“Instamos al Gobierno de Venezuela a suspender el proceso hacia una Asamblea Nacional Constituyente que implicaría el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática y sería contrario a la voluntad popular expresada en la consulta del 16 de julio”, reza el texto, que no se someterá a votación.

La declaración fue leída en la OEA por el embajador panameño, Jesús Sierra, y la suscriben Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU., Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.

Estos 13 países pertenecen al grupo de 14 naciones que promueven la mediación de la OEA en la crisis de Venezuela, con la ausencia en esta ocasión de Uruguay, que no ha explicado, de momento, por qué se ha desmarcado.

Consolidar una posición
La declaración emitida este miércoles tiene como principal objetivo sentar la posición de estas naciones ante la Constituyente y mostrar que mantienen su voluntad de seguir ocupándose de la crisis venezolana, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas.

El texto insiste en "la importancia de establecer lo antes posible un grupo u otro mecanismo de facilitación para apoyar un proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno y la oposición".

Además, las naciones firmantes expresan su "profunda preocupación por la grave alteración del orden democrático en Venezuela, la agudización de la crisis y el aumento de la violência".

"Hacemos un llamado urgente al respeto absoluto de los derechos humanos y del orden constitucional, incluyendo la separación de poderes y en este sentido condenamos el ataque a la Asamblea Nacional y otros actos de violência", señalan.

"Declaramos nuestra voluntad de apoyar iniciativas para atender las necesidades económicas, sociales y humanitarias más urgentes, especialmente el suministro de alimentos y medicinas", agregan.

Apoyo de misiones
Las misiones de Venezuela, Bolivia y Nicaragua expresaron su rechazo a que el Consejo Permanente aborde una vez más la crisis de la nación petrolera sin el consentimiento de su Gobierno.

Este 30 de julio los venezolanos están convocados a las urnas para elegir a los más de 500 miembros de una Asamblea Nacional Constituyente que redactarán una nueva Constitución y que tendrán facultades para reordenar el Estado sin que nadie pueda oponerse.

La oposición venezolana ha convocado una huelga general de 48 horas en todo el país que se inicia hoy como parte de las manifestaciones en contra de la Constituyente.

Venezuela vive desde abril una oleada de protestas, algunas de las cuales se han tornado violentas y se han saldado con 100 muertos y más de mil detenidos.

Fiscalía recibe un centenar de denuncias de coacción al voto

La Fiscalía venezolana ha recibido casi un centenar de denuncias de personas que dicen haber sido amenazadas para participar en la elección del próximo domingo para la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, informó la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.

“Aquí se amenaza a las personas para que vayan a votar por la (Asamblea Nacional) Constituyente, cuando el voto debe ser libre”, afirmó Ortega en una conferencia de prensa sobre el proceso electoral del próximo 30 de julio, al que ella se ha opuesto desde el principio.

Según la fiscal, a estas personas se les ha amenazado con que se les excluirá de los programas sociales del Estado para vivienda, educación, salud y pensiones y que perderán la bolsa de comida que reciben del Gobierno conocida como CLAP.

"Se amenaza con que se les va a quitar la bolsa CLAP, la caja CLAP, el carnet de la patria, las casas, las misiones, los hacen firmar a las personas, les tapan la parte de arriba y les ponen a firmar abajo", dijo.

Añadió que se han recibido denuncias de funcionarios públicos, que han sido supuestamente "amenazados de que tienen que asistir a votar por la Constituyente", unos casos que serán atendidos por el Ministerio Público en una oficina creada especialmente para esto.

La oficina comenzará a funcionar a partir del próximo viernes para recibir "todas las denuncias, todas las amenazas de que sean objeto los funcionarios públicos que sean presionados para votar por la Constituyente, serán debidamente atendidos y se les dará la protección debida", garantizó.

"Hay que oponerse a la Constituyente", añadió Ortega.

Llamado

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pidió a los venezolanos jugarse todo contra la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro y que se votará el domingo, ante las persecuciones y atropellos cometidos por el gobierno.

“Hay que oponerse a la Constituyente. Pueblo de Venezuela, ante las severas persecuciones y dantescos atropellos, quiero que sepan que estoy resteada (jugándose todo) con ustedes”, expresó Ortega en rueda de prensa.

La funcionaria afirmó que la Constituyente solo busca incrementar la persecución política contra quienes piensan distinto al gobierno.

"Si está Constitución la van a transformar es porque lo que se cierne sobre Venezuela es una forma de justificar los atropellos, los allanamientos sin orden judicial, cárcel para todo el mundo, por haberse opuesto a la Constituyente", expresó.

Ortega rechazó que el abogado Ángel Zerpa, a quien el Parlamento, de mayoría opositora, designó magistrado de una corte suprema paralela, haya sido detenido y aseguró que se le está violando el derecho al debido proceso.

"Hoy fue la audiencia de presentación y no le permitieron que nombrara a un abogado de confianza. Tuvo que defenderse él personalmente y está siendo juzgado por la justicia militar", denunció.

La fiscal pidió a los ciudadanos que la acompañen a exigir justicia y a defender la actual Carta Magna.

"¿Hasta cuándo el país seguirá tolerando violaciones a la Constitución? El poder no se puede asumir para oprimir al pueblo o perseguir a la disidencia. Se le están violando los derechos humanos a los venezolanos", expresó.

Ortega es una veterana chavista que rompió con Maduro hace casi cuatro meses al calificar como “ruptura del orden constitucional” dos fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que socavaron facultades del Parlamento.

También ha rechazado la Constituyente en varias oportunidades, porque, asegura, debió preguntarse a los venezolanos en referendo si desean modificar la Carta Magna y que busca instaurar un sistema comunista en el país.

Maduro ha insistido en que la Constituyente se votará el 30 de julio, a pesar de las fuertes protestas opositoras y llamados internacionales que exigen su salida del poder y rechazan la iniciativa.

Las manifestaciones, que llevan casi cuatro meses, dejan un centenar de fallecidos.

(Publicado por Agencias y El Nacional - Venezuela, 26 julio 2017)