Con tres votos a favor y dos en contra, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amparó a Pemex Refinación contra la resolución de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para la reparación del daño por un derrame de hidrocarburo ocurrido en el municipio de Silao, Guanajuato, en el 2014.
La delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el Estado de Guanajuato estableció que la reparación del daño ambiental la debería atender Pemex; determinación que a propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán y respaldada por la mayoría de los integrantes de la segunda sala, fue rechazada.
En los argumentos legales, la empresa nacional argumentó que dicho percance tuvo como causa una toma clandestina de ductos, por lo que se apegó al Artículo 27 de la Constitución, el cual señala que no será responsable de derrames que resulten de actos ilícitos.
Por mayoría, la Segunda Sala resolvió, ante ello, que cuando no exista un responsable directo a quien se le pueda atribuir el impacto generado por la actividad de huachicoleros, será la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales la dependencia encargada de asumir el costo de las acciones de remediación.
"Para fines contextuales, cabe señalar que en la actualidad existe una importante problemática en el sector de los hidrocarburos: su extracción ilegal", se lee en los alegatos presentados por la petrolera.
Pormenoriza que la extracción ilegal de hidrocarburos en los ductos de Pemex alcanzó máximos históricos a partir del año 2014, con un promedio de 4,219 tomas clandestinas detectadas en todo el país.
Investigan en Pemex
Por presunta colusión con bandas del crimen organizado dedicadas al robo de hidrocarburos, se están realizando investigaciones contra 200 funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 15 alcaldes de Puebla, aseveró Miguel Leyva Medina, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo a Vehículos de la Procuraduría General de la República.
A partir de "un listado que nos mandó Pemex de 200 funcionarios aproximadamente, que serán investigados en todas sus declaraciones desde patrimoniales, cuentas bancarias, todo lo que se refiere a su ascendencia patrimonial, para efectos de que si encontramos alguna irregularidad constitutiva de algún delito se pueda tomar cartas y llevarlos ante las autoridades judiciales", precisó Leyva, quien a su cargo se encuentra también la célula de investigación de robo de hidrocarburos. Informó que los funcionarios que se investigan de Pemex son de "todos los niveles".
(Publicado por El Economista - México, 23 junio 2017)
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