que la corrupción constituye un flagelo mundial, que genera la vulneración de los derechos de los ciudadanos a una vida digna y recuerda que Ecuador es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Argumenta también que el Gobierno ha iniciado un proceso de lucha contra la corrupción descubierta en algunos procesos de contratación de obras de interés nacional, las investigaciones de actos de corrupción han sido dirigidas en contra de múltiples servidores públicos, así como de personas particulares, identificadas con el sector privado de economía nacional y transnacional.

"Por tanto, es necesario que el Estado establezca normas que protejan los intereses nacionales, impidiendo a los ciudadanos que hayan sido condenados por delitos relacionados con actos de corrupción, reincorporarse o participar de funciones públicas, así como imposibilidad de que celebren contratos con el Estado", señala el documento.

Según el presidente, con la aceptación de esta pregunta se cumpliría con uno de los objetivos de la sanción penal que es la prevención del delito, protegiendo de esta forma los intereses públicos. Y agrega que se deben establecer sanciones que alcancen a las organizaciones y personas jurídicas del sector privado que sean utilizadas como medios o herramientas para la ejecución de actos delictivos que atenten contra la eficiencia de la administración pública.

Prevención

Para Xavier Zavala Egas, coordinador del Frente Anticorrupción, siempre que existen infracciones penales es importante el aspecto de la prevención y, en este sentido, si además de la sanción penal de los años de prisión, se priva de los derechos políticos y se incautan los bienes es evidente que se está previniendo la comisión de delitos.

Además, el actual Código Orgánico Integral Penal ya impide el desempeño de todo cargo público a quien haya sido sentenciado por el delito de peculado, agrega el jurista.

En tanto, el constitucionalista Mario Melo sostuvo que ser dignatario de elección popular es un derecho, cuyo ejercicio exige requisitos de probidad que no se cumplirían si se trata de alguien ya sentenciado por corrupción. Agrega que la reforma no violaría ningún derecho constitucional

Pregunta 2 sobre reelección indefinida

¿Para garantizar alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución para que autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez..., dejando sin efecto la reelección indefinida?

Lo que busca esta pregunta, que según los bloques del PSC, CREO y SUMA está bien estructurada y recibirá su respaldo en las urnas, es que quede sin efecto la reelección indefinida y se mantenga la prohibición incluida en la Constitución, de que una persona solo puede ser reelegida una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo.

Luis Fernando Torres (PSC) explicó que la pregunta dará lugar a una respuesta clara, y con ello, el exmandatario Rafael Correa no podría ser candidato a la Presidencia de la República, en el 2021, porque fue dos veces presidente con la Constitución del 2008, y Jaime Nebot tampoco podrá ser alcalde de Guayaquil; y tampoco podrán volver a serlo varios asambleístas. Pero sí podrán candidatizarse para otras dignidades.

Fernando Burbano, de la bancada de CREO, dijo que la pregunta permitirá corregir una enmienda que fue aprobada por la fuerza de una mayoría correísta, y destacó que este cambio constitucional debe ser aplicable para todas las dignidades de elección popular.

Agregó que al eliminar la enmienda, se vuelve al origen de la disposición constitucional; por lo tanto, quienes fueron reelectos dos veces a partir del 2008, por una misma dignidad, no podrán volver a candidatizarse.

Ricardo Zambrano (AP) respaldó la pregunta de la consulta sobre la reelección indefinida y dijo que es importante que esta vez los ecuatorianos decidan en las urnas sobre un tema que no ha sido muy claro.

Pregunta 3, sobre Consejo de Participación

¿Está de acuerdo con enmendar la Constitución para reestructurar el Consejo de Participación, así como dar por terminado el periodo de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades..., pudiendo anticipar la terminación de sus periodos?

Para Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación, es ilegal la pregunta. “No puede tomarse las instituciones por asalto. (...) La consulta popular no lleva a fortalecer en absoluto la institucionalidad y los poderes del Estado”, adujo.

Duda de que con una elección popular de los miembros del Consejo se fortalezca la participación ciudadana debido a que se pregunta cómo van a ser electos si no son auspiciados por un partido o movimiento político.

La labor que han desarrollado los siete consejeros, agregó, ha sido la adecuada. Lamentó la falta de recursos para comunicar esa labor lo que, a su criterio, no invisibiliza todo su trabajo.

En tanto, David Rosero, quien fue vocal del Consejo de Participación entre 2010 y 2015, cuestiona la gestión del organismo actual.

"Lamentablemente el correato le metió la mano a la institucionalidad y a través de ella secuestró las instituciones del Estado por palancocracia, en lugar de la meritocracia".

Está de acuerdo en que, para el futuro, los integrantes de la institución sean electos por votación popular. Ello les daría legitimidad, expresó.

Sin embargo, considera necesario que se debe aclarar cómo se va a designar al Consejo de Participación transitorio. "No quisiéramos caer de un dueño a otro dueño de las instituciones", dijo el exconsejero.

Consulta popular: Pregunta 5, sobre Parque Yasuní

¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?

Ayer se cumplieron cuatro años (3 de octubre de 2013) desde que la Asamblea declaró de "interés nacional" la explotación petrolera de los bloques 31 y 43 (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), que se encuentran dentro del Parque Nacional Yasuní (PNY), por pedido del expresidente Rafael Correa.

En la declaratoria se estableció que la actividad extractiva se realice en "una extensión no mayor al uno por mil (1/1000)" de la superficie actual del PNY. Luego, en septiembre del 2016, la empresa estatal Petroamazonas comenzó a extraer petróleo del campo Tiputini que es parte del bloque, pero no está dentro del PNY.

Sin embargo, el presidente Lenín Moreno anunció que entre las siete preguntas que tendrá la consulta popular, promovida por él, se incluirá una sobre la explotación en el parque nacional.

Pero este anuncio mostraría varias ambigüedades, asegura Eduardo Pichilingue, miembro del colectivo ambientalista Yasunidos. "La pregunta actual deja muchas dudas..., se habla de la reducción de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas del área de explotación, pero no sabemos de dónde salen esas mil hectáreas..., y el asunto es que las 300 que quedarían ya fueron afectadas. Si tomamos en cuenta los pozos que se abrieron en los bloques 31 y 43, el área afectada por la actividad petrolera sobrepasa ampliamente 300 hectáreas", indica.

Además, la ampliación de la zona intangible propuesta por Moreno también sería confusa, señala Pichilingue: "En la pregunta se ubican las palabras ‘en al menos 50 mil hectáreas’, y eso nos deja preocupados porque no sabemos cuántas serán..., se deja un espacio para la especulación... Además, no se menciona en qué zonas se daría esta ampliación, no sabríamos a qué atenernos".

Con esto concuerda el analista petrolero Luis Calero y afirma que una reducción de la explotación afectaría a los indicadores nacionales. "Este Gobierno estableció que a finales de su periodo (2021) habría una producción de 700 mil barriles diarios, contando con la extracción del campo ITT, y de producirse esa reducción no se llegaría a la meta... En el mediano plazo la producción petrolera será equivalente al consumo interno de derivados y no tendríamos excedentes para exportar y no tendríamos para consumo interno e importaríamos más pagando precios internacionales", dice.

El colectivo Yasunidos anunció que solicitará al presidente y a la Corte Constitucional que se mantenga la pregunta que presentaron en las mesas de diálogos convocados por el actual Gobierno: ¿Está usted de acuerdo en mantener el crudo del Yasuní ITT, indefinidamente, en el subsuelo?

Pregunta 6, sobre minería metálica

¿Está de acuerdo con enmendar la Constitución para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?

La pregunta sobre restricción de minería metálica (actividad de extracción para obtener un metal, como oro, plata, cobre y otros) en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos fue una propuesta de las autoridades del Azuay, que enviaron un documento en ese sentido en el plazo que dio el Ejecutivo.

El anterior Gobierno autorizó la explotación minera en dos zonas de esa provincia: Loma Larga (Quimsacocha) y Río Blanco.

El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, adelantó que harán campaña a favor del Sí, aunque la pregunta no fue acogida tal como la pidieron: ellos planteaban dejar sin efecto las concesiones vigentes, de tal forma que esos dos sectores se ‘salvaran’.

Cabrera declaró que "Río Blanco y Loma Larga están dentro de bosques protectores y no zonas protegidas, esto merece un debate profundo con el Gobierno para evitar la contaminación del agua de Cuenca", aunque de todos modos respaldará el plebiscito de Moreno. Su apoyo, dijo, también será a través de su movimiento: Igualdad.

El prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, aseguró que el tema de minería se incluyó por una iniciativa de esa institución hace varios años, pero aún no define una posición de apoyo o rechazo. Lo que asegura es que esta pregunta no protege a las poblaciones y fuentes hídricas cercanas a Loma Larga y Río Blanco.

Para el líder de la Ecuarunari, Yaku Pérez Guartambel, la redacción de la pregunta le genera una "enorme decepción", pues no incluye la protección de fuentes de agua subterráneas, bosques protectores, páramos, humedales y cabeceras de los ríos.

Situación que, según su punto de vista, deja intactos los proyectos de megaminería iniciados en el Gobierno anterior y pondría en riesgo el diálogo nacional. A pesar de esto, asegura que apoyar el Sí es una opción válida, que la decisión será de las bases.

Pregunta 7, sobre ley de plusvalía

¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida con Ley de Plusvalía?

La Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon) mostró su beneplácito por la inclusión del tema de la derogación de la Ley de Plusvalía como parte de las preguntas de la consulta popular.

El lunes pasado, varios gremios de constructores, obreros, arquitectos e ingenieros habían llegado hasta Carondelet a pedir justamente esta inclusión.

Ayer, Leopoldo Ocampo, presidente (e) de Camicon, ratificó que están conformes por la sensibilidad demostrada por el presidente Moreno para entender que dicha ley estaba afectando no solo al sector.

Ratificó que durante el tiempo que ha estado vigente la ley, e incluso tan solo con el anuncio de ella, la actividad se contrajo. Explicó que en 23 meses se han perdido 83.000 empleos y que la participación del sector de la construcción en el PIB ha caído de 10% a 8,42%.

Durante la marcha de los sectores de la construcción, realizada el lunes, Jorge Carrión, representante de los trabajadores de la construcción, pidió la derogatoria, pues la ley ha generado una suspensión de proyectos inmobiliarios y por consiguiente más riesgo en sus fuentes de trabajo.

Los trabajadores que participaron en la marcha exhibieron carteles que pedían la derogatoria de la ley y que se reactive la construcción, actividad que se considera motor de la economía.

En tanto que el presidente del Colegio de Arquitectos, Pablo Moreira, dijo estar apenado por la inclusión de la pregunta sobre la derogatoria.

Según dijo, lo conveniente hubiese sido que este tema se tratara vía Asamblea para poder hacer una modificación y no una derogatoria total.

La modificación habría sido conveniente en cuanto al porcentaje del impuesto con respecto a la ganancia extraordinaria, pero según dijo se requiere un control a la especulación.

Sobre el tema del control, Ocampo dijo que existen suficientes leyes actualmente para dicho control, así como las leyes tributarias respectivas.

(Publicado por El Universo - Ecuador, 4 octubre 2017)
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