De un día para el otro, tras haber confesado haber pagado coimas en el país por US$ 35 millones, Odebrecht se transformó en el peor alumno en el mundo de la obra pública. Ante la evidencia de su propia confesión, la empresa ofreció al gobierno argentino reparar el daño causado pagándole el equivalente de lo que había desembolsado en sobornos. Sin embargo, en paralelo, comenzó a reclamarle al Estado un resarcimiento por contratos rescindidos.
Sólo por las obras de ampliación de los gasoductos del Norte y Sur, según confirmó LA NACION, Odebrecht le exige al Estado un resarcimiento de US$ 202,6 millones, casi seis veces más de lo que pretende pagar en daños por corrupción.
De los tres grandes contratos que el Estado tiene bajo la lupa, el de la ampliación de los gasoductos es el único que por ahora se dio de baja. Tanto la Auditoría General de la Nación (AGN) como la Sigen habían advertido en 2012 y 2014 por posibles sobreprecios y anomalías en las obras de ampliación de los gasoductos troncales. Pero recién en febrero de este año, el Ministerio de Energía ordenó a Nación Fideicomisos, comitente delegado, que terminara con el contrato. Hubo, incluso, una denuncia penal por sobreprecios de hasta el 400 por ciento.
Pero la ley tiene sus vericuetos, y no siempre corre del lado de la ética. La cuestionada Odebrecht ahora pide una compensación por las obras que no pudo terminar. La compañía exige al Estado un resarcimiento de $ 939 millones y US$ 123 millones por la rescisión de la obra que estaba bajo la órbita de Cammesa y $ 148 millones y US$ 13 millones más, por la que había ganado Albanesi.
En Nación Fideicomisos sólo le reconocerían los costos de los bienes y servicios, además del lucro cesante por la paralización de las obras. Pero previamente le demandaron que un tercero certifique que en ambos casos no existieron sobreprecios. Odebrecht contrató para ello a la consultora KPMG.
Consultadas fuentes cercanas a la constructora, desestimaron que hubiera irregularidades."No hubo sobreprecios y los valores promedio de las obras están alineados con los precios internacionales y son inferiores a montos de otros contratos similares en la Argentina", afirmaron. Y defendieron el reclamo pecuniario. "A raíz de la terminación de los contratos, Odebrecht procuró seguir los pasos contractuales a los fines de su terminación y que el comitente delegado, Nación Fideicomisos, no ha cumplido con acción alguna para que esto se lleve adelante, Odebrecht procedió a su propio costo la contratación de una consultoría independiente y de renombre mundial, para ir evaluando parcialmente los temas contractuales pendientes y llegar a un justo balance", agregaron. En Nación Fideicomisos optaron por no hacer declaraciones.
Pero los representantes legales de la constructora brasileña no sólo le plantearon a Nación Fideicomisos un pedido de resarcimiento. También le hicieron llegar al Gobierno posibles cifras en caso de que el Estado argentino decidiera avanzar en la suspensión de los otros dos grandes contratos que tiene la empresa: las obras de la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas y el soterramiento del tren Sarmiento. Se habla de $ 1100 millones y US$ 7,5 millones, respectivamente.
Aunque existe la intención de revisar todas las operaciones de obra pública de la constructora, en el Gobierno saben que no pueden declarar la nulidad de los otros contratos de Odebrecht de forma intempestiva, sin sufrir luego posibles reclamos adicionales.
En los próximos días, según pudo saber La Nación, el Gobierno anunciará la creación de una comisión tripartita, con el Ministerio de Transporte, la Sigen y la Procuración del Tesoro, para revisar los contratos de Odebrecht. "Aun en el caso de que se concrete la venta de la participación de Odebrecht a la italiana Ghella en el soterramiento del Sarmiento, no se extingue la responsabilidad civil y penal de la compañía", explicaron.
En el Gobierno quieren evitar que con Odebrecht suceda lo mismo que con Siemens, que confesó ante la SEC (Comisión de Valores de los EE.UU.) haber pagado coimas para obtener el contrato de los DNI, y proveyó poca información a la justicia y al Estado argentino, a quien además había demandado ante el Ciadi (el tribunal arbitral del Banco Mundial) por más de US$ 500 millones por la rescisión del contrato en 2001. Casualmente, el estudio jurídico Bomchil liderado por Guido Tawil -que defendía los intereses de Siemens ante el Ciadi- es el mismo que hoy negocia ante el gobierno argentino en nombre de Odebrecht. También la auditora KPMG, contratada por Odebrecht, había avalado los balances de Siemens Argentina en los que se habían escondido los pagos de los sobornos.
La Inspección General de Justicia ya intimó a Odebrecht para que presente sus balances 2015 y 2016. Seguramente le corresponda a la Justicia revisar balances para ver si se utilizó a alguna de las sociedades de Odebrecht en la Argentina para canalizar sobornos.
(Publicado por La Nación - Argentina, 22 junio 2017)
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