martes, 5 de setembro de 2017

Abogados

Abogacía rechaza la entrega a Hacienda de los datos de los abogados: España

El Consejo General de la Abogacía Española ha anunciado que estudiará la posible impugnación y la solicitud de suspensión cautelar del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, que permitirá a la Inspección de la Agencia Tributaria disponer de los datos de todos los abogados que hayan participado en procedimientos judiciales entre 2014 y 2017.

En un comunicado hecho público, la Abogacía se felicita, no obstante de que el CGPJ se haya opuesto a que también se faciliten los datos del cliente, tal como pedía la Agencia Tributaria. Los datos que la cúpula judicial enviará, según el acta de la Comisión Permanente del CGPJ del pasado 20 de julio, abarcan: la identificación del abogado interviniente con indicación de nombre completo, NIF, número de colegiado, las fechas de inicio y de cese del procedimiento, naturaleza del mismo, el juzgado o tribunal donde se ha celebrado, localidad e importe de cada procedimiento judicial.

Para la Abogacía Española, la solicitud de datos de la AEAT es un requerimiento sumamente escueto, carente de motivación y falto de concreción, por más que se refiere a información desprovista de contenido tributario. Además, destaca que este mecanismo de recopilación generalizado de carácter masivo, sin la adecuada justificación y por ello sin amparo en el marco normativo, se hace, además, sobre casi 23 millones de asuntos judiciales de los que la Agencia Tributaria ya dispone de completa información

La autorización del CGPJ para que los tribunales y juzgados faciliten a la Agencia Tributaria (AEAT) datos relativos a la actuación de cada abogado y procurador en los procedimientos judiciales de 2014, 2015 y 2016, considera, además, que siembra de forma indiscriminada e injustificada la sospecha sobre la actuación de todos los abogados procesalistas y se basa en un concepto - la "trascendencia tributaria"- ambiguo y jurídicamente indeterminado.

El comunicado de la Abogacía Española, señala que los abogados, como cualquier otro profesional, están sometidos a las normas de tributación legalmente establecidas y cumplen escrupulosamente con sus obligaciones fiscales, por lo que esta solicitud de la AEAT sobre asuntos que están en los juzgados y tribunales por innecesaria, redundante y desproporcionada no hace sino extender la sospecha sobre un colectivo determinado como son los profesionales de la Abogacía.

Por otra parte, considera que "cuando la Agencia Tributaria ha requerido una información semejante a determinados Colegios de Abogados, los tribunales económico-administrativos han resuelto que eran contrarias a la legalidad".

(Publicado por El Economista - España, 5 septiembre 2017)
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