Con o sin referéndum. La Generalitat tiene ya preparado el mecanismo para activar la secesión inmediata de Cataluña del resto de España si el Gobierno central impide que se celebre la consulta para la independencia, prevista para finales de septiembre o principios de octubre. EL PAÍS ha tenido acceso al borrador secreto de la Ley de Transitoriedad Jurídica, la conocida como ley de ruptura. Se trata de un documento que aspira a funcionar como constitución provisional catalana durante el plazo de dos meses que, según recoge el mismo texto, tendría el Parlament para poner en marcha un proceso constituyente que desembocara en la "república parlamentaria" de Cataluña. "Si el Estado español impidiera de manera efectiva la celebración del referéndum, esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlamento constate este impedimento", afirma la disposición final del borrador.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el centro, participa al encuentro de Coros Infantiles de Cataluña en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Vídeo: Puigdemont visita Madrid. MASSIMILIANO MINOCRI / ATLAS
Las tensiones cada vez mayores dentro del bloque soberanista se han convertido en una competición por ver quién va más allá en sus planteamientos, y han actuado como catalizador para acelerar un viaje sin retorno. Apenas una decena de personas —bajo la coordinación del exvicepresidente del Tribunal Constitucional, convertido ahora al independentismo, Carles Viver Pi Sunyer— han manejado en los últimos meses el manual de instrucciones para poner en marcha la independencia de Cataluña. Su lectura demuestra que los últimos movimientos políticos —la presencia este lunes en Madrid del president Carles Puigdemont para ofrecer por última vez un acuerdo al Gobierno central que permita celebrar la consulta o la invitación previa de Mariano Rajoy al líder catalán para que acuda a debatir al Congreso de los Diputados— son gestos retóricos para cargarse de razón ante el grave desafío institucional que se avecina.
La independencia de Cataluña será inmediata si no hay referéndum La pregunta de la consulta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?"
El documento dedica un apartado a la regulación del referéndum y desvela la pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?". La intención expresada en el texto es que esta parte del articulado entre en vigor antes incluso que el resto para poder celebrar la consulta, y señala que una mayoría de votos a favor, por reducida que sea, y sin un límite mínimo de participación, ratificaría la decisión y la haría vinculante.
Varias veces se refiere a sí mismo el borrador como "ley fundacional", y a lo largo de sus páginas se especifica de manera exhaustiva —aunque plagada de lagunas legales e incógnitas— hasta el último detalle de la ruptura: quiénes serían ciudadanos catalanes y cómo sería posible obtener la nacionalidad; qué leyes españolas permanecerían en vigor y cuáles dejarían de estar en vigor automáticamente; cuál sería el destino de los funcionarios de la Administración General del Estado que residan en Cataluña; qué pasaría con los contratos de obra o servicios públicos firmados por el Gobierno central y con los inmuebles propiedad del Estado español.
La mayoría independentista del Parlament ha impuesto ya una reforma del reglamento que permitiría la aprobación exprés del texto en trámite de lectura única. En apenas 48 horas, sin capacidad de reacción por parte de la oposición, la independencia se pondría en marcha.
Y lo primero es lo primero. La parte del articulado que hace referencia a la justicia en ese nuevo Estado es amplia y detallista. Con tres claros propósitos: un control riguroso del Gobierno catalán —sería el jefe de Gobierno quien nombrase al presidente del nuevo Tribunal Supremo—; la apropiación de todas aquellas causas que afecten a Cataluña y que están ahora en manos de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo español; y la voluntad expresa de "sobreseer o anular los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscaran un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta". Es decir, borrón y cuenta nueva para los políticos que, como el expresident Artur Más o el exdiputado Francesc Homs, fueron condenados por desoír al Tribunal Constitucional.
Los autores de este borrador dan por descontados actos y realidades jurídicas y materiales de enorme trascendencia y complejidad, como que la nueva república seguiría formando parte de Europa, que las prestaciones sociales como el paro o las pensiones estarían garantizadas o que todos los impuestos —y las sanciones por su incumplimiento— pasarían a depender íntegramente del Govern.
Bajo la lógica constituyente de los redactores, ninguna de estas disposiciones infringe la legalidad porque, como dice el segundo artículo, sostienen que "la soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña, del que emanan todos los poderes del Estado".
Chantaje
Tenso y con enorme malestar, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha querido comparecer este lunes tras el Comité Ejecutivo Nacional de su partido para responder al proyecto de la Generalitat de Cataluña sobre su ley de ruptura con el Estado y advertir a Carles Puigdemont y los demás dirigentes catalanes que no consentirá esa maniobra, que calificó como un "disparate desde todos los puntos de vista" y un "delirio jurídico". Rajoy consideró ese proyecto exprés de separación de Cataluña del resto del Estado, adelantado este lunes en exclusiva por El País, como "la liquidación del Estado de Derecho" y también como un intento "gravísimo de liquidar en pleno siglo XXI un Estado nacional en 24 horas".
No ahorró adjetivos ni admoniciones Rajoy a la intención de la Generalitat de Cataluña y de su actual presidente de poner en marcha a toda velocidad una ley de separación del resto del Estado al margen de todas las advertencias legales, políticas y jurídicas que se le lanzan desde el Gobierno central y otras instituciones. El jefe del Ejecutivo admitió que ese proyecto le parece "uno de los acontemientos más graves" que ha visto en su vida política y añadió de nuevo su invitación a Puigdemont a acudir al Congreso de los Diputados a explicar sus intenciones y, sobre todo, su "chantaje y amenaza" al resto del Estado de llevar adelante esa separación con independencia de si se aceptan o no sus postulados. Rajoy recalcó con tono especialmente dramático: "Esa propuesta es un chantaje al Estado inaceptable".
Rajoy reveló que había decidido comparecer en rueda de prensa (algo muy inhabitual en él y especialmente en la sede del PP) para comentar varios aspectos que le parecen muy relevantes sobre la situación política y social en Cataluña. El jefe del Ejecutivo reiteró la invitación que ya le lanzó el pasado viernes a Puigdemont tras el Consejo de Ministros para que vaya a las Cortes a debatir y discutir sus ideas porque le parece que ese paso sería ahora "lo más razonable que se puede hacer".
El jefe de Gobierno repitió así ante la prensa algunos pasajes que había avanzado a los miembros de su Comité Ejecutivo Nacional sobre ese asunto y en especial que no está dispuesto a negociar nada con los mandatarios de la Generalitat porque no puede y porque no tiene esa competencia. "Para que esa amenaza eche a andar (Carles Puigdemont) necesita el apoyo de la cámara, no el mío, que soy solo uno más de los 350 diputados del Congreso", remachó Rajoy.
Rajoy no quiso engañar a Puigdemont ni a los otros dirigentes nacionalistas que pretenden impulsar esa ley de ruptura para lograr la independencia de Cataluña sobre las posibilidades que tendría si lleva su proyecto a las Cortes Generales: "Si lo hace, yo no voy a apoyar ni la liquidación de la soberanía nacional ni de la unidad nacional y participaré en ese debate". El líder del PP confirmó así que él mismo tomaría parte en ese debate en el Congreso si Puigdemont asume su oferta. Pero lo hizo también para contraponer esa posición, que considera un paso adelante, a la actitud cobarde que achacó a Puigdemont: "Yo voy a dar la cara y le invito a que lo haga, porque un líder convencido de la bondad de sus propuestas debe ejercer el liderazgo con coraje y valentía".
El presidente español retó varias veces a Puigdemont a acudir al Congreso y añadió que "si no lo hace, el mensaje es que pretende romper". Rajoy indicó en ese sentido que seguir con esa ley de ruptura sin el apoyo de la mayoría de las cámaras es "saltarse a la torera la voluntad de todos los españoles, no es aceptable y todavía menos la amenaza de romper el Estado si no se aceptan sus planteamientos". El líder popular sostiene que los demás parlamentarios españoles tienen "derecho a oír las razones de unos y de otros porque el Parlamento es el lugar en el que unos piensan de una manera y otros de otra".
Mariano Rajoy agregó, en esa misma línea argumental, que en este contexto "nadie entendería que no hubiera ese debate, con luz, taquígrafos, pudiendo intervenir unos y otros y con los españoles que lo quisieran viéndolo por la televisión". El presidente del Gobierno concluyó que eso sería especialmente grave tras conocerse este lunes con la publicación en EL PAÍS del borrador hasta ahora secreto de la Ley de Transitoriedad Jurídica "que es la ruptura en toda regla de lo que hay en España en menos de 24 horas".
El jefe de Gobierno remarcó que "es difícil de encontrar un precedente tan antidemocrático" como ese intento de constitución catalana en 24 horas. Lo denominó también "disparate político, jurídico y social" y volvió a exigir que se lleve ese intento de "intolerable chantaje" al Parlamento. Rajoy recalcó: "Eso no va a entrar en vigor, la soberanía nacional no se va a poner en cuestión".
(Publicado por El Economista - España, 22 mayo 2017)
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