Mañana, a las 9.30, en el edificio de la Fiscalía del Departamento de Justicia norteamericano, los fiscales de ese país recibirán a los jueces federales Daniel Rafecas, Marcelo Martínez De Giorgi, Sebastián Ramos y Sebastián Casanello junto a los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez que dirige la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. En representación del Gobierno, irá Ignacio Irigaray, de la Oficina Anticorrupción, organismo que es querellante en tres causas contra Odebrecht.

La reunión sobre la que no hubo mayores precisiones respecto a su contenido, incluso para los invitados, tendrá una estricta condición de confidencialidad, que, de violarse, pone en riesgo el intercambio de información judicial. Nada puede filtrarse con fines políticos y lo que se obtenga de prueba sólo podrá aplicarse al avance de las causas judiciales.

En Estados Unidos, la investigación sobre la constructora brasileña que admitió haber pagado coimas por 778 millones de dólares en 12 países, para manipular los procesos de licitación y así obtener contratos de obra pública, continúa en pleno de desarrollo. "Por eso es inédito este intercambio y deberá cumplirse sin excepción las condiciones impuestas", señalaron fuentes oficiales a Clarín. Para impulsar el encuentro, semanas atrás viajó el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano.

En el acuerdo que Odebrecht firmó con Estados Unidos, en su página 48, se consigna que a nuestro país se realizaron transferencias por más de 35 millones de dólares (la cifra podría superar los 100 millones de dólares), y que los pagos fueron realizados a "intermediarios" para que, finalmente, terminen en manos de ciertos funcionarios. Además, se consigna que el dinero desembolsado entre 2007 y 2014, durante los gobiernos de Cristina Kirchner, "estaba vinculado a tres grandes proyectos de infraestructura en los que Odebrecht obtuvo beneficios por 278 millones de dólares".

Según señalaron fuentes oficiales a Clarín, en la reunión se podría llegar a colocar sobre la mesa información vinculada a estos puntos.

La información conocida hasta ahora indica que entre 2011 y 2014 se pagó 2,9 millones de dólares a "un intermediario" que los habría derivado a los funcionarios. Después, hay otras cifras involucradas no especificadas y se quiere conocer "de dónde provienen, información bancaria y demás".

En algunos casos, como el de los jueces Martínez De Giorgi y Casanello, ya se enviaron exhortos a Estados Unidos y esperan que la respuesta a los mismos se acelere tras el encuentro de mañana. En cuanto a Rafecas, tiene en elaboración (junto al fiscal Federico Delgado) un exhorto que se completará con los detalles de la reunión.

La invitación se realiza en el marco del acuerdo de cooperación de información bilateral que firmaron ambos países. Según trascendió, se habló de un encuentro "para que haya cooperación técnica y se vaya construyendo confianza en base a una trabajo profesional serio". Por ello, la Justicia estadounidense pidió que los jueces viajen con el secretario que en cada juzgado lleva adelante la causa.

El juez Rafecas investiga la ampliación del gasoducto norte, su par Martínez De Giorgi tiene la causa del Soterramiento y Casanello, la obra de la planta potabilizadora de AySA. Y Ramos, un caso vinculado a Petrobras, también brasileña, por la venta de Transener.

Como todo acuerdo de intercambio, Estados Unidos también quiere información de las causas que se investigan en Argentina para "terminar de corroborar algunos números y datos que Odebrecht declaró", indicaron fuentes oficiales a Clarín.

(Publicado por El Clarín - Argentina, 10 julio 2017)
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